Fuente: https://observatoriocrisis.com/2021/06/07/el-legado-criminal-de-keko-fujimori/ La administradora de empresas, hoy candidata del estamento político peruano, Keiko Fujimori, está bajo investigación de la fiscalía de su país por los cargos criminales de lavado de activos, obstrucción de la justicia, organización criminal, fraude procesal, falsedad genérica y falsa declaración en proceso administrativo; sin embargo, permanece en libertad bajo comparecencia restringida.
Su trayectoria criminal más reciente gira en torno al caso Lava Jato en el que se investigan sobornos de parte de varias transnacionales, principalmente la brasilera Odebretch, a gobiernos y personalidades políticas de al menos 12 países. Tan solo en Perú, Odebrecht reconoció el pago de sobornos por 29 millones de dólares entre 2005 y 2014.
El escritor y promotor del despojo neoliberal Mario Vargas Llosa, que en 2011 le calificó como «la peor opción» a Fujimori por significar la «legitimación de una de las peores dictaduras que ha tenido el Perú en su historia», hoy apoya su candidatura como «el menor de dos males». Esto describe de manera fiel la situación de la clase política tradicional peruana que se ha aglutinado en torno a la candidatura de la candidata en una reconfiguración que, más que unitaria, pareciera más oportunista y desesperada.
En 2016, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) pidió la exclusión de su candidatura por haber estado presente en un evento donde las donaciones fueron mayores que las permitidas por la legislación electoral, sin embargo, su defensa alegó pruebas insuficientes y el mismo JNE, de manera sospechosa, desestimó todas las acciones por infundadas declarado que «no incurrió en la conducta prohibida de ofrecer o entregar dinero o regalos con el fin de obtener votos».
La hija del exdictador y genocida Alberto Fujimori, en 2018, fue enviada a la cárcel por recibir sobornos de la transnacional brasileña Odebrecht para financiar a su partido Fuerza Popular (FP: nuevo nombre de Cambio 90) en las elecciones presidenciales de 2011, cuando presuntamente falsificó la contabilidad de su campaña electoral para ocultar al menos un millón de dólares procedente de la empresa brasilera.
En medio de divisiones internas, renuncias a la bancada parlamentaria, la remoción de toda la dirigencia partidaria y acusaciones de corrupción, un congresista desertor de sus filas, Rolando Reátegui, le contó a la fiscalía lo que sabía de los manejos sucios del partido y de alta corrupción de la magistratura.
Keiko estuvo al lado de su padre desde que ganó la presidencia, era menor de edad aún cuando este ejecutó el golpe de Estado en 1992; sin embargo, asumió el papel de primera dama a los 19 años, luego de que su padre echara a su madre, Susana Higuchi, y ordenara torturarla en los sótanos de los servicios de inteligencia a las órdenes de Vladimiro Montesinos, el jefe de inteligencia del gobierno fujimorista y a quien Fujimori llamaba «tío». Higuchi había denunciado irregularidades de los hermanos del presidente con donaciones del Japón.
Asimismo, la hoy candidata estuvo vinculada al gobierno de su padre cuando ordenó formar el grupo Colina, responsable del asesinato de 25 peruanos acusados de ser terroristas de Sendero Luminoso, incluido un niño de 8 años, en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta. Estos hechos forman parte del expediente por el que Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión y, cuando el Congreso peruano destituyó a su padre en noviembre de 2000 por «permanente incapacidad moral» para gobernar, Keiko tenía 25 años y asumió el testigo político del dictador.
Los cuatro hijos de Alberto Fujimori fueron investigados desde 2010 como cómplices de enriquecimiento ilícito por el financiamiento de sus estudios, pero la investigación no prosperó debido a que no podían ser juzgados como cómplices cuando su padre no fue declarado culpable por este delito porque no fue incluido en su extradición desde Chile.
Reátegui, allegado a la dirigencia de FP, reveló en 2019 al Equipo Especial Lava Jato de la fiscalía peruana cómo funciona ese partido liderado por Keiko Fujimori, identificando tres «brazos» ejecutivos: político, financiero y legal. A pesar de estar en la cárcel, ella mantenía el liderazgo de la conformación política y en marzo pasado hasta 14 personas revelaron al Ministerio Público que se aportó dinero falso a la campaña de 2011 de FP. El Equipo Especial corroboró sus testimonios y recolectó evidencia suficiente para acusar de lavado de activos y organización criminal a la candidata y su partido político.
