Hoy, 30 de junio de 2026, cierra el plazo de la regularización extraordinaria de personas migrantes en España. Lo que comenzó el 16 de abril como una ventana administrativa se convierte hoy en fecha histórica, con más de un millón de solicitudes presentadas. El Gobierno había calculado que alrededor de medio millón de personas podrían beneficiarse del proceso. La respuesta real lo desbordó por completo. Eso, en sí mismo, es una declaración política de enorme peso: hay en España más de un millón de personas a quienes el Estado había negado la existencia legal mientras les permitía —y en muchos casos exigía— sostener su economía.

Esta regularización no nació de la generosidad de ningún gobierno. Surgió de una Iniciativa Legislativa Popular que llegó al Congreso respaldada por más de 700.000 firmas, impulsada por años de movilización del movimiento migrante organizado y la sociedad civil antirracista, que el Gobierno de coalición progresista recogió y transformó en norma. Eso importa nombrarlo, porque cuando los medios presentan esta medida como un acto de gracia del ejecutivo, están borrando a quienes realmente la conquistaron.

El Real Decreto 316/2026, aprobado en abril, establece que pueden acogerse al proceso las personas en situación irregular que llegaron a España antes del 1 de enero de 2026, que acrediten al menos cinco meses de permanencia ininterrumpida y carezcan de antecedentes penales. La admisión a trámite da derecho a residir y trabajar en cualquier sector y lugar del país durante un año, con protección especial para menores de edad, quienes obtienen una autorización de residencia por cinco años. La ministra Elma Saiz declaró que el proceso sería «ágil, eficaz y sin trabas». Lo que ha ocurrido durante el proceso desmiente buena parte de esa promesa.

Conviene entender qué regulariza esta regularización, porque el relato de la derecha española lo ha tergiversado deliberadamente. La mayoría de las personas afectadas ya trabajaban en España, aunque muchas lo hacían en condiciones de informalidad o precariedad administrativa. La regularización ordena situaciones laborales ya existentes, permitiendo que ese trabajo se realice con derechos, cotización y seguridad social. En 2025, España cerró con más de 3,1 millones de personas extranjeras afiliadas a la Seguridad Social, un máximo histórico que ya representa el 14,1% del total de cotizantes. No estamos hablando de personas que llegan a ocupar recursos: estamos hablando de personas que llevan años generándolos, sin que el sistema les reconozca nada a cambio.

Este es el contexto en el que hay que situar la batalla política que la derecha ha librado contra esta medida desde el primer día.

El PP y Vox no se limitaron a oponerse en el Congreso. Anunciaron una serie de recursos contra la regularización e incluso llevaron la cuestión a la Unión Europea con el objetivo de impedir que se materializara. La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, recurrió el decreto ante el Tribunal Constitucional y ejecutó al mismo tiempo un boicot silencioso pero muy eficaz, al concentrar en una única oficina la emisión del certificado del historial de recargas de la Tarjeta de Transporte, un documento clave para que muchas personas migrantes pudieran demostrar su arraigo en el territorio. La oficina quedó colapsada. El Gobierno de Ayuso se negó a ampliar el personal ni los puntos de atención. Al mismo tiempo, desde la Comunidad de Madrid se difundió el bulo de que las personas regularizadas tendrían derecho a voto. Era una mentira conocida y deliberada, difundida para generar alarmismo social.

El Tribunal Supremo rechazó la suspensión pedida por Ayuso y Vox, avalando la medida. A pesar de la victoria jurídica, ell daño administrativo ya estaba hecho. Miles de personas sin cita, sin documentación, sin margen de tiempo. En parlamentos autonómicos, el PP reclamó más expulsiones de migrantes en situación irregular como alternativa a la regularización. Comunidades gobernadas por el PP llegaron a boicotear reuniones con el Gobierno central sobre política migratoria. Mientras tanto, en territorios gobernados por el PSOE —como Cataluña o Asturias— la tramitación de los expedientes avanzó sin grandes conflictos, y los gobiernos autonómicos desplegaron planes de acogida e inserción laboral. Esa asimetría territorial es reflejo de la política actual.

Las trabas, sin embargo, no vinieron solo de la oposición. El propio proceso exhibió fallos estructurales que dejaron fuera a personas que cumplían todos los requisitos sobre el papel. Para personas procedentes de países como Argelia, Cuba, Guinea Conakry o Gambia resultó especialmente difícil conseguir el certificado de antecedentes penales, indispensable para la solicitud. La ausencia del mecanismo de apostilla de La Haya, que permite validar documentos de forma ágil entre países firmantes, complicó la gestión y prolongó los tiempos de espera hasta hacerlos inviables dentro del plazo dado. La plataforma Regularización Ya denunció que personas de esos países encontraron obstáculos para conseguir citas consulares y documentos básicos como certificados de nacimiento o poderes notariales: «Estas trabas administrativas excluyen injustamente a personas que cumplen todos los requisitos materiales exigidos por la norma».

