Lisa Vollmer. La ley establece que el pago de los alquileres puede suspenderse entre abril y junio por causas derivadas del coronavirus. Los alquileres adeudados resultantes deben pagarse hasta julio del 2022 por los arrendatarios y arrendatarias de pisos y locales comerciales afectados con alrededor de un cuatro por ciento de interés. Pero se puede suponer que justamente aquellos que ahora padecen una pérdida de ingresos o ganancias no pueden tener de golpe más dinero del cual disponer.

JW. Usted critica también la propuesta de la asociación de arrendatarios de Alemania para crear un fondo de ayuda estatal para la absorción del pago de los alquileres. ¿Qué tiene de malo?

LV. La propuesta conjunta de la unión de arrendatarios alemanes y la asociación del sector inmobiliario alemán de pagar a través de un fondo de ayuda estatal ayudaría naturalmente a los afectados. Pero eso no cambiaría nada la lógica fundamental, por la cual los ingresos del sector inmobiliario están garantizados, mientras que la población en general paga los costes. Una crisis así puede ser una oportunidad para reflexionar sobre si esta “lógica” se sitúa en el sentido de una distribución de la justicia. Nosotros, los firmantes de la carta, académicos y académicas, creemos que eso no debe ser así. El sector inmobiliario, que en gran parte ha obtenido cuantiosos rendimientos en las últimas décadas, debe implicarse en los costes de la crisis.

JW. Usted exige perdonar las deudas de los alquileres derivadas del coronavirus. Eso suena bien. ¿Pero cree seriamente que tal medida puede ser aplicada?

LV. Creo que es una medida totalmente realista. Porque con uno de los instrumentos de la política de la vivienda más caros, mejorado en los últimos años, se sigue en principio la misma lógica: a través del subsidio a la vivienda y los costes de alojamiento referenciados en el SBG-II (1), el estado se hace cargo de los alquileres, lo que equivale a una subvención directa de las arrendadoras y los arrendadores. La política de la vivienda en la República Federal de Alemania se ha impuesto tradicionalmente la tarea de apoyar al sector inmobiliario como una parte central de la economía. En este momento hacerse cargo de las deudas de alquiler y con ello sostener al sector inmobiliario encajaría en esa tradición. Si los políticos, sin embargo, están preparados para ello depende de si en los próximos meses se logra forjar una fuerte coalición de izquierda en la sociedad civil y política que pueda contraponer una alternativa a un retorno de la agudización de las políticas de austeridad.

JW. Actualmente se discute mucho sobre la relación entre la ciencia y la política. La pregunta trata cuán democrático es incluir las valoraciones de los académicos en los textos legales. ¿Porqué se debería escuchar su dictamen?

LV. No es nuestro deseo que las reivindicaciones sean incluidas en textos legales, son demasiado poco concretas. Nosotros no solo hemos contado con oposición, sinó que también la hemos esperado porque finalmente el cometido de la ciencia solo puede ser impulsar debates y ofrecer opciones para la reflexión. Los investigadores e investigadoras firmantes nos atrevemos a ello porque desde hace años trabajamos el tema de la política de la vivienda. Pero la política debe ser aplicada por otros. Las reivindicaciones que llegan, por ejemplo, de los movimientos de la política de alquileres de diferentes ciudades son en parte claramente más concretas.

JW. ¿Se interesan por el tema los profesores universitarios con buenos salarios igual que los jóvenes profesores que enlazan contrato con contrato?

LV. Para los firmantes el grupo con “status” está incluso sobrerrepresentado. Se podría sospechar que la lógica aquí gira al revés: los profesores con contrato fijo son más propensos a aventurarse fuera del paraguas político antes que las llamadas “nuevas generaciones de investigadores”.

Nota:

1. SGB-II, Sozialgesetzbuch II, el libro segundo del código de la seguridad social, es el texto legal que, a grandes rasgos, contempla un subsidio condicionado que el gobierno alemán concede en caso de no cubrir determinadas necesidades básicas teniendo trabajo (por ingresar demasiado poco para cubrirlas) o sin tenerlo. Entre tales necesidades se contempla, dado el caso, el pago de un alquiler al demandante o la demandante del subsidio (N.d.T)