Jorge Yoshiyama, sobrino del exsecretario general de FP, Jaime Yoshiyama, también señaló que la candidata presidencial recibió dinero de Odebrecht y le pidió que ocultara el dinero mediante aportantes falsos captados por la directiva partidista.
El fiscal a cargo del caso, José Domingo Pérez, anunció el fin de la investigación y queda pendiente que el Poder Judicial programe una audiencia de control para que revise las pruebas que recabó y decida si se dará un juicio oral. El fiscal pidió 30 años de prisión para la actual candidata a la presidencia y su cúpula integrada por Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Adriana Tarazona, entre los 39 implicados en la red criminal.
Pérez también solicitó al Ministerio Público que tome las medidas necesarias para garantizar que cesaran los actos de violencia cometidos por Keiko Fujimori contra él y su familia luego de advertir que la audiencia podría tardar años en programarse debido a maniobras legales de las defensas de los acusados y la alta carga procesal en el Poder Judicial.
El mismo fiscal ha enfatizado en las relaciones de Keiko y dirigentes fujimoristas con una mafia judicial que vendía sentencias y nombramientos de magistrados. Ello incluye a su superior, el fiscal Pedro Gonzalo Chávarry, acusado de pertenecer a esa mafia judicial, salvado por la mayoría fujimorista de ser destituido por el Congreso. El juez del caso Lava Jato consideró que estas acciones de obstrucción al proceso judicial y las evidencias del delito de lavado presentadas por la fiscalía ameritaban la prisión preventiva.
Desde el punto de vista político Keiko Fujimori ha basado su campaña electoral ocultando su talante confrontativo tras un espectro de promesas a múltiples sectores que incluyen a mineros ilegales o iglesias evangélicas, lo cual es reconocido por los mismos medios alineados a la derecha global como «populismo de derecha» sumado al clientelismo con que ha manejado sus anteriores competencias electorales.
Cabe recordar que, aunque hoy la candidata unitaria de la desvencijada clase política critica al «populismo», muchos asentamientos de Lima llevan el nombre de «Keiko Sofía» debido a que fue un mecanismo mediante el cual los excluidos agilizaban los trámites para obtener títulos de propiedad y servicios básicos en estas invasiones de los arenales durante el decenio fujimorista, producto de la emigración de la población de los Andes a Lima por el conflicto interno que asoló a Perú durante 20 años (1980-2000).
FUJIMORISMO: LA RED CRIMINAL DEL ENGAÑO
El acta de nacimiento del fujimorismo surge en medio de las elecciones presidenciales de 1990 en las que Alberto Fujimori participó sin contar con un programa político, tampoco ideología, ni bases políticas; además generaba el rechazo de las élites de la política nacional peruana. Su adversario Vargas Llosa tenía en contra el hecho de haberse aliado con los partidos tradicionales, Acción Popular (AP) y Partido Popular Cristiano (PPC), y no logró conectar con los sectores más empobrecidos del Perú que le veían como alguien muy lejano a sus realidades.
El entonces rector universitario ganó la segunda vuelta con el apoyo del partido gobernante APRA que dejaba el gobierno después de una desastrosa gestión y también de la izquierda y de la centro-derecha, aún así fue reconocido como un outsider.
Es más que conocido el quehacer de la administración Fujimori y su estrecha relación con las Fuerzas Armadas, gracias al enlace y control de Vladimiro Montesinos. Además fue apuntalado en el poder por el respaldo de organismos multilaterales y del sistema financiero nacional e internacional, por intervención de facciones de la política tradicional y el apoyo del Opus Dei, a cargo del poder eclesial.
En el golpe de Estado de abril de 1992 participaron los dueños de los medios de comunicación bajo presión militar, así lo cuenta el actual asesor de seguridad de la candidatura de Keiko, Fernando Rospigliosi, en su libro El arte del engaño, las relaciones entre los militares y la prensa (2000) en el que describe cómo se distrajo a la población mediante leyendas urbanas y cortinas de humo.
Asimismo Montesinos avanzó en esa dirección pagando miles de dólares a los dueños de canales de televisión para controlar la línea editorial de estos hasta lograr la compra de algunos medios, sobornar congresistas e interceptar los teléfonos de periodistas y congresistas, ejecutando así los planes Bermuda, Narval y El Pino.
