Israel ha lanzado bombas de fósforo blanco contra la población libanesa. El fósforo procede de la planta de producción de glifosato de Bayer en Soda Springs, en Estados Unidos.
El Ministerio de Agricultura de Líbano encontró muestras de suelo localizadas que contienen niveles de glifosato que exceden los “niveles normales en alrededor de 20 a 30 veces” y el jefe del ejército de Líbano describió la situación como un atentado a la salud.
El preso civil saharaui Mohamed El Bachir Boutenguiza sufre una grave situación de salud y la administración penitenciaria responde con negligencia médica.
En el marco del seguimiento de las graves condiciones que sufren los presos civiles saharauis en las cárceles marroquíes, la «Liga para la Protección de los Presos Saharauis» recibió un informe de la familia del preso civil Mohamed El Bachir Boutenguiza. En él se señala que sufrió una grave hemorragia a causa de las hemorroides y que perdió una gran cantidad de sangre, lo que requirió su traslado a la clínica de la prisión. El médico de guardia determinó que el estado del paciente requería su traslado urgente a un hospital para someterse a exámenes médicos y tratamientos de emergencia; sin embargo, el director de la Prisión Central de Kenitra se negó a trasladar al mencionado detenido fuera de los muros de la prisión, en una flagrante negación del derecho a la atención médica.
Como en Israel, nada es igual a como era antes del 7 de octubre entre Yenín y Hebrón. Es una ocupación con nuevas reglas, más cruel que nunca. Los palestinos en Cisjordania no dispararon un solo tiro el 7 de octubre, ni en la mayoría de los muchos días que siguieron, y sin embargo están siendo castigados por Israel como no lo habían sido desde la Nakba.
El rearme alemán hace aguas: Aumenta el rechazo y se hunden las cifras de reclutamiento militar
El preso civil saharaui Mohamed El Bachir Boutenguiza sufre una grave situación de salud y la administración penitenciaria responde con negligencia médica.
Dos providencias fechadas el 24 de junio han vuelto a poner en vilo a más de un millón de personas que han solicitado la regularización extraordinaria de migrantes en España, justo el mismo martes en que se cerraba el plazo para pedirla. La sección quinta de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo ha decidido preguntar a las partes si procede elevar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, para que determine si el Real Decreto 316/2026 encaja con el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. La maniobra llega firmada por tres magistrados y responde a los recursos de dos comunidades gobernadas por el PP,Aragón y la Comunidad Valenciana.
Conviene mirar quién firma. Dos de los tres nombres, Wenceslao Olea y Fernando Román, ya habían intentado paralizar cautelarmente la regularización hace semanas y perdieron la votación interna, cinco votos contra dos. En aquella ocasión defendieron en un voto particular que la norma española chocaba con el derecho europeo, y sus propios compañeros de sala les recordaron que ningún recurso estudiado en ese momento había planteado esa vía. Cuando llegaron los recursos de Aragón y la Comunidad Valenciana, que sí mencionaban la posibilidad de acudir al TJUE, encontraron la puerta que buscaban. El tercer firmante, Carlos Lesmes, expresidente conservador del CGPJ, también votó en mayo contra la regularización.
Las biografías de estos tres magistrados son la clave del asunto. Wenceslao Olea formó parte del bloque de vocales conservadores que frenó durante años la renovación del Tribunal Constitucional. Fernando Román fue secretario de Estado de Justicia con Mariano Rajoy, a las órdenes de Alberto Ruiz-Gallardón. Su nombramiento como magistrado del Supremo en 2018 tuvo un detalle revelador, Carlos Lesmes se apartó de aquella votación por su amistad reconocida con él. Tres carreras construidas dentro del aparato judicial y político del Partido Popular deciden ahora, con dos providencias que solo llevan tres firmas de un total de siete magistrados en la sección, abrir una vía que puede dejar en el limbo a más de un millón de expedientes. Fuentes del propio Supremo han mostrado extrañeza por la ausencia del resto de nombres.
Plantear una cuestión prejudicial no implica de forma automática la paralización de todo el proceso. Hay precedentes en la propia sala tercera del Supremo, como la cuestión prejudicial planteada en 2022 sobre las licencias VTC, en la que el recurso concreto quedó en suspenso mientras la normativa general siguió funcionando hasta el pronunciamiento europeo. El Gobierno se agarra a ese precedente y transmite tranquilidad. La ministra Elma Saiz ha insistido en que el decreto pasó todos los trámites con el aval del Consejo de Estado y que está construido para resistir precisamente este tipo de embestida judicial.
