Al concepto “salvar” siempre le acompaña una connotación positiva, salvo en sentido irónico, como el del caso que nos ocupa.

Y así es porque si termina siendo una amenaza mundial lo que permite dar continuidad a nuestro mapa particular, se confirmará lo que siempre ha sido España: una geografía política garantizada, en última instancia, por la amenaza y el miedo que el poder es capaz de proyectar contra la sociedad.

Un golpe de estado seguido de una guerra civil, seguida de una dictadura a la que siguió una monarquía basada en el olvido de todo lo anterior definen lo esencial de la historia política de los últimos 84 años que, en cuanto comienza a degradarse (es la democracia, amigo), regresa la represión institucional (violencia contra votantes, presos políticos y exiliados) y provoca el renacimiento de los grupos que no pueden disimular su defensa del peor pasado.

El Coronavirus global ha llegado al estado español en el momento de mayor descomposición de su historia reciente. En Catalunya nunca se había alcanzado un nivel de apoyo tan amplio, activo y sostenido a favor del derecho a decidir y que, según las encuestas, es paralelo al de los que quieren acabar con la monarquía, se llame como se llame el país en el que terminen viviendo. Y tampoco se ha internacionalizado tanto como ahora este conflicto territorial.

También para Euzkadi y Galicia, con elecciones en abril, las encuestas hablan de un fuerte avance de los partidos que, en cuanto puedan, romperán con España. Y no es poco relevante la circunstancia de que la única victoria del PP, aunque también con retroceso en escaños, se producirá en Galicia, donde manda un político contra el que Casado no se atreve.

Parece mentira que un agente tan ajeno a la política como sin duda es un virus pueda, gracias a la fácil demagogia y a la proliferación de fakes, tener mayor influencia en la organización futura de una sociedad que la que debería ser el resultado de un debate de largo recorrido y tranquilo sobre la organización territorial que conviene a 47 millones de personas que viven en una sociedad que presume de libertades y de democracia.

Y, por si fuera poco, la investigación iniciada por la fiscalía suiza contra Juan Carlos I y la denuncia judicial anunciada desde UK por Corinna contra el mismo rey, por amenazas, van a exigir un impresionante esfuerzo del gobierno por proteger de la justicia europea a quien no deja de ser, además, un gran defraudador fiscal. Un coste que pagaremos todos, pues la diplomacia sale muy cara cuando la necesitas para mantenerte en el poder.

Pase lo que pase con este artificio llamado unidad de España, mantenido siempre a la fuerza y alimentado con los intereses creados, y tantas veces corruptos, que vinculan a las élites, abro un breve paréntesis para solicitar al gobierno que proceda al “secuestro” protector, civilizado e inmediato del emérito, y en esas condiciones le someta a un interrogatorio sistemático que habrá sido redactado por expertos en la historia reciente y al que el ex rey deberá contestar en presencia de notario.

Porque estoy convencido que cada día se multiplica el número de importantes que desean que el padre de Felipe VI desaparezca del mapa y, por tanto, es imprescindible evitar como sea que, una vez más, la muerte de personajes con mucho poder, y que han vivido del presupuesto, haga que se lleven a la tumba detalles vitales de nuestra historia que solo ellos conocen. Si salvamos la información, me importará menos que la justicia española vuelva a demostrar que es incapaz de tratar a todos por igual. Ese sí que es un virus indestructible que llevamos de nacimiento.

Volviendo al Coronavirus, hasta hoy los políticos habían mantenido un comportamiento correcto, por prudente, consistente en aparecer lo menos posible, cediendo el protagonismo a quienes deben tenerlo: los que saben de lo que hablan porque es su trabajo habitual. En este caso, las apariciones de Fernando Simón han sido tan exitosas que incluso le han hecho merecedor del aplauso de alguien tan crítico como Juanjo Millás.

En cambio, y sin duda espoleado por la debacle de “su” Madrid ante el Coronavirus, que en un solo día ha duplicado en número de muertos y contagiados, conquistando el 64% del total de España cuando su población es del 14%, el primero en romper ese pacto no escrito de respeto por los profesionales ha sido, precisamente, el mayor enemigo de la Mesa de Diálogo entre los gobiernos de España y de la Generalitat, Pablo Casado, quien ha salido criticando a su contrario Pedro Sánchez para desviar la atención y proteger a sus Díaz Ayuso y Martínez-Almeida, que tienen transferidas todas las competencias de los lugares por donde circula el bicho desde hace décadas. Esta vez los medios no han caído en la trampa y el del PP no ha conseguido que se hicieran el eco que quizás esperaba de la rueda de prensa que ha convocado a bombo y platillo en la mañana de este mismo lunes, 9 de marzo.

Dicho sea de paso, tampoco debe estar muy contento el del PP con el cardenal Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, pues acaba de solicitar la constitución de una “mesa de diálogo” entre el Gobierno… y la Iglesia.

Pero, al margen de los aciertos o errores de los españolistas varios, la especie humana tiene sus propios mecanismos para enfrentarse a los grandes peligros, siempre con la intención de salvarse pero que, en ocasiones, le llevan al fracaso.

Y, ante un problema mundial como el del Coronavirus, estén como estén repartidas las competencias para la gestión de la salud pública entre los múltiples organismos locales, provinciales, autonómicos, estatales, europeos y mundiales, nace en mucha gente el deseo instintivo, aunque basado en una lógica simplista, de una autoridad mundial que sea quien tome las únicas decisiones. Como si fuera dios.

Este simplismo casi religioso y, por tanto, incompatible con la ciencia, se extiende con facilidad y forma un caldo de cultivo en el que pueden encontrar su oportunidad los autoritarios, cuya voluntad de dominación no se limita a resolver un problema de salud ni de cualquier otra clase, sino a restringir libertades y debilitar la democracia para siempre.

Para el martes, 10 de marzo, se ha convocado una reunión de todos los mandatarios europeos, a celebrar, aplaudamos esto, mediante el pulcro y barato sistema de la videoconferencia.

Espero que el único acuerdo que adopten sea el de establecer una coordinación eficaz entre todos los expertos europeos en Coronavirus, a la que concedan todo el poder de decisión sobre lo que deba hacerse y lo que no, y que, en todo caso, pueda contar con la ayuda de los expertos de otras áreas para que sean asesorados sobre las consecuencias que podrían producirse a partir de las medidas que necesariamente afectarán a la vida diaria de las personas.

Y que los conflictos territoriales, sociales y de cualquier clase que existan en cada país puedan seguir su evolución, evitando ser víctimas de las muchas tentaciones que proporciona un ambiente de alarma generalizada como el que resulta inevitable con el Coronavirus en medio de nuestras vidas.

A fin de cuentas, y sean del tipo que sean, las invasiones e interferencias ajenas en el devenir de una sociedad organizada suelen traer más pérdidas que beneficios.

Más vale que, por una vez, los políticos hagan prácticas del único autoritarismo con buenas intenciones, porque estará justificado con las recomendaciones de los que saben y limitado en el tiempo a la resolución de un peligro.