La geografía también ha discriminado. Las personas en zonas rurales se han visto obligadas a recorrer largas distancias para realizar trámites. Además las limitaciones del transporte público y la escasez de servicios especializados han generado una desigualdad territorial evidente en el acceso al procedimiento. El padrón municipal, que no era documentación obligatoria según el reglamento, se convirtió en un problema real para quienes no tienen domicilio fijo o viven en pisos donde no pueden empadronarse. Las resoluciones de los expedientes se enviaban a las sedes de las administraciones —servicios sociales, ayuntamientos— y no siempre llegaban a su destinatario.

Hay un perfil de persona que acumula todas estas dificultades a la vez, y ese perfil es el de la mujer migrante trabajadora del hogar. El sector del empleo doméstico y los cuidados emplea a cerca de 565.000 personas en España, de las cuales el 87% son mujeres y aproximadamente un 32% trabaja en la economía informal. Son ellas quienes cuidan a las personas mayores, a los niños y niñas, a los enfermos. Son ellas quienes sostienen la vida de otros mientras la propia queda en suspenso administrativo. La experiencia de las trabajadoras internas muestra que tener derecho a regularizarse no significa necesariamente poder hacerlo. Cuando una persona depende del domicilio del empleador para vivir, dispone de un único día libre a la semana o encuentra dificultades para empadronarse y desplazarse, cualquier trámite administrativo se convierte en un desafío adicional.

Así es como una medida diseñada para reducir la vulnerabilidad, puede dejar fuera precisamente a quienes se encuentran en mayor vulnerabilidad, si no incorpora una perspectiva interseccional y mecanismos adaptados a sus condiciones de vida. Sin testigos, sin inspección laboral, sin contrato que proteja. La regularización puede reducir la vulnerabilidad específica de estar en situación irregular, pero no desmantela las estructuras históricas que hacen posible ese abuso.

Ante la acumulación de obstáculos, la plataforma Regularización Ya exigió una prórroga del plazo. «No es un favor, es una obligación», reivindicaron, argumentando que la Administración debe garantizar el acceso real al proceso dadas las trabas que «siguen dejando fuera» a miles de migrantes que «cumplieron con todo lo que se les pidió». La Mesa del Tercer Sector también reclamó al ejecutivo una ampliación de quince días. El Gobierno no la concedió. «Mucha gente se quedará fuera del proceso porque no llegará», como advierte Mohamed Aït Abou Moujane, portavoz de la federación de entidades de acción social Ecas.

No habrá prórroga. El plazo cierra hoy.

La pregunta es cuántas personas se quedan del otro lado de la fecha. El Gobierno estimaba que alrededor del 20% de las solicitudes acabarían rechazadas, pero la cifra real de quienes ni siquiera pudieron presentar la suya —por los antecedentes penales que el consulado no envió, por la cita que no llegó, por el trabajo interno que no permitía ausentarse— no aparece en ningún dato oficial. El racismo institucional y lo imponderables de la oficina que no amplía su horario, el sistema informático que colapsa, el formulario diseñado sin pensar en quien lo tiene que rellenar, huelgas de funcionarios convocadas por supuestos sindicatos de clase y otras muchas enventualidades que han convertido en un campo minado todo los sucedido estos meses.

Esta regularización se inscribe en una larga historia. En 2005, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó una regularización que normalizó la situación de cerca de 600.000 personas. Entonces, como ahora, la derecha agitó el fantasma del «efecto llamada» y el colapso de los servicios públicos. Los datos posteriores desminten esa narrativa ya que la socierdad española necesita de personas migrantes que se integren laboral y fiscalmente para seguir man teniendo el sistema de bienestar. También es cierto que la humanidad de las personas migrantes no puede seguir midiéndose en términos de PIB, porque esa misma lógica es la que durante siglos sostuvo la esclavitud. Son cuerpos útiles a los que no se reconoce ningún derecho.

Un millón de solicitudes es un número que no puede permitrise una sociedad que dice defender los derechos humanos. No porque no los soporte, si no porque el solo hecho de mantener a tantos cientos de miles de personas en la invisibilidad y sin derechos, cuestiona todo el sistema europeo y su supuesta superioridad moral frente a otros regímenes de otras latitudes. Un millón de personas con nombres, con historias, con proyectos de vida. Con hijos que estudian aquí, con familias que sostienen desde aquí, con sueños que no caben en ningún formulario administrativo.

Esta regularización es histórica. También es insuficiente. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo, y la segunda no anula la primera. La puerta se abrió. Muchas personas la cruzaron. Otras se quedaron en el umbral por razones que tienen más que ver con la arquitectura del sistema que con sus méritos personales. La tarea de la sociedad civil antirracista —la nuestra— es no dejar que el cierre de este plazo se convierta en el cierre del debate. Los papeles son el principio, no el final. Vienen después la vivienda, el acceso real a la sanidad, la brecha salarial, el racismo cotidiano, la discriminación en el mercado de trabajo. El sistema que produce irregularidad no desaparece porque hoy se firme una autorización de residencia.

Seguimos.

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