El bufete catalán, que se limita a señalar que sus clientes son públicos, siempre y cuando no exista cláusula de confidencialidad, logró también un hito al ser contratado en 2012 como asesor en la constitución de la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria (Sareb), la entidad creada por el Gobierno de Rajoy para agrupar los activos tóxicos de la banca española, cuyo mayor accionista es el Estado a través del Fondo de Rescate bancario (45,8%).

Ese encargo contribuyó a que la firma pudiera cerrar 2012 con un ligero incremento de su facturación, a contracorriente del resto de la abogacía en España, en un año complicado para las firmas como consecuencia de las dificultades que entonces atravesaba la economía española. En ese ejercicio, una de las pocas alegrías para el sector fue la amnistía fiscal que benefició a más de 30.000 empresas y personas físicas, lo que tuvo su reflejo en las contrataciones de servicios de asesoría para acogerse a esa medida de gracia, posteriormente declarada inconstitucional.

Tras la creación del Banco Malo en noviembre de 2012, Cuatrecasas también asesoró a la Sareb en su posterior ampliación de capital y emisiones de bonos por un valor cercano a los 28.000 millones de euros. El bufete participó asimismo, junto a otras seis firmas, en la valoración (due dilligence) de los casi 200.000 activos inmobiliarios tóxicos que le fueron transferidos a Sareb, procedentes de las entidades nacionalizadas (Bankia, CatalunyaCaixa, Novagalicia y Banco de Valencia).

Se desconoce el importe al que ascendieron esos trabajos, que estarían recogidos en la partida de «servicios exteriores» de las cuentas anuales de Sareb. Esta pasó de algo menos de 5 millones en 2012 (cuando Sareb no tuvo actividad) a más de 298 millones en 2013 y 333 millones en 2014.

Una vez en funcionamiento el banco malo, Cuatrecasas fue también asesor de diversos inversores institucionales como Cerberus, Bank of America Merrill Lynch o Canyon Capital Finance, que compraron activos a la entidad como carteras de préstamos, hoteles, viviendas u oficinas en diferentes operaciones.

Cuatrecasas logró su primer contrato con la Sareb tras asesorar al Ejecutivo de Rajoy en la implementación jurídica del Fondo de Financiación de Pago a Proveedores, dotado con un total de hasta 35.000 millones y destinado a sanear deudas pendientes de entidades locales y Comunidades Autónomas en «la mayor operación de financiación de la historia de España», tal y como destacó entonces la firma. Lo hizo prácticamente gratis, ya que realizó ese encargo por la cifra simbólica de un euro.

Al mando del «consejillo»

La creación de Sareb o los recortes a las renovables no fueron responsabilidad directa de Santamaría. No obstante, como número dos de Rajoy y persona de la absoluta confianza del entonces presidente, la entonces vicepresidenta supervisó, frenó, impulsó y dio el visto bueno a todas las normas de los gobiernos del PP durante más de seis años como responsable de la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, el órgano al que en el seno de la Administración se conoce coloquialmente como «el consejillo», encargado de dar cada miércoles el visto bueno (o no) a lo que posteriormente se aprueba en el Consejo de Ministros.

La exvicepresidenta va a aterrizar en Cuatrecasas cuando no han pasado ni nueve meses desde su salida del Gobierno, tras cumplir con todos los trámites exigidos por la normativa aplicable a los altos cargos y al personal al servicio de las administraciones públicas en materia de incompatibilidades.

«Tiene que ganarse la vida, pero quizás es pronto para incorporarse», dice un antiguo compañero suyo en el cuerpo de abogados del Estado, que considera «raro» que Santamaría ni siquiera haya esperado los dos años que marca la Ley de Incompatibilidades, si bien el segmento al que se incorpora (Mercantil) «es el más neutro».

Su desembarco en la firma llega en un momento en el que Cuatrecasas, pese a mantenerse como segundo despacho de España por facturación tras Garrigues, no ha terminado de recuperarse del mazazo que supuso para su reputación la condena, en 2015, para su anterior presidente por ocho delitos contra la Hacienda pública.

Emilio Cuatrecasas se libró de pisar la cárcel gracias a un pacto con la Fiscalía al que no se opuso la Abogacía del Estado, que entonces tenía dependencia directa de Santamaría al estar adscrita a la subsecretaría de Presidencia, «sin perjuicio de su dependencia» del Ministerio de Justicia, en virtud de un Real Decreto de enero de 2012.

Entonces, el responsable de esa subsecretaría era la mano derecha de la vicepresidenta, Jaime Pérez Renovales, que fue ascendido por el Banco Santander a los once días de dejar el Gobierno a su actual cargo, secretario general y del consejo de la entidad.