Fuente: https://www.sinpermiso.info/textos/argentina-la-intervencion-de-la-cerealera-vicentin-y-la-soberania-alimentaria-dossier Marcelo Ramal Claudio Lozano Julio C. Gambina Damián Bil Viviana Hansi 21/06/2020
Argentina: la intervención de la cerealera Vicentín y la «soberanía alimentaria». Dossier
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Vicentin, la crisis política y los trabajadores y la izquierda
Marcelo Ramal
La cuestión de Vicentín ha dado en las últimas horas varias vueltas de tuerca que, por cierto, no serán las últimas. Después de su reunión con los directivos de la cerealera, el gobierno ratificó la decisión de expropiar la empresa, aunque no dio a conocer todavía la ley que habilita la expropiación. Por otro lado, como la empresa se encuentra concursada, son muchos los que sostienen que la ley sería inconstitucional – el avasallamiento de un poder por otro. No es indiferente, entonces, que el gobierno haya protegido la intervención con una autorización del juez de la causa.
La ley de expropiación deberá dejar en manos de los tasadores públicos el resarcimiento económico que establece la Constitución, lo cual será parte de otro tramo de la crisis política, dada la presencia de acreedores de fuste, como el Banco Mundial y otros extranjeros, por 35 mil millones de pesos, y el Nación, y la Cooperativa Agraria y productores por más de 50 mil millones. En las últimas horas, trascendió que ese grupo de bancos internacionales, liderado por el Banco Mundial, estaba haciendo su propia investigación, que no se limita al concurso judicial, sino al procedimiento llamado “discovery”, que es hurgar las tenencias de Vicentin y sus accionistas en todo el sistema financiero internacional, incluido los paraísos fiscales. El grupo Vicentin, ante esto, ha renunciado al secreto fiscal y comercial.
Así las cosas, la expropiación ha desatado un amplio frente de oposición, que se filtra al interior del propio gobierno. Al menos medio gabinete del gobierno de Santa Fe se opone a la expropiación; en el de Córdoba hay un silencio ensordecedor. No debe sorprender, entonces, que el gobierno está raspando la olla para conseguir el quórum y los votos para la expropiación, y que el escenario político aparezca cada vez más incierto.
En oposición al proyecto oficial se ha articulado un bloque que incluye a Lavagna, al Frente Cívico Social de Santa Fe (socialismo-UCR) y probablemente al massismo. Contigiani, un diputado del PS ligado a la Federación Agraria, presentó un proyecto de expropiación alternativo, que prevé la formación de una sociedad mixta, donde el Estado capitaliza sus acreencias en la firma y toma su control, pero sin prescindir de la patronal de Vicentin. Para ciertos ‘agitadores’ encumbrados, como los periodistas Pagni y Billoti, “Alberto se sacó la máscara” o, más moderadamente, se acabó el palabrerío ‘anti-grieta’ – Argentina vuelve a la “guerra gaucha” o a la ‘guerra civil’ que arrancó con la 125. Esto implicaría una crisis en el comando político de la cuarentena – el trío Larreta-AF-Kicillof.
Entuerto político
Más allá de la cuestionada viabilidad parlamentaria o constitucional de este proyecto ´alternativo´, lo cierto ha dado paso a una fractura al interior de la coalición oficial. Perotti podría alinearse con la variante de Massa-Lavagna-Contigiani, y parece suceder lo mismo con el ministro de Agricultura, que salió a decir que “se enteró por los diarios de la expropiación”. La injerencia de los bancos internacionales, a su turno, cruza la crisis con la cuestión de la deuda, aún irresuelta. Los jinetes del ´proyecto alternativo´ especulan con asestarle un golpe a la fracción kirchnerista del gobierno. Ello no significa, de ningún modo, que tengan las cartas para resolver la crisis de Vicentin.
Este entrevero de intereses condiciona la forma y el alcance de la expropiación. Quienes la apoyan, en las cúpulas de los sindicatos, cometen por lo menos un error de apresuramiento. El reemplazo de una gestión capitalista que ha quebrado, por otra gestión capitalista interesada en salvar los intereses comprometidos, no es una salida para los trabajadores – ni inmediata, ni menos de conjunto.
