Tras anunciar el cierre de sus plantas de aluminio de A Coruña y Avilés, Alcoa accedió finalmente a cedérselas al fondo de inversión suizo Parter Capital en julio de 2019. Parter reunía, supuestamente, todos los requisitos: era un comprador serio, solvente y riguroso, pero dos años después las plantas están paralizadas, intervenidas judicialmente y sus casi 700 trabajadores siguen en la incertidumbre.

Desde julio de 2019 hasta la venta de las dos plantas en abril de 2020 al Grupo Industrial Riesgo, Parter Capital había sido condenado por el Tribunal Comercial de Versalles por quebrar dos empresas: Thomson Broadcast y Arjowiggins Security Company con prácticas similares a las aplicadas en las dos fábricas de aluminio, tal y como informaba ABC.

Thomson Broadcast

Parter Capital, que se hizo con el control de Thomson Broadcast por un euro, fue condenado a pagar 4 millones de euros por la mala gestión de la empresa, cantidad que lograron rebajar en medio millón de euros en la apelación. Al año y medio, la empresa entró en liquidación judicial. Según la sentencia, el Ministerio público francés acusó al fondo de «errores en la gestión que podrían calificarse de apropiación indebida de bienes».

A lo largo de su gestión, Parter se dedicó a desmantelar la empresa para quedarse con los activos que le interesaban y después presentar un concurso de acreedores. Además, el tribunal explica que creó un entramado de sociedades pantalla para intentar fingir que no estaba detrás de la gestión real del negocio y librarse de las consecuencias legales. La Justicia francesa, que abrió también una investigación penal sobre el caso, consideró al fondo suizo culpable de la insuficiencia de fondos necesarios para que la empresa se mantuviese. El Tribunal de Apelación de Versalles obligó a Parter y a sus socios a desembolsar 3,5 millones.

Arjowiggins Security Company

En el caso de Arjowiggins Security Company, una empresa especializada en la fabricación de papel para billetes, la historia es similar. En 2018 la empresa atravesaba problemas y pasó a manos de Parter a través de la misma sociedad que usó para comprar las plantas de A Coruña y Avilés, Blue Motion Tecnologies.

Al igual que con las factorías de Alcoa, el fondo no pagó nada por la planta. Es más, recibió unos 17 millones de euros por parte del vendedor. Según relata el abogado Michel Henry, que defendió a los trabajadores de Arjowiggins, a principios de 2018 Arjowiggins tenía dinero en caja, pero a partir de la llegada de Parter Capital, la gestión entró en deriva y se consumió este efectivo con un descuido increíble en la gestión del negocio.

A partir de agosto de 2018, los gerentes dejaron de pagar a los transportistas, el alquiler de equipos e instalaciones, la mutua del personal e incluso los teléfonos móviles de los empleados.

Según el abogado Michel Henry, representante de los trabajadores, Rüdiger Terhorst, socio director de Parter y presente en la compra de Alu Ibérica, «era consciente de esta situación». La intervención del ministerio francés de Economía no evitó la debacle de la compañía, donde los tribunales consideraron probada la mala gestión de los ejecutivos.

«El grupo Parter Capital y sus gestores operan desde hace varios años en Francia, Portugal y Alemania y se han hecho cargo de empresas de las que despojan de sus últimos activos antes de declararse en quiebra», explica el abogado. «Están siendo procesados penalmente en Alemania y han recibido al menos dos condenas definitivas por quiebra fraudulentas por parte del Tribunal de Apelación de Versalles», añade.

Alcoa

Nadie comprobó los antecedentes de Parter antes de dejar en sus manos las plantas de A Coruña y Avilés. En la nota de prensa en la que informó del acuerdo de venta, Alcoa presentó al fondo como un grupo de inversión que «se ha especializado con éxito en la adquisición de compañías que se enfrentan a situaciones complejas». Y añadió que el objetivo de Parter era «realinear estratégicamente las empresas adquiridas y llevarlas a un crecimiento sostenible».

Sin embargo, nada de eso ocurrió en A Coruña y Avilés. Los responsables del fondo se comprometieron a mantener el empleo y a no desprenderse de los activos durante dos años, pero apenas mes y medio después ya estaban negociando con el Grupo Riesgo para deshacerse del 75% de las acciones. El traspaso tuvo lugar en abril de 2020. Parter, que había comprado las factorías por un simbólico euro, se embolsó 13 millones. El nuevo comprador ni siquiera puso un euro de su bolsillo sino que el dinero salió de los propios fondos de las plantas, rebautizadas como Alu Ibérica.

Ahora, los trabajadores de Alu Ibérica en A Coruña y Avilés llevan dos meses de retraso en el pago de sus salarios y, si nadie lo remedia, va también camino del concurso de acreedores. Ante las numerosas deudas que acarrea la empresa, el administrador judicial optó por solicitar un ERTE que se está negociando.

El pasado mes de marzo, agentes de la UDEF entraron en las factorías y fueron detenidos varios directivos de Riesgo, quienes fueron puestos después en libertad con cargos. La jueza trata de esclarecer si adquirieron las plantas con intención de desmantelarlas en su propio beneficio.