El anuncio de que PP, PSOE y Casa Real han negociado y pactado en secreto durante meses una reforma exprés de la estructura y funcionamiento de la jefatura del Estado –fue aprobada el martes 26 de abril vía decreto ley en el Consejo de Ministros– refleja, por un lado, la extrema debilidad de una institución desprestigiada por los desmanes de Juan Carlos I; y es por otra parte el enésimo síntoma de la escasa calidad democrática de una monarquía parlamentaria sustentada en un bipartidismo excluyente y componedor, alérgico a los debates públicos y cada vez más debilitado como bloque de Estado.

El preámbulo de esta reforma son las dos grandes encuestas que en 2020 y 2021 publicó la Plataforma de Medios Independientes (PMI) para compensar el silencio del CIS sobre la monarquía. Los estudios muestran que el descontento de la ciudadanía con la jefatura del Estado es constante desde hace ya más de 20 años y no deja de crecer. Junto a una mayoría que se declara republicana, en las encuestas asoman grandes mayorías transversales que, en vista de la cerrazón del Régimen del 78 a convocar una consulta sobre la forma de Estado, reclaman que la institución sea más transparente y exigen que el rey rinda cuentas de su patrimonio y deje de ser inviolable. Las encuestas, silenciadas por los grandes medios, dejan ver también que la valoración del rey Felipe VI (5,8 sobre 10) no consigue superar el baldón que han supuesto para la institución las actividades corruptas e ilícitas de su padre; y lanzan una alerta clara sobre el futuro de la Corona: solo el 27% de los encuestados cree que la infanta Leonor llegará a ser reina algún día.

Lo más escandaloso es que la Casa Real decidió comunicar la información solo a los partidos considerados “constitucionalistas” por la exministra Carmen Calvo

La Casa Real ha tardado un año en mover ficha. Su primera acción “regeneradora” ha consistido en que el actual monarca ha hecho público su patrimonio motu proprio; el rey declara unos haberes de 2,5 millones de euros, una cantidad que llama la atención por la envidiable capacidad de ahorro, ya que, desde 1998 hasta ahora, ha recibido 4,2 millones de euros por asignaciones de los Presupuestos Generales del Estado y ha conseguido ahorrar bastante más de la mitad.

Lo más escandaloso de este brindis al sol –que nadie podrá auditar– es que la Casa Real decidió comunicar la información –“por deferencia”, según informó el Gobierno– solo a los partidos considerados “constitucionalistas” por la exministra socialista Carmen Calvo, dejando fuera a los representantes de los votantes de ERC, Junts, Bildu, BNG y la CUP. Aunque Calvo entendía que había que informar también a UP, pese a tratarse de una fuerza republicana, en la medida en que forma parte del Gobierno, los responsables de su grupo parlamentario no han recibido tampoco ninguna comunicación. El movimiento dice mucho del sectarismo de la Casa Real y refuerza la idea de que el rey ha decidido reinar solo para algunos, como ya se adivinaba en las encuestas de la PMI. Irónicamente, el decreto aprobado en el Consejo de Ministros del 26 de abril pone el acento en la neutralidad política que deberán cumplir todos los miembros de la Casa del Rey. Quizá el monarca interpretó que debía tener ese último detalle con los partidos que le apoyan.

El resto de la reforma anunciada es un compendio de buenas intenciones y palabras huecas, con algunos elementos positivos como la necesidad de dar publicidad a todos los contratos que firme la jefatura del Estado o el compromiso de que el Tribunal de Cuentas audite las cuentas de la institución; pero ambos quedan lastrados por dos cauciones fundamentales: primera, el rey no tendrá obligación de declarar su patrimonio (ni el resto de la familia tampoco), sino que lo hará cuando lo considere oportuno. Y segundo: el monarca seguirá siendo inviolable, como lo han sido su padre y sus antecesores, incluso en aquellos actos que no tengan que ver con las funciones de su cargo. La razón de este agujero es obvia: un decreto no puede cambiar un precepto constitucional. Lo que nos lleva de vuelta al principio: en vez de debatir en el Parlamento una ley orgánica que modernizara la institución y la adaptara a estándares realmente democráticos, la Corona ha optado por pastelear una reforma de mínimos (evitando así el debate parlamentario) con las dos mayores fuerzas políticas del país.

Ahora, los medios al servicio del Estado Profundo harán el pertinente servicio posventa para tratar de convencer a los ya convencidos del gran paso adelante. Veremos a tertulianos y analistas ponerle sobresaliente cum laude en ejemplaridad al rey que sucedió al sucesor designado por Franco. Y España será un poco más republicana, y los republicanos se sentirán cada vez más frustrados, y seguramente cada vez más estafados por el PSOE, ese partido que una vez fue republicano en serio y que acabó inventando, alehop, la “monarquía más republicana” del mundo.