Que se convoque a un plenario de delegados electos de todas las empresas afectadas, acompañado de la discusión de un pliego de reivindicaciones frente a esta crisis. El Frente de Izquierda ha presentado un proyecto de expropiación sin pago, que obviamente no tendrá tratamiento parlamentario, y sólo podría ser viable bajo el capitalismo y su estado y gobierno, en circunstancias excepcionales. El oficialismo necesita sus votos para sacar el proyecto que sea. La izquierda también debería convocar a un plenario de delegados electos, que esté abierto al movimiento obrero dispuesto a elegir delegados por la base.
El futuro de Vicentin: dólares para el desarrollo y alimentos para el pueblo
Claudio Lozano
Una vez más el pensamiento retrógrado de la derecha argentina se hizo presente con fuerza en la discusión política nacional. Al igual que cuando se discute un impuesto a la riqueza o a las altas rentas, prácticas estas absolutamente normales en el capitalismo desarrollado, levantan la voz como si estuviéramos en presencia de la emergencia de los soviets; de igual modo ante el Decreto de Intervención de la Firma Vicentín y la propuesta de remitir al Congreso un proyecto de expropiación, gritan a viva voz que está en juego la propiedad privada de los medios de producción. Resulta insólito que pretendan presentar las cosas como si estuviéramos frente a un Grupo empresario que exhibe una situación de dinamismo económico y que sin que exista ningún inconveniente, un Presidente resuelve avanzar, por razones ideológicas, con una expropiación. La situación es bien distinta. Se trata de un grupo empresario que en el marco de maniobras que deberán ser investigadas ya que podrían configurar prácticas de tipo fraudulento, ha terminado estafando a cerca de 5000 trabajadores, a miles de productores y a la Banca Pública. En ese marco, la Firma se encuentra paralizada, perdiendo posiciones en el mercado y sobrevuelan distintas alternativas de compra asociadas a grandes jugadores del comercio de granos. Todas las alternativas en danza, tienen como característica que tanto la Banca Pública como los productores deberían aceptar un pagadios a diez años y en algunos casos una quita de capital, con el agravante de que con muy poco dinero se le cedería el control de la firma a capitales extranjeros, concentrando y extranjerizando aun más el comercio exterior de granos y la oferta de divisas de la Argentina. Aceptar alguna de estas variantes sería confirmar la tantas veces repetida historia del Estado bobo. Habiendo enterrado la banca pública casi cuatrocientos millones de dólares en el Grupo Vicentín, terminaríamos cediendo el control a Glencore, Cargill o Dreyfus.
Es en este marco que aparece la intervención por 60 días y la propuesta de expropiación a ser discutida por el Congreso. Se busca de este modo preservar los activos de la empresa, ponerla en marcha y llevar solución a los trabajadores y a los productores. Y por supuesto también, la Banca Pública puede tener hoy mejores condiciones para cobrar o bien para colaborar en la manutención de activos estratégicos en manos públicas. Ya sea por la vía de que YPF le pague (bajo alguna modalidad) la deuda a los bancos públicos, o capitalizando acreencias en función de utilidades futuras. En cualquier caso la situación generada es mejor que la que teníamos antes de esta definición. El tiempo que viene debe ser aprovechado para ir a fondo en la investigación de las maniobras que Vicentín ha desplegado con sus subsidiarias y con sus empresas offshore. Las relaciones con Vicentín Uruguay y Vicentín Paraguay, así como el vínculo con Nacadie Comercial Sociedad Anónima, empresa domiciliada en Santa Fe en el mismo domicilio que el Frigorífico Friar propiedad de Vicentín, y que tiene presencia en Uruguay y en Panamá, deben estar en el centro del análisis.
