Su versión dio exactamente igual. Los medios ya le habían condenado. Dando por buena información filtrada que respaldaba las tesis de la familia del difunto y de la acusación popular de Vox, se pasaron su presunción de inocencia por el forro e informaron que Rodrigo, sin mediar provocación, golpeó a Laínez por detrás con un objeto contundente, sólo porque había visto que llevaba puestos unos tirantes con la bandera de España. “Asesinan a golpes a un legionario por lucir la bandera de España” (Periodista Digital), “Fallece tras recibir una paliza por llevar tirantes con la bandera de España” (El Mundo), “Fallece el hombre que fue atacado por llevar unos tirantes con la bandera de España” (El Heraldo de Aragón), son algunos de los titulares de ese mes de diciembre. Evidentemente, con este escenario mediático, Rodri fue de cabeza a prisión preventiva, donde permanece a día.

Recordemos que apenas habían transcurrido dos meses del reférendum catalán del 1 de octubre. En plena crisis catalana contar que un hombre había sido asesinado exclusivamente por portar un símbolo español era la forma perfecta de mostrar adónde nos estaba conduciendo la deriva antiespañolista capitaneada por los catalanes.

A todo esto hay que añadir que Rodri había sido condenado en 2008 a cinco años de prisión por supuestamente dejar tetrapléjico a un Guardia Urbano de Barcelona durante el desalojo de una okupa en el famoso caso del 4-F. Es también uno de los protagonistas del popular documental Ciutat Morta, que expuso todas las irregularidades del caso, lo aleatorias que fueron las condenas y las torturas que sufrieron las detenidas que no fueron investigadas por ninguna autoridad judicial. El éxito de este documental había levantado muchas ampollas en la policía y la política de Barcelona y con su nueva detención se habían podido cobrar su venganza. De un plumazo, Ciutat Morta quedó completamente desacreditada en los medios y los policías que intervinieron en ese caso, resarcidos públicamente.

El “Juicio de los Tirantes”

A principios del pasado mes de noviembre arrancó el “Juicio de los Tirantes” (como lo llaman los medios) en la Audiencia Provincial de Zaragoza, ante un jurado popular. Rodrigo Lanza se enfrentaba a una pena de 25 años de prisión por un delito de asesinato con agravante de odio –odio dirigido contra los españoles, como si se trataran de una minoría protegida–. El ataque mediático era mayúsculo, los días antes volvieron a repetir la historia de los tirantes y su pasado criminal y parecía que todo estaba en contra.

Sin embargo, el pesimismo que reinaba antes del juicio poco a poco fue mutando a lo largo de sus seis sesiones de duración. Escuchando a los testigos que estaban en el bar y, sobre todo, a los peritos médicos, la versión oficial se fue tambaleando dentro de la sala. Y ni la Fiscal, ni el abogado de la familia Laínez, ni la acusación popular de Vox (que, al igual que hizo en el Juicio del Procés, se personó en la causa para intentar obtener visibilidad y rédito político), fueron capaces de sostenerla. Fuera del juicio lo que se reportaba en la prensa era otra realidad paralela, dando por hecho que la condena por asesinato era inminente.

A mediados de noviembre el jurado emitió su veredicto: no había quedado probado que Víctor Laínez portara unos tirantes con la bandera de España, quedó probado que él y Rodri discutieron, no quedó probado que el acusado le golpeara por la espalda con un objeto contundente, ni que tuviera la intención de matarle. Los hechos, en definitiva, no serían constitutivos de un delito de asesinato con alevosía con agravante de odio, sino de unas lesiones con resultado de homicidio imprudente. La pena máxima a imponer sería de cuatro años de prisión. Una pena por él, pero una victoria en comparación con lo que podía ocurrir.

Una vez leído el objeto del veredicto, familiares y allegados del fallecido insultaron y amenazaron a Rodri y a su abogado, que tuvieron que abandonar la sala escoltados por la policía.

“Un veredicto difícil de entender”

No son pocas las personas que han manifestado que no pueden comprender el veredicto. Normal, tras dos años escuchando un relato tan brutal es difícil que alguien que no haya escuchado las testificales del juicio lo entienda.

Hasta ahí, normal. Lo que no lo es tanto es un delirante artículo que publicó Rafael Soteras, el Fiscal Decano de Zaragoza, en El Heraldo. En él, pese a no estar presente en el juicio, dice que el veredicto “es difícil de entender” y acusa, sin pruebas, al abogado de Rodrigo de manipular al jurado ilegalmente y al juez de orientar el resultado para lograr esa sentencia. Igualmenté, afeó que Rodri se pudiera sentar en estrados junto a su letrado – algo absolutamente normal en juicios con jurado, pero que se añadió para malmeter contra el juez – y les llama cobardes por parapetarse tras la policía y exclamar que estaban recibiendo amenazas. ¿Hubiera preferido que se lanzara a por los familiares y se pegara con ellos?

El juez, dándose por aludido, respondió en otro artículo que entendía que el Fiscal estaba intentando presionarle ahora que todavía está redactando la sentencia (la cual tiene que respetar el veredicto), para lograr que sea lo más dura posible.

Al cierre de esta edición todavía no se ha emitido la sentencia, pero esperemos que las presiones no logren su objetivo y que Rodrigo pueda estar en la calle pronto. Porque le queremos libre ya.