Fuente: Iniciativa Debate/ Juan Carlos González Caldito
El coronavirus ha llegado, finalmente, al estado español y parece que ha venido para quedarse, pues hace apenas dos semanas el número de contagiados era una decena y en la actualidad supera a los 1.600. Esta cifra, que seguirá aumentando en los próximos días, puede poner en jaque no sólo la salud física y psicológica de la población, sino también al propio sistema sanitario debido al nivel de ingresos hospitalarios que puede padecer nuestro sistema público de salud. Según los datos obtenidos hasta el momento de China, el 20% de los pacientes contagiados con el virus Covid-19 precisan hospitalización y el 5% necesitan intubación y ventilación mecánica en la UCI. Existen otros datos más optimistas, como en Corea del Sur donde el porcentaje de hospitalización es del 10%. Obviamente, estas cifras no tienen porqué ser exactas en el estado español, pero tampoco hay indicios que descarten lo contrario. La pregunta que nos hacemos no es si el coronavirus es o no realmente dañino, sino si nuestro sistema sanitario podrá hacer frente a dicho problema.
Decíamos al inicio del artículo que la cifra actual de contagiados supera los 1600, una cifra que aumentará en los próximos días si no se hace un confinamiento absoluto de dos semanas. No obstante, esta medida implica subordinar el interés de los mercados al interés de la salud general, algo que nuestro sistema capitalista y nuestras políticas neoliberales no parecen estar dispuestas a aceptar, todavía. Es por este motivo que el sistema de salud pública puede colapsar, ya que si la cifra va en aumento y no hay confinamiento de la población, el número de contagiados aumentará a diario. De ahí que nos preguntemos si habrá suficientes camas y personal sanitario para atender, ya no sólo los casos de coronavirus, sino las otras patologías, cirugías e ingresos necesarios que seguirán existiendo independientemente del Covid-19.
Frente a este posible colapso del sistema público de la salud, es necesario reforzarlo y ampliarlo, y para ello, es necesario poner a disposición del sistema público de salud todos los recursos sanitarios. Así lo ha explicado este martes en rueda de prensa la diputada de la CUP Maria Sirvent, defendiendo las propuestas que trasladarán al gobierno de la Generalitat para hacer frente al coronavirus, argumentando que el sistema privado debe ser absorbido por el sistema público de forma indefinida para la gestión de la situación del coronavirus. No es para menos, pues sería difícil de comprender que mientras el sistema público pueda verse colapsado, el sistema privado derive clientes suyos al sistema público porque sus paquetes comerciales no contemplen el coronavirus.
Más allá de si sería o no una medida correcta, ya que aplicarla implicaría intervenir en los intereses privados y no aplicarla implicaría asegurar el éxito del colapso del sistema de salud pública, debemos preguntarnos si es posible y, sin ir muy lejos, hallamos respuesta, de nuevo, en el artículo 128 de la Constitución de 1978. Según este artículo, toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. También señala que mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. De este modo, la medida que solicitan los cupaires para Catalunya no sólo es posible, sino que además puede extenderse al resto del estado español e intervenir el sistema de salud privada para reforzar y ampliar el sistema público de salud, medidas todas ellas para evitar su colapso, porque estamos convencidos que es de interés general superar la emergencia del coronavirus.
Nunca olvidaremos a Pablo Iglesias defendiendo a capa y espada el articulo 128 de la Constitución, pero este artículo no se refiere sólo a los bancos, sino que es extensible a todo tipo de empresas. Nos enfrentamos a una de las crisis sanitarias más importantes de los últimos años (si no la más importante) y dado que es necesario tomar medidas urgentes que eviten el colapso del sistema público de salud y que Pablo Iglesias forma parte del gobierno del estado, esperemos, pues, que los intereses mercantilistas no pasen por delante de los intereses de salud pública en un gobierno en el que Unidas Podemos participa.