Estos días se celebra en Nueva York la 81ª Asamblea General de Naciones Unidas. La cita anual del principal organismo multilateral ha atraído a jefes de Estado y de Gobierno de todos los continentes, que tienen en el plenario un escaparate mundial para posicionar sus políticas. En el marco de estos viajes, los equipos gubernamentales diseñan una agenda de trabajo paralela con la que envían también un mensaje. Este año, los encuentros con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, parecen ser una cita ineludible para todo líder progresista que se precie, desde Lula da Silva a Pedro Sánchez. 

Días antes, también en la ciudad de Nueva York, representantes de 34 ciudades han participado en la reunión Urban 20, que ha congregado a 25 alcaldes de países miembros del G-20 para intercambiar experiencias. El anfitrión, Mamdani, ha sido la estrella. Sus políticas públicas están marcando un camino que otras ciudades quieren emular, tal y como anunció Jaume Collboni cuando dijo querer replicar en Barcelona la iniciativa lanzada por Mamdani de crear supermercados públicos con precios regulados.

Como en una especie de peregrinación, el progresismo mundial busca inspirarse en la figura de Mamdani para ungirse del aura –palabra ahora tan de moda– que aporta su imagen fresca y carismática. Pero no es sólo una cuestión de imagen y postureo para redes, que también. Lo que interesa del socialista alcalde de Nueva York es desentrañar las claves de su éxito, basado en unas políticas públicas que se ven como inspiración para seducir a poblaciones del primer mundo empobrecidas por un capitalismo voraz que, en su pulsión por ampliar sus márgenes de ganancia, no tiene inconveniente en desposeer privatizando servicios públicos o cercenando derechos como la alimentación o la vivienda.

En una ciudad como Nueva York, sometida a grandes presiones inmobiliarias, vanguardia de un proceso de gentrificación que está expulsando a los habitantes de barrios emblemáticos como el Bronx o Brooklyn, era cuestión de tiempo que surgiera una contestación política a estos atropellos del capital. La candidatura de Zohran Mamdani, miembro de los Democratic Socialists of America (DSA), logró con propuestas materiales muy concretas, como congelar alquileres, construir guarderías públicas o dotar a la ciudad de transporte gratuito; con una comunicación política objeto de estudio; y un trabajo de movilización puerta a puerta, el 50,4% del voto neoyorquino en noviembre de 2025. Mamdani, abiertamente socialista, tuvo, por lo demás, el apoyo de unas bases demócratas cansadas de desacreditados líderes pro establishment. Unas bases que, sobre todo en sus estratos más jóvenes, no tienen miedo a la campaña de estigmatización del socialismo sino todo lo contrario.

Lo mismo acaba de suceder en Berlín, donde la candidata de la izquierda comunista de Die Linke, Elif Eralp, ha ganado las elecciones regionales con el 25,7% de los votos, duplicando su 12,2% de 2023, aunque precisará de pactos con Los Verdes y el SPD si quiere gobernar. El punto central de su campaña ha sido el tope de los alquileres y ejecutar la expropiación de las empresas inmobiliarias poseedoras de más de 3000 inmuebles, algo aprobado por el 56% de los ciudadanos de Berlín que votaron en el referéndum celebrado en 2021. Berlín es otra de las grandes ciudades que padece los estragos de la especulación inmobiliaria que se da en todo el mundo. En su caso, con la particularidad de tener una mayoría de ciudadanos que son arrendatarios y que han visto en los últimos años cómo el precio del metro cuadrado de la oferta de vivienda en alquiler casi se ha duplicado.

Mamdani ya ha cumplido parte de sus promesas de campaña, congelando en junio el precio de un millón de apartamentos de renta controlada, lo que beneficia al 40% de los inquilinos de Nueva York. En Berlín está por ver que Eralp pueda gobernar y llevar a cabo sus propuestas de la mano de sus potenciales socios. Mientras, en el Estado español la vivienda sigue siendo el tema que más preocupa a los ciudadanos porque los precios, sea de venta o de alquiler, siguen escalando a pesar de los reiterados anuncios de medidas para atajar la denominada “crisis de la vivienda” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez o las iniciativas insuficientes de ayuntamientos que se presentan a la vanguardia en políticas de vivienda, como la Barcelona de Jaume Collboni.

Parece evidente que algo no está funcionando en el Estado español pues, además de la dificultad de ser una competencia descentralizada en manos de diversas administraciones, las políticas públicas que lanza el Gobierno central en materia de vivienda pretenden conciliar los intereses de los propietarios con los de los inquilinos, algo claramente incompatible. A pesar de los reiterados anuncios de supuestas nuevas propuestas o de la tímida regulación de las zonas tensionadas para contener una crisis que se ha vuelto transversal y que está acrecentando la brecha de desigualdad, el problema no se soluciona porque el marco legal –y mental– que prevalece privilegia a los rentistas y su supuesto derecho al enriquecimiento.

El peso del lobby inmobiliario, la falta de voluntad política y un progresismo que concibe el derecho a la propiedad por encima del derecho a vivir bajo un techo, hace que no se legisle de manera clara para prohibir que la vivienda se convierta en un bien de inversión. Esto explica el aumento del 77% de los precios de la vivienda en diez años, el incremento del número de rentistas al 9,8% y la multiplicación de su patrimonio inmobiliario por cuatro, concentrando 626.000 inmuebles. Hoy, seis de cada diez arrendadores tienen más de una vivienda alquilada. Lejos está la idea de la vivienda como un derecho constitucional con el cual no se puede especular.

Como han demostrado los casos de Nueva York o Berlín, y antes también la Barcelona que hizo alcaldesa a una activista por el derecho a la vivienda, Ada Colau, una propuesta política que ponga en el centro los problemas de acceso a la vivienda puede ser clave para las izquierdas que aspiren a canalizar el descontento electoral de amplios sectores sociales con el objetivo, por supuesto, de darle solución una vez en las instituciones.

Sorprende que, a pesar de que a pie de calle esté claro que el derecho a vivir bajo un techo debe priorizarse frente a quienes esgrimen el derecho al enriquecimiento y la especulación, haya una autodenominada izquierda que no enfrente contundentemente a los fondos de inversión y grandes tenedores cuando gobierna. Si queremos que las grandes ciudades españolas dejen de ser, como tantas otras, un tablero del monopoly de los inversores globales, debemos exigir a nuestros representantes que vayan más allá de fotos, declaraciones simbólicas o medidas supuestamente progresistas que acaban beneficiando al capital privado. Los habitantes de Berlín dejaron claro en 2021 que era necesario recuperar el poder de la ley a favor de las mayorías y aplicar el “exprópiese” en aras del interés general. En 2026 lo han vuelto a confirmar. Tomemos nota.

 ¿Sabes qué es La Marea?

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha presentado al Gobierno su propio «real decreto» para atajar el problema de la vivienda e intentar acabar con la especulación y el rentismo. Más allá de las demandas ya exigidas meses atrás por estos colectivos, las organizaciones en defensa del derecho a una vivienda digna han reclamado la renovación automática de los contratos de alquiler. «Queremos un sistema de alquileres estable, que el casero no pueda echar sin ningún motivo a los inquilinos, y que si lo hace, les indemnice, como sucede en el ámbito laboral», ha expresado Carme Arcarazo, portavoz de la Confederación. También han llamado a la movilización social y han exigido a los gobernantes «medidas estructurales» para evitar casos de desahucio como el de Maricarmen, acaecido hace dos días en la capital.

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