Fuente: La Jornada Magdalena Gómez 30.08.22
El 18 de agosto se presentó a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos hace casi ocho años el Informe de la presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj). Ello en Palacio Nacional en presencia del Presidente de la República, en un encuentro sin posibilidad de diálogo sobre un documento cuya existencia conocieron en ese momento. Lo señalado sobre su contenido es de tal magnitud e impacto que sólo atinaron a expresar que lo revisarían y después emitirían opinión. Ese mismo día, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, presidente de la Covaj, dio a conocer en conferencia de prensa el informe referido y lo puso a disposición con los anexos respectivos, omitiendo, como corresponde, el acceso a los datos que son propios de la investigación, entregados a la Fiscalía General de la República (FGR).
Se dio cuenta de que en torno a los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 se configuró un crimen de Estado con la participación por acción y omisión de los tres órdenes de gobierno y elementos de la delincuencia organizada, en particular el grupo conocido como Guerreros Unidos.
