Fuente: https://elsudamericano.wordpress.com/2020/08/04/marcha-en-la-plata-contra-el-gatillo-facil-y-la-represion-estatal AGOSTO 4, 2020
El próximo miércoles 26 de agosto realizaremos en La Plata la segunda edición de la Marcha Contra el Gatillo Fácil y la Represión Estatal. Saldremos a la calle con todos los cuidados que impone la crisis sanitaria para denunciar con contundencia la escalada represiva del gobierno de Alberto Fernández a nivel nacional y de Axel Kicillof y su ministro Sergio Berni en provincia, que han utilizado la pandemia del COVID 19 para descargar el aparato represivo sobre los trabajadores, los jóvenes pobres y las disidencias.
Con la certeza de que el macrismo significó un incremento de la actividad represiva en el país, con la desaparición de Santiago Maldonado como símbolo impune de ese escalamiento, señalamos a la gestión actual como una continuidad en las tareas de control social en medio de una crisis sanitaria, económica y social que afecta a los más pobres. Denunciamos la represión llamándola por su nombre, no con el eufemismo de “violencia Institucional”. Porque todos los gobiernos desde 1983 a la fecha han armado causas para amedrentar, asesinado en el encierro, torturado en cárceles y comisarías, fusilado con el gatillo fácil y desaparecido personas.
Desde nuestro espacio antirrepresivo en La Plata venimos denunciando esta escalada represiva en todos los gobiernos, ya que entre el kirchnerismo y el macrismo concentran el 75% de los casos de personas asesinadas por el Estado en los últimos 35 años. La gestión de Daniel Scioli batió todo los récords de los gobiernos provinciales desde 1983, y en 8 años se llevó la vida de más de 600 personas por el accionar de la policía o agentes penitenciarios. Scioli y sus ministros Ricardo casal y Alejandro Granados fueron responsables de que unx de cada dos presxs fuera torturado por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, de la desaparición forzada de Luciano Arruga en 2009, y de los fusilamientos en La Plata de Omar Cigarán, Mauricio Andrada y Braian Mogica, por mencionar sólo algunos casos. Por su parte la gestión de María Eugenia Vidal y su ministro Cristian Ritondo se cobró otras 600 vidas a manos de su policía y su servicio penitenciario, y aplicó la “Doctrina Chocobar” de disparar primero y después encubrir, siendo sus tres principales crímenes las masacres de San Miguel del Monte, la Comisaría 1ra de Pergamino y la 3ra de Esteban Echeverría.
El secuestro policial de la pandemia que realizó el carapintada Sergio Berni con la policía bonaerense sembró de casos de gatillo fácil el conurbano bonaerense, como el asesinato de Fernando Leguizamón en Quilmes, y tiene su punto máximo en la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro en el partido de Villarino. El caso de Facundo tiene todos los elementos que definen a los casos de desaparición forzada: una detención por parte de la policía en un contexto de pandemia donde supuestamente Facundo no tenía permiso para circular, donde se priva de la libertad a una persona y se niega la situación, para luego negarse a tomarle la denuncia a la mamá. Una práctica de manual, donde se minimizó el hecho al inicio, se perdió el tiempo en los primeros momentos de la investigación con la carátula de “averiguación de paradero”, se trató de deslindar las responsabilidades oficiales y se apartó a la policía bonaerense solamente después de que el caso tomó trascendencia pública nacional. Aquí es clara la responsabilidad política del gobernador Axel Kicillof y de su ministro de Inseguridad Sergio Berni, quienes manejaron la cuarentena como secuestradores del conflicto sanitario hacia su veta represiva. Pero al ser un delito federal que implica la responsabilidad del Estado argentino, también señalamos la responsabilidad del presidente Alberto Fernández y de su ministra Sabina Frederic, que a más de establecer una pelea pública con Berni por los “estilos” de conducción de la fuerza ha dejado actuar a sus efectivos para que fusilen pibes como Facundo Escalzo, asesinado por Gendarmería en junio en el Bajo Flores, o como a Alan Maidana en Berazategui, ultimado por la espalda por un Policía Federal en mayo pasado.
La escalada represiva para sostener la cuarentena avanzó en todo el país y se cobró la vida de más de 71 personas en 120 días de aislamiento obligatorio.
Mientras tanto la justicia de clase continúa avalando a los asesinos de uniforme, como ocurrió con el policía Diego Walter Flores, asesino confeso de Omar Cigarán, que fue definitivamente absuelto por la Suprema Corte bonaerense a fines de julio pasado.
A su vez se sigue negando sistemáticamente los derechos liberatorios de lxs detenidxs en lugares de encierro, agravado por los contagios masivos del Covid-19, lo que transforma a las cárceles en lugares donde se muere por desatención médica y desidia total del Estado, cuando no se fusila a los internos que reclaman derechos como ocurrió en abril pasado con Federico Rey, asesinado en abril pasado en la Unidad 23 de Florencio Varela.
En las comisarías siguen siendo prácticas habituales los asesinatos disfrazados de suicidio, como en el caso de Florencia Magalí Morales en San Luis, así como las torturas con picana eléctrica, como sucedió en la Comisaría 6ta de La Plata donde interrogaron con una picana de mano a un pibe de 17 años para que les diera información de un robo.
De la misma forma se han incrementado los operativos contra manteros y vendedores ambulantes, como los de la comunidad senegalesa en La Plata, en los que se golpea, detiene y se secuestra mercadería a quienes se ven obligados a la venta ambulante para sobrevivir en la crisis económica en curso.
De la misma manera sigue criminalizando a la comunidad LGTBI+ con hostigamientos, persecución y crímenes de odio. En La Plata se cumplieron 3 años del crimen impune de Johana Ramallo, secuestrada, desaparecida y asesinada con complicidad policial y judicial por las redes de trata y explotación sexual.
Porque todos los gobiernos hostigan, arman causas, encarcelan, fusilan, torturan y desaparecen llamamos a los familiares de las víctimas a organizarse de manera independiente del Estado y los partidos patronales, para seguir reclamando justicia y denunciar la responsabilidad política de los gobernantes en estos crímenes de Estado.
Desde el Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata hacemos un llamamiento a todas las organizaciones populares a acompañar la segunda marcha contra el gatillo fácil y la represión en La Plata para denunciar de manera unificada toda esta política represiva.
PORQUE LA ESCALADA REPRESIVA EN CUARENTENA NO SE AGUANTA MÁS, EL 26 DE AGOSTO MARCHAMOS EN LA PLATA CONTRA EL GATILLO FÁCIL Y LA REPRESIÓN ESTATAL.
EL 26 DE AGOSTO MARCHAMOS EN LA PLATA PARA DECIR:
– Basta de gatillo fácil.
– Ni un pibe ni una piba menos. Ni una bala más. El estado es responsable.
– Basta de torturas y muertes en cárceles, comisarías, institutos de menores y otros lugares de encierro.
– Basta de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y causas armadas.
– Trabajar no es delito. Basta de represión a manter@s, vendedor@s ambulant@s y artesan@s. Fuera la policía de nuestras plazas.
– Basta de criminalizar a las diversidades sexuales y de género.
– Fuera el ministro Sergio Berni y toda su política fascista.
– No al endurecimiento de las leyes de ejecución penal. Presos y presas en riesgo de contagiarse el Covid a la calle.
– No a la baja de la edad de punibilidad.
– Justicia por Johana Ramallo. Basta de redes de trata y complicidad judicial y policial.
– Si es institucional no es violencia, es represión estatal.
Colectivo Contra el Gatillo Fácil de La Plata.