La confianza oficial convive con una carrera contra el reloj. El Ejecutivo sabe que, si el Supremo llegase a decretar una suspensión cautelar mientras Luxemburgo resuelve, esa medida no podría revocar retroactivamente los expedientes ya admitidos a trámite, porque la admisión concede un permiso provisional de residencia y trabajo. Por eso el Gobierno intenta acelerar la resolución del más de un millón de solicitudes presentadas. Los plazos, hablando en términos reales y no institucionales, no se están cumpliendo: Migraciones prometió responder en un máximo de 15 días y en la práctica muchas personas que presentaron su expediente en mayo siguen esperando.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, matiza el mensaje tranquilizador desde el terreno jurídico. Su director general, Mauricio Valiente, explica que no hay riesgo de paralización inmediata porque las cautelares ya fueron resueltas en mayo y ahora solo se tramita la opinión de las partes sobre la cuestión prejudicial. Reconoce, eso sí, que la interpretación jurídica deja margen y que una paralización temporal del procedimiento, si el Supremo decide elevar la cuestión, es un escenario posible. En ese caso concreto, quienes ya tuvieran resuelta la admisión verían prorrogada su autorización provisional durante el tiempo que dure el estudio en Luxemburgo, y quienes aún esperan respuesta dejarían de recibirla mientras tanto.
Los propios argumentos jurídicos de la providencia son pobres. El razonamiento centrado en la libre circulación por el espacio Schengen resulta forzado, construido para justificar a posteriori una decisión ya tomada de antemano. Solo el argumento sobre los solicitantes de asilo tiene algo más de recorrido técnico, y aun así se apoya en una interpretación que buena parte de la comunidad jurídica discute abiertamente. Ninguna de las fuentes consultadas por por Afroféminas, ni siquiera las más prudentes, avala la solidez jurídica de la maniobra del Supremo. La debilidad de los argumentos es la prueba de que esta providencia nace de una voluntad política y busca después el ropaje legal que la sostenga.
Detrás de las providencias y los plazos hay más de un millón de personas, en su mayoría latinoamericanas y racializadas, sostenidas durante meses en la incertidumbre de un sistema que decide su vida a través de tecnicismos procesales. Este nuevo movimiento judicial confirma, esta vez con nombre, apellido y carné de partido, el lawfare judicial contra las políticas migratorias progresistas.
La regularización no cae por una sentencia europea, cae, si cae, por decisión de tres magistrados que ya perdieron una votación interna y que ahora buscan en Luxemburgo lo que no consiguieron entre sus propios compañeros de sala. Ese dato debería estar en el centro de cualquier cobertura sobre este proceso, y no la incertidumbre técnica que se presenta como neutral cuando en realidad tiene nombres muy concretos detrás. Toca seguir de cerca cada providencia, cada decisión que tome el Supremo en las próximas semanas, porque de ello depende que más de un millón de personas puedan seguir viviendo, trabajando y existiendo con papeles en este país. La vigilancia social y periodística sobre este proceso es la única garantía real frente a un tribunal que ha decidido hacer política con las vidas de quienes menos poder tienen para defenderse.
Redacción Afroféminas
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Las violaciones de la libertad de expresión y de reunión han aumentado cinco puntos porcentuales, los casos de agresión violenta seis puntos y los ataques a las libertades civiles tres puntos, en particular detenciones de trabajadores y sindicalistas, denuncia la Confederación Sindical Internacional en su Índice de Derechos Mundiales de este año.
A once años de su entrada en vigor, la reforma de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como «Ley Mordaza», sigue en el centro del debate político y social. Mientras el tiempo de la legislatura se agota, organizaciones de derechos humanos, activistas y colectivos ciudadanos exigen al Gobierno que cumpla su palabra y derogue una norma que ha criminalizado el derecho a la protesta y vulnerado derechos fundamentales.
El 26 de marzo de 2015, cuando la ley se gestaba bajo el gobierno de Mariano Rajoy, el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, se comprometió a derogarla:«La Ley Mordaza y la reforma del Código Penal han sido aprobadas por el rodillo del PP. Las derogaremos cuando gobernemos».Tres años después, 29 de abril de 2018, en vísperas de la moción de censura contra Mariano Rajoy, el entonces candidato Pedro Sánchez lanzó un compromiso que resonaría con fuerza: «Si llego al Gobierno, las dos primeras leyes que impulsaré serán la derogación de la Ley Mordaza y una ley de vivienda que garantice el derecho a techo en España.» Ocho años después, esas promesas siguen sin materializarse.
Israel está atacando deliberadamente a los niños palestinos en lo que se ha convertido en un aspecto clave del genocidio en curso en a Franja de Gaza, denuncian los investigadores de la ONU en un informe.