El crédito que en el marco de muchas irregularidades el Banco Nación le entregara a Vicentín, es en realidad un crédito para financiar las exportaciones de Vicentín Argentina a Vicentín Uruguay. Es un crédito para una operación entre empresas vinculadas. Es sabido que esta práctica suele encubrir precios de transferencia para reducir utilidades y también es un mecanismo que permite declarar en Uruguay lo que no se declara en Argentina eludiendo el pago de impuestos y retenciones en el país y dejando dólares en el exterior. En el caso de Paraguay, la investigación desplegada por un acreedor privado de Vicentín ha comprobado que la subsidiaria del Grupo en ese país es una oficina con no más de ocho empleados, que carece de planta de producción, y que sin embargo, al finalizar el primer bimestre del año pasado era líder absoluto en las exportaciones de soja paraguaya. Vicentín Paraguay tenía un 16% del mercado. Dato este que se desprende del informe de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (CAPECO). No deja de asombrar que sin tener planta alguna Vicentín Paraguay logre semejante performance y más curioso aún es constatar que el principal mercado de destino de la “soja paraguaya” es la propia Argentina. Cuenta la leyenda que las barcazas bajan vacías por el Paraná y se llenan en el Puerto de San Lorenzo, desde donde siguen hacia el resto del mundo. Subdeclaración de exportaciones y su correlato en términos de eludir el pago de retenciones e impuestos y facilitar la fuga de divisas parecen ser las maniobras que han estado a la orden del día en el comportamiento de este Grupo Empresario. El aporte de la AFIP, la UIF y la Inspección General de Justicia en este proceso serán esenciales para demostrar los delitos cometidos y obligar a que los dueños de Vicentín tengan que responder con su patrimonio frente a las deudas.
A la vez avanzar en el proyecto de expropiación dando forma a un nuevo modelo de Grupo empresario de carácter público y no estatal será la otra tarea a encarar. Desde nuestro punto de vista lo lógico sería que el Estado tome control sobre el Grupo Empresario en sociedad con los pequeños y medianos productores y las cooperativas agropecuarias, y dando también representación a los trabajadores. Con los datos del año 2018 puede observarse que El Grupo Vicentín exportó 6,3 millones de toneladas de granos y ACA (Asociación de Cooperativas Agropecuarias, importante acreedor de Vicentín) colocó por su parte, 3,6 millones de toneladas. Una sociedad mixta que incluya a ambos actores (y también a AFA, Agricultores Federados Argentinos) implicaría crear una empresa pública con un potencial exportador equivalente al de los principales jugadores del comercio de granos. Hecho este que le daría al Gobierno Nacional una herramienta muy importante en el control de parte de las divisas (Vicentín facturaba unos 4 mil millones de dólares anuales y podrían ser más ya que la empresa pública no incurriría en los mecanismos de triangulación que el Grupo efectuaba para dejar dólares en el exterior). También esta Empresa Pública podría ser de utilidad para blanquear el comercio de granos que, como es sabido, es un mercado donde desde la pérdida de la Junta de Granos y la privatización de los puertos, la subfacturación de exportaciones y el contrabando están a la orden del día. Asimismo, Vicentín era un gran comprador de materia prima a los pequeños y medianos productores frente a los cuales hacía abuso de posición dominante, y pagaba precios por debajo de lo que correspondía sin diferenciar respecto a la mejor o peor calidad del grano que compraba. Habría que agregar a todo lo dicho la posibilidad de plantear nuevos mecanismos regulatorios en el mercado de alimentos a efectos de mejorar el control de precios en dicho sector. Por ejemplo, en el mercado de trigo actuando como comprador de último recurso, regulando así la provisión interna y el movimiento de los precios. En suma, dólares para el desarrollo, blanqueo del comercio de granos, mejores precios para los pequeños y medianos productores y mayor capacidad para regular el abastecimiento y los precios de los alimentos de nuestro pueblo. Estas son las virtudes que tendría que resolver la estafa de Vicentín con la creación de una empresa pública no estatal que asocie al Estado con las cooperativas agropecuarias. No son pocas.
