Esto es de rigor para no dar pie a la competencia, con el fin de preservar nuestro trocito del mercado, el cual, no obstante, se verá amenazado por una crisis de superproducción. No hace falta mucha perspicacia para observar de qué modo el curso de la epidemia, los recursos acumulados previamente y el ritmo espaciado de la diffusion del virus están poniendo a diferentes agentes económicos en posiciones muy distintas (esta vez sin ningún pretexto meritocrático). De aquí la propensión a correr riesgos para compensar las propias desventajas. Las empresas son precisamente el reino del riesgo, ¿no?  Sin embargo, en este caso, no se trata tanto del riesgo que corren los empresarios como del riesgo, más bien, para las vidas de sus empleados, y, por consiguiente, para las vidas de muchos otros.

En resumen, no hay duda de que la crisis de la epidemia está alterando radicalmente las sagradas leyes de la competencia, pero al mismo tiempo las está preservando o hasta exacerbando. Como resultado, las estrategias de reapertura de los diversos gobiernos, y los criterios más o menos acomodaticios de recogida e interpretación de datos, se verán enormemente condicionados por el impulso de asegurar la competitividad de sus economías. Olvidadas quedan esa reglas que en la Unión Europea pretendían salvaguardar la pureza de las relaciones de mercado, estigmatizando la intervención de estados en apoyo de las empresas y el empleo como la peor de las herejías.

Ahora que el marco de la competencia lo dicta el incierto desarrollo de la epidemia, los guardianes europeos de la competencia se han quedado callados. Pretenden no darse cuenta de que la carrera por reiniciar las actividades económicas se encuentra plenamente dentro del ámbito de la herejía arriba mencionada, con una buena dosis de juego de apuestas y de cinismo por encima. En el plano de cada uno de los Estados se está violando repetidamente la exclusiva regla dominio del mercado, pero a escala europea sigue siendo el regulador indiscutido de las relaciones entre países competidores.

Si hemos aprendido algo definitivo sobre la Unión Europea es que las situaciones de crisis (primero la crisis financiera, después la crisis de los refugiados, luego la crisis de la pandemia) están acentuando los rasgos “soberanistas” grabados en piedra desde su construcción y los desequilibrios que la recorren. Se está moviendo cada vez más hacia el punto de derrumbe, o de la institucionalización de su estructura esencialmente jerárquica. Con el actual cierre de fronteras y los choques entre intereses nacionales, la pura aleatoriedad inherente a lo que significa la ciudadanía europea está quedando cada vez más clara. Y la debilidad del Viejo Continente está destinada a afectar a cada uno de los países que lo componen.

Todo parece indicar que la gravedad de la crisis que estamos atravesando no está conduciendo a repensar nada sobre los límites de la Unión. Muy al contrario. Se ha activado la trampa de las prioridades nacionales. Depende ahora de las fuerzas sociales evitar verse atrapadas en ellas.

Tal como sabemos, la acumulación está apuntalada por una lógica que impide cualquier paso atrás o contratiempo. Ciertamente, esto requiere adaptación a cualquier precio a las condiciones dadas, sin que importe lo catastróficas que puedan resultar. Pero la acumulación de riqueza, individual o nacional, trae asimismo otra prerrogativa: la capacidad de gestionar el impacto de una crisis mayor y durante más tiempo. Es decir, la capacidad de ganar una guerra…no contra un virus, un mecanismo que induce la muerte que no responde a ninguna dinámica bélica, sino contra cualquier mitigación de desigualdades, contra cualquier ataque a situaciones de privilegio; en resumen, una guerra para garantizar una posición de poder indiscutida.

Hasta ahora hemos visto muchos análisis sobre quién y cuánta gente acabará en la ruina debido a la epidemia, y sobre lo que se perderá en términos de ingresos y recursos. Pero, como es bien sabido, en las catástrofes siempre hay alguien que sale ganando (para dar el ejemplo más banal, los fabricantes de armamento en caso de guerra, o las empresas constructoras en caso de terremotos), y deberíamos asimismo empezar a pensar en este aspecto (¿serán las plataformas de comercio electrónico?, ¿la industria farmacéutica?, ¿el sector de telecomunicaciones?, ¿la gran distribución alimentaria?, ¿sectores financieros más sólidos y poderosos?).

Está claro que no deberíamos hacerlo con el fin ponerles dificultades a montones o caer en un moralismo vengativo, sino con el fin, antes bien, de entender de qué modo se distribuirán los recursos que necesitamos, y de quién esperaríamos que cediera algunos de ellos en beneficio de una comunidad herida. Sin embargo, a este respecto, se ve impotente cada uno de los países yendo por su cuenta.

Solamente Europa, si logra superar los intereses especiales de sus miembros (por ejemplo, el dumping fiscal u otros privilegios otorgados a las multinacionales), sería capaz de explotar sus relaciones específicas con estas superpotencias económicas y actuar para asegurar una redistribución de recursos e impedir que la crisis genere unos cuantos ganadores e incontables perdedores desposeídos. Sin embargo, quizás solo una crisis social explosiva de proporciones sin precedentes conduciría a un movimiento que siguiera este rumbo: cuando el rebaño decide no seguir más a los pastores y esperar tranquilamente la prometida salvación de la inmunidad.