Alberto Fujimori convocó a un Congreso Constituyente que redactó una nueva constitución, esta fue llevada a referéndum y ganó por estrecho margen. De allí que su gobierno intensificara su conexión con los sectores populares mediante la construcción de infraestructuras en sectores rurales hasta vencer en su reelección en 1995 y lograr cierta mayoría parlamentaria que luego fue apuntalada mediante la extorsión y chantaje instrumentada por Montesinos. Privatizó empresas públicas y con esos fondos implementaba obras asistencialistas que ampliaban su base de apoyo popular.
Instauró las esterilizaciones forzadas a 270 mil mujeres campesinas como medida para combatir la hiperinflación mientras se les prometía dentaduras postizas, gafas, víveres; en otros casos, ni siquiera eran informadas de que iban a ser esterilizadas, les decían que iban a vacunarlas, las anestesiaban y las operaban. Aunque el número y las prácticas son elocuentes, Keiko afirmó en el debate en Arequipa que no se trató de un plan sistemático.
Estos datos históricos permiten mostrar cómo el fujimorismo no posee una base ideológica concreta sino que es un movimiento sociopolítico que sobrevive utilizando métodos como los operativos psicosociales u otros eventos mediáticos, tanto para generar empatía para sí como para denigrar a los adversarios.
Al día de hoy FP es una red de relaciones políticas y económicas cuya identidad parte del efectismo mediático y logra manipular a la población mediante el apoyo de los medios de comunicación y las redes sociales. Aun cuando han pasado 30 años de la irrupción de Fujimori en la vida política peruana, su legado, representado en su hija Keiko, no logra serle indiferente a la población ni a su conducta política.
Expresado en FP, pero también evolucionado desde Cambio 90, Nueva Mayoría, Vamos Vecino, Perú 2000, Sí Cumple, Alianza por el Futuro y Fuerza 2011, el fujimorismo mantiene sus redes con grupos religiosos conservadores, militares en retiro y empresarios, aunque solo un 10% de los peruanos se ha llegado a declarar fujimorista a ultranza.
Es parte de su esencia oportunista buscar forzar cambios en la narrativa histórica de un país que ha sido herido tanto por la guerra como por la corrupción enmascarada tras la difusión del engaño y la distracción. La fiscalía halló responsable al padre de Keiko del desvío de fondos de las Fuerzas Armadas al SIN para comprar la línea editorial de los «diarios chicha» pero nunca pagará por instaurar a Laura Bozo como referente mediático de la chabacanería y la superficialidad.
Durante el debate electoral realizado en Chota, la candidata de FP mostró su intención de borrar de la historia peruana los crímenes de lesa humanidad ordenados por su padre durante su régimen dictatorial al prometer quitar el término «conflicto armado interno» de los textos escolares. Se refería a lo enunciado por el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: lo ocurrido durante las décadas 80 y 90 en el Perú fue una guerra entre autoridades gubernamentales y grupos armados, que causó desapariciones forzadas y asesinatos de inocentes.
Al borrar estas palabras de los libros que usa el Ministerio de Educación, busca eliminar la responsabilidad a los criminales que violaron derechos humanos en el plano civil y detener la demanda popular de que se termine de hacer justicia en casos de desapariciones cuyos responsables aún no han sido condenados.
En la actualidad, la fiscalía ha denunciado amenazas a los testigos del caso Lava Jato y señaló que el fujimorismo, que controlaba el Congreso, ha venido usando su poder político y sus influencias judiciales para obstruir la investigación fiscal.
Odebrecht entregó documentación a la fiscalía que confirman la entrega de ese dinero y que éste salió de las cuentas que la empresa usaba para pagar sobornos, hay testigos protegidos e inculpados convertidos en colaboradores de la fiscalía que han revelado cómo operó la estructura de lavado que encabezaba Keiko y quiénes la dirigían junto a ella pero el Poder Judicial no logró condenarla.
El partido que habla de perdón y de no mirar al pasado trató de «traidor y malnacido» al expresidente Martín Vizcarra, quien anuló el indulto a Alberto Fujimori, cuando llamó al diálogo meses antes de ser vacado con apoyo de la bancada fujimorista en el Congreso y desatar la inestabilidad política que Perú no necesitaba en medio de la pandemia global.