Vicentin y la deuda pública en discusión
Julio C. Gambina
El Estado capitalista gestionado por Macri facilitó créditos vía Banco de la Nación Argentina (BNA) por más de 18.000 millones de pesos al grupo Vicentin que, en diciembre 2019 con el cambio de gobierno, denunció “estrés financiero” ante deudas acumuladas en el país y en el exterior por más de 99.000 millones de pesos. Traducido en lenguaje sencillo, dificultades del grupo Vicentin para cancelar sus deudas, con bancos locales y extranjeros; con proveedores diversos, especialmente miles de productores que entregan su materia prima para la industrialización y exportación al Grupo; incluso accionistas y agencias de recaudación del Estado, como Aduana y DGI. La estafa empezaba a hacerse pública.
Lo que ocurrió es una cesación de pagos, que no escandaliza a los “privatistas”, tal y como se preocupan cuando es al revés, caso del Estado sustentando un default de su deuda con privados. La gran preocupación del poder económico es que el país no suspenda los pagos de deuda, mucho menos que se la investigue. Por eso ejerce una fuerte presión para ceder y acordar con los acreedores, otorgarles los “endulzantes” que estos solicitan, aún con un gran costo que va en desmedro de insatisfechas necesidades sociales. Al contrario, si el default es privado, para los defensores del mercado, el Estado no debe inmiscuirse, salvo subsidiando, aun cuando un banco oficial haya sido una pieza imprescindible para garantizar la estafa de imposible cancelación. Es más, seguramente agregaran que, ante las dificultades de la entidad financiera, esta debería privatizarse por ineficiencia.
Más curioso aún resulta, cuando los empresarios explican que el tema que complicó la situación fueron las elecciones primarias que anticiparon un cambio de gobierno en la Argentina. Es insólito, pero eso sostienen, con lo que los responsables serían los votantes, que al no elegir lo que la empresa quería, se les dificultaron los negocios. ¿Acaso, de haber continuado Macri no habría habido problemas económicos en Vicentin? Claro, en el imaginario empresario se incluía la canilla financiera abierta de la banca pública y la fantasía del apoyo internacional, en similar situación que la esperada lluvia de inversiones por el macrismo que nunca llegó. El argumento pone de manifiesto el carácter inescindible entre economía y política que siempre hemos sustentado, que para el caso en cuestión hace evidente el sentido del Estado capitalista al servicio del capital. Un Estado que gestiona créditos del mercado mundial para financiar el capitalismo local, a costa de la sociedad y que ahora negocia para pagar el préstamo del FMI y las inversiones especulativas de los Fondos de Inversión.
Resulta evidente que el default de Vicentin tiene un elevado costo para sus trabajadoras y trabajadores con incertidumbre sobre el presente y futuro cercano, para los pequeños y medianos proveedores de la firma, para la banca pública y las agencias de recaudación, que en la lógica del mercado debían esperar que alguna otra empresa (por las dimensiones de los negocios imaginamos extranjera) la absorba y luego, quizá, restablecer los negocios para atender las obligaciones. Son argumentos dentro de una lógica que imagina al mercado resolviendo todo por sí mismo. Claro que esa lógica de mercado incluyó la previa decisión estatal de prestarle al grupo empresario una gigantesca e impagable cifra que, por ahora, de no mediar intervención pública, tenía destino en la cuenta de pérdidas del BNA. Del mismo modo imaginan cumplir, sin investigar, con una deuda pública sospechada de ilegal, ilegitima y odiosa.
El anuncio oficial de expropiación genera debates sustantivos
A seis meses del estrés aducido por Vicentin y la convocatoria de acreedores, el Presidente de la Argentina anunció la “intervención” de la empresa por parte del poder ejecutivo, la “expropiación” por medio de una ley a discutir en el Congreso Nacional, y un nuevo rumbo en política productiva agraria orientado por la “soberanía alimentaria”. Se habilitó entonces un debate trascendente.
