El 2 de marzo de 2026, con el inicio del año escolar en Panamá, las organizaciones afropanameñas tomaron las aceras frente a la Escuela Carlos A. Mendoza para lanzar la campaña «Mi cabello afro no se certifica». Detrás de esa consigna hay cuatro denuncias documentadas, dos en la provincia de Colón —una en el Colegio Abel Bravo—, otra en el Colegio de Artes y Oficios y una más en Las Mañanitas, en Panamá Este. En todos los casos, directivos escolares habrían condicionado la matrícula o el acceso a clases al cambio de peinado. La exigencia era presentar una «certificación afro» para poder llevar el cabello natural, las trenzas o los peinados protectores con los que esas niñas y esos jóvenes llegan cada mañana al colegio. En Panamá no existe ningún trámite ni certificado que valide la afrodescendencia. La propia Coordinadora Nacional de Organizaciones Negras Panameñas fue categórica en su pronunciamiento. La afrodescendencia no se valida mediante documentos ni se somete a verificación administrativa. La identidad afro no se mide por niveles de melanina. Se construye desde la herencia, la cultura y el autorreconocimiento.

Ante las denuncias, la ministra de Educación, Lucy Molinar, aclaró que el Ministerio no había emitido ninguna directriz al respecto. Hasta aquí, la respuesta esperable de cualquier funcionaria que quiere desvincularse del problema. Lo que vino después es otra cosa. Molinar declaró que «no es Meduca quien ha pedido certificación de nada» y que algunas escuelas lo habrían hecho porque ciertos estudiantes «han abusado un poco del decreto que facilita la expresión cultural». Añadió que «las libertades también tienen reglas» y que hay que atender «unas reglas básicas de volúmenes del cabello». La ministra es una mujer negra afropanameña, nacida en Colón Ministerio de Educación —la misma provincia donde se documentaron dos de las cuatro denuncias. No es un dato menor.

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