Fuente: https://www.wsws.org/es/articles/2022/02/16/pers-f16.html?pk_campaign=newsletter&pk_kwd=wsws Tom Hall 16.02.22¿Qué está en juego en la lucha de los trabajadores ferroviarios y petroleros de EE.UU.?
Durante las últimas semanas, los trabajadores ferroviarios y de las refinerías de petróleo de EE.UU. se han colocado en la vanguardia de un movimiento en expansión de la clase obrera contra los horarios agotadores y peligrosos y el aumento explosivo en el coste de vida.
El mes pasado, 17.000 maquinistas y conductores de BNSF —antes llamada Burlington Northern Santa Fe— votaron a favor de autorizar una huelga que impidiera a la mayor compañía ferroviaria de Estados Unidos imponer una nueva política de asistencia de carácter punitivo. La política “Hi Viz” asigna a cada trabajador 30 puntos y le resta puntos por cada vez que se ausenta del trabajo, independientemente del motivo. Para recuperar los puntos, los trabajadores deben estar disponibles las 24 horas del día durante al menos dos semanas seguidas. La política se utiliza para disciplinar o despedir a los trabajadores que pierden sus puntos y para garantizar que los trabajadores estén disponibles para el servicio prácticamente las 24 horas del día.
El 25 de enero, un juez federal de Texas emitió una orden judicial para bloquear la huelga, declarando que la política de asistencia de los trabajadores es una cuestión “menor” por la que los trabajadores no están autorizados a hacer huelga en virtud de la Ley de Trabajo Ferroviario de 1926, cuyo propósito era prácticamente eliminar las huelgas en la industria ferroviaria. En su fallo, el juez del Tribunal de Distrito de EE.UU., Mark Pittman, declaró que una huelga sería inaceptable porque provocaría la interrupción de las cadenas de suministro del país, anteponiendo los beneficios de BNSF y de las empresas estadounidenses a los derechos democráticos e incluso contractuales de los trabajadores.
Con la orden judicial para romper la huelga en la mano, la empresa impuso unilateralmente la política de asistencia el 1 de febrero. Dado que los trabajadores ferroviarios no sabían qué horarios les tocarían, la nueva política obligará a los trabajadores a cancelar citas médicas y a pasar menos tiempo con sus familias y dormir menos de lo necesario. Una consecuencia inevitable de la política será el aumento de la fatiga de los trabajadores, que a su vez aumentará el riesgo de accidentes graves y muertes. Esto lo demostró la muerte de un trabajador de BNSF que fue arrollado por un tren en Denver (Colorado) el 9 de febrero, el día después de que el juez prorrogara su medida cautelar.
El sindicato Sheet Metal Air Rail Transportation-Transportation Division (SMART-TD) y el Brotherhood of Locomotive Engineers and Trainmen (BLET) se han opuesto a cualquier movilización seria contra la política Hi-Viz. En su lugar, los sindicatos están haciendo cumplir la orden judicial y han dado instrucciones a los trabajadores para que no hagan ningún comentario público en contra de la política de asistencia.
La batalla en BNSF tiene lugar cuando las negociaciones contractuales han llegado a un punto muerto para 115.000 trabajadores ferroviarios después de dos años sin un nuevo acuerdo nacional. BNSF, CSX, Kansas City Southern, Norfolk Southern, Union Pacific y CN han recortado decenas de miles de puestos de trabajo a pesar de que la cantidad de carga que mueven los ferrocarriles ha aumentado un 30 por ciento en las últimas dos décadas.
Al mismo tiempo, el convenio laboral nacional que cubre a 30.000 trabajadores de refinerías de petróleo y de la industria petroquímica de 12 grandes empresas energéticas expiró el 1 de febrero. Con el petróleo alcanzando los 90 dólares por barril y los precios de la gasolina alcanzando el máximo de los últimos siete años, Marathon, Shell, BP y otras empresas están obteniendo enormes ganancias. Pero Marathon, que lidera las negociaciones, ha presentado una oferta “final” que incluye aumentos anuales de entre el 2-3 por ciento, lo que supondría un recorte en los salarios reales, dada la tasa de inflación anual del 7,5 por ciento. La empresa obtuvo 9.700 millones de dólares en ganancias en 2021 y anunció un programa de recompra de acciones de 5.000 millones de dólares para sus inversores más ricos.
Un trabajador de la refinería Galveston Bay de Marathon en Texas City, Texas, el lugar de una explosión en 2005 en las instalaciones, entonces propiedad de BP, que mató a 13 trabajadores e hirió a otros 180, dijo al World Socialist Web Site que los trabajadores de la refinería trabajan rutinariamente en turnos de 16 horas hasta 13 días seguidos. “Marathon recibió 2.000 millones de dólares en dinero de ayuda de la Ley CARES, y enseguida despidieron al 10 por ciento de los trabajadores y duplicaron el sueldo del director general”, dijo el trabajador.
