

Hay algo profundamente divertido —si no fuera porque siempre acaba pagando la factura el pueblo— en la indignación patriótica que se desata cada vez que alguien pronuncia las palabras «Ceuta» o «Melilla». De repente aparecen banderas, pulseritas rojigualdas, tertulianos con cara de haber descubierto la patria esa misma mañana y monárquicos dispuestos a morir por la soberanía nacional.
Lo curioso es que, si uno se molesta en estudiar la historia de la monarquía española, descubre que los Borbones han tenido una relación bastante peculiar con eso de defender la soberanía.
Para entender la película hay que retrotraerse a 1713, al Tratado de Utrecht y a aquella brutal Guerra de Sucesión en la que dos nobles extranjeros —sí, extranjeros, de otras patrias— se disputaron el trono de España. Uno era el archiduque Carlos de Austria; el otro, Felipe de Anjou, un príncipe francés de la casa de Borbón, que jamás había pisado la Península Ibérica. Porque, al parecer, España era un país tan incapaz de gobernarse a sí mismo, que necesitaba importar un rey de fuera, y sin aranceles. No había ninguna persona española, noble o no, suficientemente buena para el puesto. Eso nos convirtió en una monarquía bananera, que es lo que parece que les encanta a los de las pulseritas.
Felipe, que acabaría siendo Felipe V, uno menos que el actual, era nieto de Luis XIV y llegó directamente de Versalles. Posiblemente allí, en sus fuentes palaciegas, adquiriría su habilidad más especial: comportarse como una rana, que es lo que creía ser a menudo en su mente enajenada. Y así comenzó la aventura borbónica española: un príncipe extranjero loco sentado sobre una corona por la que se había liado una guerra internacional. Y así nos ha ido desde entonces.
El resultado fue Utrecht. Y aquí empieza lo verdaderamente interesante. Las potencias europeas aceptaron finalmente la permanencia de los Borbones en el trono español a cambio de un nuevo reparto de poder. España perdió los Países Bajos, Nápoles, Milán, Cerdeña, Sicilia, Menorca y Gibraltar, además de buena parte de su posición comercial privilegiada en América. El propio Ministerio de Cultura resume aquel proceso diciendo que Utrecht estableció un nuevo orden europeo y puso fin a la preponderancia española de los dos siglos anteriores. Fantásticos tratos como son la especialidad de esa dinastía de majaras vendepatrias.
Y Gibraltar quedó para Gran Bretaña. No es una metáfora. No es una interpretación marxista. No es una conspiración de los rojos. Está escrito en el artículo X del tratado: el rey de España cedía a la Corona británica «la plena y entera propiedad» de la ciudad, el castillo, el puerto, las defensas y las fortalezas de Gibraltar. Y, por si faltaba algún detalle para completar el cuadro, el artículo XII concedía a Gran Bretaña el «asiento de negros», es decir, el monopolio durante treinta años para introducir personas esclavizadas de origen africano en determinados territorios de la América española. Este era uno de los negocios más rentables para un Estado de aquella época y, sobre todo, una práctica de la que sentirnos muy orgullosos de nuestra historia como imperio. También es una ironía: los fachas y revisionistas ahistóricos de la historia colonial ahora llaman «leyenda negra» de origen británico a todos aquellos hechos constatados que reflejan la barbarie de la dominación imperial… muy negra, sí.
Así que aquella gloriosa llegada de la dinastía Borbón vino acompañada de una factura considerable: territorios europeos fuera, Gibraltar fuera y ventajas comerciales para las potencias vencedoras. Pero tranquilos, tranquilas: todo era por España.
Tres siglos después, volvemos al norte de África. En 1975, mientras Franco agonizaba, Juan Carlos asumió temporalmente la Jefatura del Estado. Marruecos había organizado la Marcha Verde y Estados Unidos y Arabia Saudí respaldaban la posición marroquí. España terminó abandonando el Sáhara Occidental y los Acuerdos de Madrid de noviembre de aquel año organizaron la ominosa retirada española y la administración del territorio por Marruecos y Mauritania.
Aquí es donde aparece una cuestión política que suele resultar mucho menos cómoda. Juan Carlos necesitaba reconocimiento internacional y apoyos exteriores para consolidar la nueva monarquía. Estados Unidos desempeñó un papel importante en ese proceso. La documentación diplomática estadounidense desclasificada y las investigaciones posteriores han mostrado el interés de Washington por facilitar la transición y la llegada del nuevo rey, quien, en realidad, trabajaba como espía de Washington desde tiempo atrás, como reconocen claramente los cables de la embajada norteamericana desvelados por Wikileaks. La mismísima CIA no veía capacitado al rey para dirigir la transición, entre otras cosas porque no tenía las simpatías por parte de la población del país y era fácil que la cosa se le fuera de las manos.

