Iñaki Alrui. LQSomos.

Desde que empezó a gobernar Duterte (conocido popularmente como «El Castigador») en junio de 2016, miles de personas, en su mayoría de comunidades pobres y marginadas, han sido asesinadas —por la policía o por individuos armados presuntamente vinculados a la policía— en la “guerra a las drogas” emprendida por el gobierno

Amnistía Internacional calcula que la cifra llega a los 27.000 asesinados solo en los tres primeros años de Gobierno. La policía filipina, en cambio, solo reconoce que 6.600 personas han “fallecido” en operaciones antidroga.

Sangría continuada

Son miles las personas asesinadas extrajudicialmente y directamente desde el gobierno filipino en su campaña de contrainsurgencia, desde julio de 2016 hasta hoy. La gran mayoría de esas personas son activistas, defensoras de los Derechos Humanos, sindicalistas, defensoras de la paz, líderes campesinas e indígenas, ambientalistas, trabajadoras de la iglesia, abogadas, periodistas…

La mayoría de ellas fueron etiquetadas de rojas y vilipendiadas públicamente como «terroristas comunistas» antes de ser asesinadas a sangre fría, ya sea por asaltantes no identificados o en operaciones policiales y militares.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU publicó en junio de 2020 una investigación sobre Filipinas en la que denunció la campaña de terror e impunidad de la guerra contra las drogas, así como el hostigamiento a líderes sociales y grupos de izquierda, con 248 activistas asesinados y asesinadas desde el inicio del mandato de Duterte, según el informe.

¿Fin de un mandato o continuidad?

A finales del mes de julio, el mismo día que Rodrigo Duterte daba su último discurso del estado de la nación ante el Congreso, miles de manifestantes tomaron las calles de Manila para pedir el enjuiciamiento del presidente Duterte cuando finalice su mandato.

El Gobierno actual culminará su mandato de seis años el próximo año, aunque Duterte ya ha adelantado que está valorando la posibilidad de postularse como vicepresidente, algo que le daría inmunidad frente a cualquier demanda criminal que se presente contra su persona.

Los manifestantes denunciaban el «legado sangriento» del mandato de Duterte en referencia a los asesinatos bajo su controvertida represión contra las drogas ilegales y a otras presuntas violaciones de Derechos Humanos que rodean a Filipinas y su Gobierno.
«Nosotros decimos ‘¡No más!’ al tipo de Gobierno de Duterte», manifestaba la secretaria general del grupo de Derechos Humanos Karapatan, Cristinay Palabay, quien se encontraba entre los organizadores de la marcha en Manila. «No dejaremos que se salga con la suya con asesinatos en masa y represión estatal, y prometemos no dejar que su sucesor se proclame victorioso en las próximas elecciones —ha añadido—. Debemos poner fin al reinado de terror de Duterte y hacer que rinda cuentas por sus crímenes contra el pueblo filipino».

Gobernar entre el populismo y el miedo

Duterte, en un afán de populismo, prometió acabar con el tráfico de drogas… la excusa perfecta para acabar con cualquier oposición. Las personas críticas con el presidente son encarceladas o juzgadas con cargos «fabricados»; activistas políticas y políticos siguen siendo asesinados y la libertad de prensa cercenada.

Según tomó el poder, recuperó la pena de muerte por ahorcamiento, al mismo tiempo que reconocía públicamente que durante su etapa como alcalde en la ciudad de Davao había cometido asesinatos en el marco de la lucha contra la delincuencia.

A pesar de todo lo anterior, Duterte sigue contando con respaldo popular, y es que no se puede ignorar que durante su mandato ha convertido las universidades de Filipinas en accesibles a la población, ha legalizado el ‘matrimonio igualitario’ y ha puesto la píldora anticonceptiva al alcance de las mujeres más desfavorecidas, entre otras mejoras. Es decir, en otros ámbitos lleva a cabo políticas progresistas que chocan con su sangrienta represión, ¡no se puede ser progresista y represor! Ante el público blanquea la represión con la lucha contra la criminalidad y el narcotráfico, por lo que es posible que parte de la población no vea o no quiera ver lo que ocurre.

Según la encuesta publicada por Pulse Asia, Duterte ha logrado una aceptación del 91% entre la población, un récord para cualquier mandatario en la historia de Filipinas. ¿Dicen la verdad las encuestas? Tendremos la respuesta en las elecciones de mayo de 2022. Muchas veces, en lugar de pensar que «podría ser mejor», la gente se queda en el «podría ser peor».

La realidad a día de hoy es que la violación constante y brutal de los Derechos Humanos convierten a Rodrigo Duterte en un sanguinario criminal.

Para ampliar la información:

– Un informe de la ONU muestra la necesidad urgente de una investigación internacional
– Firmas: ¡Detengan los asesinatos en Filipinas! ¡Enjuicien a Duterte por sus crímenes contra el pueblo filipino!
– RSF pide al Presidente Duterte una investigación sobre el asesinato del periodista Larry Que
– ‘Mátalos’: Duterte quiere ‘acabar’ con los rebeldes comunistas (en inglés)
– Nuestra familia feliz ya no existe: impacto en los menores de la guerra contra las drogas (en inglés)

Filipinas – LoQueSomos

Más artículos del autor. Miembro del Colectivo LoQueSomos. En Twitter: @IkaiAlo

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