Albino Prada es miembro de la Consejo Científico de Attac España, publicado originalmente en Tempos Dixital

La organización Médicos sin Fronteras (MSF) ha divulgado su informe sobre el desastre sanitario y humanitario de las residencias de mayores en España durante la crisis del Covid-19 con el rotundo título de “El inaceptable desamparo de los mayores en las residencias durante la COVID-19 en España”.

Aunque ya antes hemos podido seguir de manera singularmente precisa el día a día de esta vergüenza nacional de la mano de Manuel Rico y sus documentados informes, así como del contundente análisis del Dr. Vázquez Vizoso (ver aquí).

Me saldría de mi terreno profesional de querer entrar en los aspectos médicos o sanitarios que centran el informe de MSF, y aunque sus redactores dejan muy claro que en dicho informe “no hablamos por tanto de recomendaciones estructurales o de cambios de modelo (que no son sujeto del trabajo de MSF), sino del impacto que el modelo actual tiene en la salud de este colectivo” (p. 74), me parece del máximo interés recoger aquí lo que sí se dice del modelo de residencias español y de sus letales consecuencias sanitarias en el contexto de esta pandemia.

Para empezar, y apenas me limitaré a enlazar citas textuales del informe citado, el modelo español de residencias de mayores está volcado en la propiedad y/o gestión privada frente a la pública. Un dominio privado (del 85% de las plazas) que el informe asocia al deterioro de la calidad asistencial (en concreto para la anticipación y precaución en una pandemia).

Porque “el sector de las residencias está cada vez más dominado por proveedores privados con ánimo de lucro… existe una preocupación generalizada por la disminución de los estándares de calidad como resultado de los esfuerzos para contener los costes y generar los márgenes de beneficio esperados” (p. 33). Lo que explica que “la mayoría de las residencias estuviesen casi al 100 % de su capacidad al comienzo de la crisis” (p. 40), situación que abocó en plena crisis a “dos dificultades principales para la ejecución de las medidas de sectorización y aislamiento: la inadecuación de infraestructuras y espacios, y la alta ocupación de las residencias” (p. 39).

Tal dominio privado asociado a una reducida oferta pública de calidad (desequilibrio en el que Galicia va en cabeza) favorece un mercado cautivo en la oferta privada de baja calidad médico-sanitaria, lo que “les ha permitido cobrar más por cada plaza, generando largas listas de espera para las residencias públicas con atención médica o de enfermería durante las 24 horas” (p. 45). Un dominio que también favorece la precariedad laboral y un mayor riesgo de contagios, pues “el personal encargado de estos cuidados entra y sale de las residencias y a menudo trabaja en varios lugares, debido a la precariedad laboral, lo que aumenta la posibilidad de contraer y propagar el virus entre diferentes centros” (p. 29). A lo que debe sumarse la “presión mercantil sobre los procedimientos, que conduce en muchos aspectos a la indefinición, así como a la indefensión de los residentes y familiares cuando se produce una falta de atención sanitaria adecuada” (p. 37).

Como bien se ve estamos ante toda una bomba de relojería, que deja bien a las claras las no pequeñas contradicciones entre salud pública y márgenes de beneficio. Será sobre esa base explosiva que otros muchos factores de salud pública –interna y externa- funcionaron muy mal tal como se revisa en el informe (y se resume en sus páginas 66-67 y 72-73) en una tormenta perfecta.

Por citar un ejemplo siniestro: “Denegar la derivación hospitalaria sin ofrecer una alternativa viable adecuada podría incurrir en una omisión del deber de socorro, que actualmente varios tribunales están estudiando” (p. 50), siendo así que “un 44% de las personas mayores que se contagiaron en las residencias nunca fueron derivadas a un hospital y fallecieron en sus centros” (p. 51) y ello a pesar de que en “hospitales, centros sociosanitarios, extensiones hospitalarias, hoteles “confort” o medicalizados u hospitales privados, en todos estos lugares, hubo plazas libres incluso durante las semanas del pico epidemiológico” (p. 56); por no hablar de los recursos sanitarios libres en CC.AA. menos afectadas.

Finalizo esta transcripción de mis notas de lectura. En palabras de MSF: “el inaceptable resultado fue el altísimo número de contagios y fallecimientos en circunstancias indignas” (p. 52) por ejemplo sin acceso a cuidados paliativos (p. 60).

Suscribo las numerosas propuestas (p. 74-83) sanitarias y de salud pública que los autores hacen sin cuestionarse el modelo actual. Pero, por mi cuenta y riesgo, a la vista del mismo, concluyo considerando que ante los miles de muertes indignas (que se han producido por una gestión imprudente en numerosas residencias en combinación con la omisión del deber de socorro) debiera procederse a su nacionalización por parte del Gobierno Central.

Único éste con atribuciones para poder hacerlo según nuestra Constitución. Ya que según el art. 128.2. se podrán intervenir empresas cuando así lo requiere el interés general y según el art. 149, 18ª la expropiación forzosa es una competencia exclusiva del Estado. Para así embridar y ejemplarizar en relación a las imprudencias de salud pública derivadas del temerario ánimo de lucro del desequilibrado modelo actual, bien diagnosticadas por MSF.