Los trabajadores del sector petrolero están decididos a conseguir mejoras sustanciales en los salarios y las condiciones de trabajo, pero el sindicato United Steelworkers (USW) ha bloqueado una huelga y ha obligado a los trabajadores a permanecer en sus puestos de trabajo con prórrogas de 24 horas del contrato. Esto ha dado a las compañías petroleras tiempo para contratar personal en preparación para una posible huelga.
En los próximos meses, otros sectores clave de trabajadores se enfrentan a la expiración de sus contratos. Entre ellos se encuentran:
• 22.000 trabajadores portuarios de Washington, Oregón y California, cuyo contrato expira el 1 de julio.
• 118.000 trabajadores de hospitales que luchan por más personal y mejores salarios, entre ellos 7.000 enfermeros de Kaleida Health en Buffalo, Nueva York, y 5.000 enfermeros del Centro Médico de la Universidad de Michigan, cuyos contratos expiran el 31 de mayo y el 30 de junio, respectivamente.
• 268.000 educadores, entre ellos 120.000 profesores y personal escolar de la ciudad de Nueva York, 34.000 de Los Ángeles y 3.000 de Oakland, cuyos contratos expiran entre junio y septiembre.
Los trabajadores se ven empujados a luchar por el aumento del coste de vida. El índice de precios de la energía subió un 27 por ciento anual, mientras que los precios de los alimentos subieron un 7 por ciento. Los precios de la carne, las aves y los huevos subieron un 12,2 por ciento, el gas natural por tuberías subió un 23,9 por ciento y la electricidad, un 10,7 por ciento. La gasolina subió un 40 por ciento. Las interrupciones en la cadena de suministro provocaron un aumento del 12,2 por ciento en los precios de los coches nuevos y un enorme 40,5 en los coches usados.
Incluso mientras las corporaciones energéticas y de logística cosechan enormes ganancias en medio del aumento de los precios del petróleo y el transporte, están decididas a resistir las demandas de que los aumentos salariales se ajusten a la inflación. Al mismo tiempo, el Gobierno y las corporaciones han puesto fin a todas las medidas para detener la propagación del COVID-19, incluso cuando más de 900.000 estadounidenses han muerto.
La señal es clara: se va a obligar a los trabajadores a trabajar hasta desmayarse, ya sea por enfermedad o por agotamiento, en aras del enriquecimiento de las grandes corporaciones y de sus ricos accionistas.
Los sindicatos proempresariales, que se han dedicado por tanto tiempo a casi eliminar las huelgas de la vida estadounidense, están ampliamente desacreditados y son despreciados. Uno de los rasgos más significativos de este creciente movimiento ha sido el conflicto cada vez más abierto entre los sindicatos, por un lado, que han respondido traicionando las luchas de los trabajadores de forma cada vez más abierta y descarada, y los trabajadores, que se rebelan cada vez más contra estas organizaciones caducas. La expresión más consciente de esta rebelión ha sido la formación de comités de base independientes por parte de los trabajadores de todo Estados Unidos y del mundo.
El presidente Biden está tratando de promover sistemáticamente los sindicatos para apuntalar estas instituciones decadentes. Mediante la expansión de los sindicatos, Biden espera colocar a los trabajadores bajo una forma de tutela estatal. Esto se planteó de forma más explícita en el informe de la semana pasada del Equipo Especial de Biden sobre la Organización y el Empoderamiento de los Trabajadores, en el que se argumentaba que, como “comprador de bienes y servicios”, el Gobierno federal “tiene un interés en que sus contratistas alcancen acuerdos de negociación colectiva para promover la estabilidad y minimizar la interrupción de los servicios y bienes adquiridos por el Gobierno federal”.
Dicha aplicación de la “disciplina” laboral también está íntimamente ligada a los avanzados preparativos del conflicto militar del imperialismo estadounidense contra sus principales rivales, Rusia y China. Una guerra a esta escala es inconcebible sin poner a toda la sociedad en pie de guerra y reprimir la disidencia. De este modo, el pasado otoño, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, declaró que un conflicto con China “nos brinda la oportunidad de unirnos más allá de las divisiones políticas”. Y concluyó: “Al menos la mitad de la batalla está en casa”.
Esto señala la necesidad de que los trabajadores adopten una nueva estrategia para guiar sus luchas, basada en una oposición intransigente tanto a los sindicatos como al Estado capitalista. Los trabajadores deben seguir construyendo la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base, que se basa en la independencia completa de los trabajadores respecto a los sindicatos corruptos y los dos grandes partidos patronales.
Pero la unión cada vez mayor de los sindicatos con el Estado también señala la necesidad de una lucha política de la clase obrera contra el propio sistema capitalista, que está conduciendo al mundo hacia el desastre y es incapaz de resolver ninguno de los problemas a los que se enfrenta la sociedad global moderna. En oposición a la estrategia de dictadura y guerra del capitalismo estadounidense y mundial, la clase obrera debe construir un movimiento internacional basado en la lucha por el socialismo.
(Publicado originalmente en inglés el 14 de febrero de 2022