Aquel episodio puede interpretarse de una manera bastante sencilla: el Sáhara fue regalado a Marruecos para que las potencias occidentales, encabezadas por EEUU, respaldasen la proclamación de Juan Carlos como rey, ya que la calle y los partidos políticos eran mayoritariamente republicanos y el Borbón era visto como lo que era, el sucesor de Franco.
Pero entonces llega 1979. Y aparece Ceuta. Un telegrama secreto de la Embajada de Estados Unidos reveló que Juan Carlos había planteado ante el senador estadounidense Edmund Muskie diferentes posibilidades para resolver la cuestión de los enclaves norteafricanos. Según el documento, consideraba que Melilla podía ser cedida a Marruecos en un plazo relativamente corto y contemplaba para Ceuta una fórmula internacional semejante al antiguo estatuto de Tánger: declararla ciudad internacional una temporada para que después pasase a dominio marroquí.
Repitámoslo despacio por si alguien no lo ha entendido. Sí, Juan Carlos de Borbón, que aparecía como garante histórico de la españolidad de Ceuta y Melilla y de la integridad de la patria, ofreció a Marruecos en 1979 los dos enclaves africanos para contentar a su hermano marroquí.
Y no lo cuenta un panfleto revolucionario encontrado debajo de una piedra. Lo cuenta un documento diplomático estadounidense. Aquí es donde la historia empieza a tener un sentido del humor extraordinario. En 1713, un Borbón llega al trono y España entrega Gibraltar. En 1975, otro Borbón consolida su posición mientras España abandona el Sáhara. En 1979, ese mismo Borbón habla con un enviado estadounidense sobre posibles «soluciones» para Ceuta y Melilla.
Y en 2026, cuando una crisis fronteriza vuelve a poner a Ceuta en el centro del debate, parece que algunos acaban escandalizándose porque hablar de la cuestión territorial constituye poco menos que un sacrilegio. Felipe VI ha presentado posteriormente en sus discursos la gestión de aquella crisis como una responsabilidad del conjunto de la Unión Europea y ha reclamado mayor cooperación europea para las fronteras exteriores.
Las fronteras, que hoy parecen dibujadas por Dios, han sido dibujadas por guerras, tratados, intereses económicos, imperios, alianzas internacionales y decisiones tomadas por gobiernos y monarcas. Gibraltar fue negociado (de hecho, Reino Unido lo puso sobre la mesa su devolución en dos ocasiones a los Borbones y se negaron a recuperarla). Menorca fue negociada, los territorios italianos fueron negociados, el Sáhara fue abandonado por apoyo gringo y pujadores de petrodólares saudíes. Y en 1979 hasta Ceuta y Melilla aparecieron en conversaciones diplomáticas como asuntos susceptibles de encontrar fórmulas distintas a su pertenencia al Estado español. La monarquía, por tanto, no está fuera de la política. La monarquía, por muchas ínfulas celestiales de las que se rodea, es pura política. Y la historia de los Borbones españoles está llena de episodios en los que la supervivencia de la Corona, los intereses de las grandes potencias y la cuestión territorial han estado íntimamente unidos contra el interés nacional.
Por eso resulta tan pintoresco escuchar ahora a determinados defensores de la monarquía explicar que la Corona constituye el último bastión de la soberanía y la unidad nacional de la patria. Sí, la misma Corona que nació después de una guerra internacional y de un tratado que dejó Gibraltar en manos británicas. La misma institución cuyo primer rey Borbón llegó al trono con el apoyo de Francia y cuya permanencia fue aceptada por las potencias vencedoras de la guerra. La misma monarquía que, décadas después, necesitó el respaldo de Washington para consolidarse internacionalmente. La misma que en 1979 discutía posibles abandonos de Ceuta y Melilla. La historia tiene esas bromas.
Si algo enseña la historia es que las monarquías no son eternas, las fronteras tampoco y los tratados mucho menos. Lo único que debería ser permanente es el derecho de los pueblos a decidir sobre su propio futuro. Y para eso, francamente, no hace falta ninguna corona ni ningún Borbón. ¡Viva la República!
(Publicado en bits rojiverdes.com, el 4 de octubre de 2026)