Según la orden, dictada el pasado 27 de noviembre, el ejército –hasta ahora único garante de la devolución de los cuerpos de los palestinos fallecidos– no los retornará a las familias ni a petición de éstas, tal y como sucedía hasta ahora.

«Antes al menos podíamos solicitarlo legalmente», explica Alyan. «Ellos estudiaban cada caso y, aunque nos ponían mil trabas y el proceso era muy largo, algunas familias podían al menos enterrar a sus seres queridos. Ahora, ni eso», lamenta el palestino. «Ya sabemos que a partir de ahora si te matan a un hijo, no podrás recuperar su cuerpo», añade.

Según la ONG Betselem, Israel mantiene bajo custodia los cadáveres de al menos 52 palestinos acusados de atacar (o intentar hacerlo) a israelíes desde septiembre de 2015. Entonces se produjo un repunte de la violencia en Jerusalén Este y Cisjordania que dejó en 11 meses al menos 221 palestinos muertos –dos tercios de ellos atacantes o presuntos atacantes–, 35 judíos israelíes, tres ciudadanos árabe-israelíes, un refugiado eritreo, dos estadounidenses y un jordano. Además,  hubo centenares de heridos.

A partir de ese momento, el Gobierno israelí decidió retomar su política de «no devolución» de los cadáveres de aquellos a quienes considera «terroristas». Solo algunos parientes pudieron recuperarlos tras ser retenidos por Israel durante meses, aprovechando el vacío legal existente en el ordenamiento jurídico israelí y la ambigüedad al respecto en el Derecho Internacional.

Cadáveres como moneda de cambio 

Meses después, ya en 2017, y tras una demanda interpuesta por los abogados de las familias de palestinos abatidos por fuerzas de seguridad israelíes, el Tribunal Supremo israelí dictaminó que la política de retener los cadáveres era «ilegal» y conminó al Gobierno, liderado por Benjamín Netanyahu, a aprobar una nueva legislación al respecto.

La respuesta del Ejecutivo –que hoy continúa en funciones después de la incapacidad de las principales fuerzas políticas para formar Gobierno después de dos elecciones–, fue entonces apelar la decisión del más alto tribunal de Israel, consiguiendo que éste validara este año la retención de los cuerpos siempre y cuando fuera por necesidades vinculadas a la seguridad de Estado, el orden civil o a la recuperación a su vez de los cuerpos de israelíes fallecidos –utilizando los de los palestinos como moneda de cambio–.

«Es la primera vez en la historia que el tribunal de un país aprueba que las autoridades estatales retengan los cuerpos de individuos que mantiene bajo su control –y que son su responsabilidad como «poder ocupante», según establece el Derecho Internacional Humanitario– para usarlos como si fueran cromos», señala a este diario Hasan Yabarín, director de la organización no gubernamental Adala («Justicia», en árabe), el Centro Legal para los Derechos de las Minorías Árabes en Israel.

«Es una de las decisiones más extremas en la historia del Tribunal Supremo israelí», añade. «Viola la ley internacional, en concreto, la Convención de la ONU Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes».

De acuerdo a la ONG Betselem, se desconoce el número exacto de cuerpos que el Estado de Israel ha retenido y posteriormente devuelto desde 1967, pero estima que pueden ser cientos según el número de peticiones de devolución realizadas ante tribunales israelíes. Desde la organización cuentan que sí saben que «entre 1991 y 2008 Israel ha intercambiado 405 cuerpos a cambio de los de israelíes fallecidos», sin especificar el número de estos últimos.

Por su parte, Muhamad Alyan, del colectivo de familias afectadas por la última decisión del Ministro de Defensa israelí, asegura que combatirán de todas las formas posibles esta «orden racista», que aún debe ser aprobada por el gabinete de seguridad del actual Gobierno en funciones. «Si entra en vigor recurriremos a las más altas instancias de tribunales internacionales para hacer justicia, porque enterrar a tus muertos, hayan cometido un delito o no, es un derecho», explica.

Intercambios de la última década

Más allá de consideraciones morales, el Gobierno israelí no es el único en implementar su política de secuestro de los cuerpos de quienes considera enemigos del Estado. Hamás, que tiene el control de facto sobre la Franja de Gaza, retiene igualmente los cadáveres de dos soldados caídos durante la Operación Margen Protector (2014) y los cuerpos –se cree que aún con vida–  de dos civiles israelíes que cruzaron voluntariamente hacia la Franja de Gaza y que sufrían, según sus familiares, enfermedades mentales.

Hamás ha mantenido cautivos a ciudadanos israelíes, ya sea vivos o muertos, a cambio de la liberación de presos palestinos encarcelados en centros penitenciarios israelíes. Así ocurrió en octubre de 2011, cuando el Estado israelí dejó en libertad a un millar de palestinos por la vida de un único soldado, Gilad Shalit, que fue secuestrado por la milicia islamista en 2006 y retenido en el enclave costero durante cinco años.

Más frecuentes han sido los intercambios de presos entre Israel y la milicia libanesa Hezbolá. En octubre de 2007 acordaron el cambio de Hassan Aqil, un miembro civil de la milicia chií capturado un año antes durante la Guerra del Líbano de 2006 junto con los restos de dos de sus combatientes fallecidos por los restos de Gabriel Dwait, un residente israelí que se ahogó en 2005 y fue arrastrado hasta el Líbano.

Gran impacto mediático tuvo la liberación por parte de Israel del prisionero libanés Samir al-Quntar junto a cuatro combatientes de Hezbolá capturados en la guerra de Líbano de 2006 y los cuerpos de otros 199 milicianos palestinos y libaneses capturados por el ejército israelí en las últimas tres décadas.

Quntar había sido condenado por su papel en el ataque de Nahariya en 1979, que acabó con la muerte de cuatro israelíes, incluidos dos niños pequeños. A cambio, Hezbolá liberó los cuerpos de dos soldados israelíes capturados en una redada transfronteriza. Se cree que Quntar, en el ojo de mira de Israel, fue asesinado en 2018 mientras se encontraba en Damasco.

Años antes, más de 400 prisioneros palestinos y 30 libaneses, incluidos líderes de renombre dentro de Hezbolá, así como los restos de 59 libaneses, fueron intercambiados en 2004 por los cuerpos de tres soldados del Ejército israelí, capturados en el área de las granjas de Sheba –bajo control israelí y en el cruce de Siria, Líbano e Israel–.

Un suma y sigue de casos difícil de relatar por su extensión, pero que atestigua la crueldad del conflicto. Un intercambio de vidas humanas perpetrado por Israel, pero también por parte de los vecinos con los que ha mantenido distintos conflictos.

Esta práctica aprovecha la ambigüedad y la falta de legislación específica en el derecho internacional, donde no se prohíbe expresamente ni la retención de los cuerpos durante un conflicto armado ni su utilización como moneda de cambio.