Ante el mensaje amenazador contra los funcionarios de prisiones implicados (o implicables) en el seguimiento del trato penitenciario de los presos políticos, ninguna fuente oficial ha abierto la boca. Motivos para abrirla había. Se trata de un mensaje por whatsapp de la oficina de comunicación —gabinete de prensa— del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este tipo de mensajería es la que frecuentemente circula entre el susodicho gabinete y los periodistas que cubren la información judicial del Tribunal Supremo (TS) en Madrid. Por tanto, es una fuente oficial. Aunque, por el formato de este sistema de mensajes, va sin firmar y ni encabezamiento ni firma, el número de teléfono del cual proviene es el habitual de uno de los miembros del referido gabinete. O sea, se trata de una comunicación ordinaria y habitual.

Lo que no es ni ordinario ni habitual es el contenido. Como mínimo por cuatro motivos. El primero por el insólito contenido mismo. El segundo porque no consta en estos momentos ningún tipo ni de reunión presencial o virtual del TS (del TS en pleno, de la sala penal en pleno, de la sala de enjuiciamiento, de una sección de guardia…) ni ningún documento judicial que vehicule esta decisión. El tercero, y para nada irrelevante, motivo radica en que el TS no puede decir nada sobre la situación penitenciaria de los presos —de ningún preso de cualquier tipo— hasta que no le llegue, si le tiene que llegar, un recurso, sea del interesado o de la fiscalía. El cuarto motivo tampoco resulta poco menor: hasta ahora nadie ha desmentido la información, ni se ha hecho responsable ni, consecuentemente, nadie ha dimitido o ha sido despachado, lo cual da aires de genuinidad a la emisión del comunicado.

Bajo estas circunstancias la presunción más verosímil es una autoría o, en todo caso, una inspiración oficial. Autoría o inspiración de una grosería jurídica incasable no ya con un estado de derecho, sino con un estado que aspire a ser tenido por tal. Es por esto que ayer y hoy hemos asistido a dos iniciativas jurídicas sólidas y, al mismo tiempo, de amplio espectro político.

Por un lado, Oriol Junqueras ha presentado una querella, ante los juzgados de Manresa, para que se investiguen los posibles e indiciarios delitos que alguien o algunas personas, todavía por determinar, habrían podido perpetrar; así, amenazas, coacciones, prevaricación, delitos contra los derechos cívicos y/o usurpaciones judiciales de funciones administrativas. Ya veremos qué hace el juez de Manresa, que corresponda. En mi opinión, el juez manresano puede acordar diversas cosas, pero lo que no puede hacer en ningún caso, ante la apariencia delictiva, es archivar la causa. Se describe con todo lujo de detalles quién, a quién, cómo y cuándo emitió el whatsapp, que alguien, en estos momentos, debe estar maldiciendo.

Otra iniciativa, sumamente interesante, de carácter no judicial de momento, proviene de la asociación de juristas Drets. Así, esta entidad se ha dirigido al CGPJ, bajo el amparo del derecho de petición y del derecho a la transparencia de los órganos públicos, para que manifieste la completa “información sobre la composición, competencia y regulación orgánica del Tribunal Supremo a la hora de ordenar y autorizar el contenido y el envío de una nota de prensa, en formato de mensaje escrito de WhatsApp”. Sencillamente: que el CGPJ explique cómo un órgano suyo, como es la oficina de comunicación, puede haber difundido la noticia que difundió.

Resulta ocioso, aunque procedente, que las respuestas tardarán. Que obligarán a Junqueras, como querellante, y a Drets, como peticionarios de información, a dar todas las vueltas y revueltas del mundo. Pero la respuesta llegará. Y llegará seguramente, si no se produce antes, con un retorno: con la dimisión o el cese de alguien.

No es descartable que a estas actuaciones se sumen otros interesados, como algunos o todos los presos políticos, otras asociaciones cívicas de juristas —y por qué no, ¿algún colegio de la abogacía? — o, incluso, alguna representación de los afectados directos y primigenios, es decir, los funcionarios de prisiones, colectivo virulentamente sensible de tanto en tanto ante lo que consideran un ataque a su dignidad personal y profesional. Aquí tienen una buena ocasión para defenderse sin corporativismo.