Servido el inesperado debate, entre los vacunados y los que se niegan a ponerse cualquier biológico, no hay día que no aparezca un nuevo argumento en favor y en contra de cada una de las posiciones antagónicas, al grado de que la Duma no puso en marcha de inmediato el mecanismo para la aprobación de la iniciativa gubernamental, y su presidente, Viacheslav Volodin, sugirió tratar el asunto no antes de mediados de diciembre siguiente, y sólo le faltó agregar… mientras se calman las aguas.

El inusual comportamiento de los diputados oficialistas, que tienen mayoría de tres cuartos, se debe, según los rumores que corren, a la preocupación que hay en el Kremlin de que el malestar de un alto porcentaje de la población, por no decir la mitad, esté afectando el índice de popularidad del presidente Vladimir Putin.

Por ese motivo o por otro menos obvio, la oficina de la presidencia, el centro rector de la política interna en Rusia, movilizó todos sus recursos para endosar la responsabilidad a los gobernadores de cada una de las entidades de la Federación.

Además, no está claro cómo piensan las autoridades instrumentar la ley en caso de ser aprobada en el Parlamento y promulgada por Putin. Hasta los partidarios de hacer obligatorio el uso de los certificados de vacunación ven con alarma los embudos multitudinarios que, durante la revisión del código QR, se podrían formar en las estaciones del Metro en las horas pico o les cuesta imaginarse a una persona sacando su celular, a 40 grados bajo cero, para subir a un autobús en, digamos, Yakutia. Los legisladores esta vez tienen mucho trabajo.