La respuesta del sector privado concentrado en empresas y cámaras empresarias fue inmediata y crítica, de desaprobación, con un rotundo no al “estatismo”, incluso desmereciendo la alusión al rumbo soberano de la producción agraria. Resulta interesante el desinterés del “sector privado” por criticar la estafa del grupo empresario, que incluye la evasión y elusión fiscal, muy bien estudiado por el grupo rosarino MATE [1], sin ninguna preocupación por la investigación de esas deudas. Queda pendiente aún la calificación del delito incurrido por los responsables de la gestión empresarial ante los entes de recaudación y las autoridades monetarias y del comercio exterior, e incluso de quienes favorecieron desde la banca pública los incobrables préstamos. ¿Quién y porqué se facilitó el endeudamiento desde el BNA y otros bancos oficiales? ¿Qué destino tuvieron los recursos? ¿Se orientaron esos fondos a la actividad específica de la empresa o se destinaron a otros fines? Son interrogantes similares que nos hacemos ante la estafa de la deuda pública y por eso impulsamos la auditoria de la deuda con participación popular, al tiempo que se demanda se suspendan los pagos.
Toda la argumentación del poder económico se concentra críticamente en la intervención estatal, que insistamos, excluye la previa al momento del financiamiento del BNA, el principal banco del sistema financiero local. Es una lógica de poder, sustentada con el aporte de medios de comunicación que actúan en la disputa del consenso social. Puede parecer ilógico que sectores sociales objetivamente perjudicados por el accionar delictivo empresarial actúen en sustento de las posiciones esgrimidas por el poder, sin embargo, es un resultado de la lucha ideológica que afirma un rumbo reaccionario en buena parte de la región y del mundo. No es menor el impacto ideológico de una subjetividad individualista y a contramano de la satisfacción social de necesidades, construida por casi medio siglo. A no sorprenderse por caceroleos a favor de la propiedad privada del núcleo concentrado del poder.
Desde el gobierno se insiste que se trata de “rescatar” la empresa, las fuentes de trabajo directas e indirectas, tanto como asegurar el papel de exportador y receptor de divisas. No queda claro entonces, como sostener el modelo productivo del agro-negocio de exportación al que se asocia la empresa con la propuesta de avanzar en el rumbo de la soberanía alimentaria. Esta última es una categoría sustentada por el movimiento campesino a fines del Siglo XX, en confrontación con el concepto de seguridad alimentaria, que remite a la posibilidad de atender la alimentación de la población sin discutir el modelo productivo. Por el contario, la soberanía alimentaria sustenta un debate relativo a qué producir, cómo producir, distribuir e incluso que tipo de consumo es necesario estimular. Con la seguridad alimentaria no hay problema en un destino mayoritario de exportación de la producción, ni en la subordinación a la lógica de las trasnacionales que definen el paquete tecnológico. Tampoco preocupa el despoblamiento de las zonas rurales o su contaminación vía fumigaciones o difusión de químicos diversos. El privilegio pasa por el rinde y la ganancia, por encima de la salud y el deterioro del suelo, las aguas o el medio ambiente.
Por eso aludimos a la importancia del debate sobre la soberanía alimentaria y el cambio del modelo del agro-negocio. No debe extrañar la estafa empresaria en una lógica de mercado con el Estado a su servicio. ¿Es posible cambiar el modelo productivo y el Estado? Desde luego, lo que supone acudir a objetivos de transformación de las formas de organización de la producción y las relaciones socioeconómicas, base de sustentación del objetivo por la soberanía alimentaria. Se sepa o no, la categoría es antagónica con la lógica del orden capitalista, por lo que en sí misma la propuesta solo funcionará si existe la decisión de confrontar con el poder e iniciar un proceso de transición hacia otra lógica de organización social de la economía.
Ese es el debate que se habilitó en estas horas y que anima la discusión por el presente y el futuro. No es solo el tratamiento de qué hacer con la deuda de una empresa, o si se quiere con la deuda pública, sino de identificar qué tipo de Estado y de Sociedad es la que se pretende construir.
Notas:
[1] Cómo funciona la compleja operatoria con la que muchas grandes agroexportadoras evitan el pago de impuestos en el país. Entrevista a Sergio Arelovich, docente de la Universidad Nacional de Rosario, asesor de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y experto en seguimiento de mecanismos de triangulación. Infobae del 2/05/2020, en: https://www.infobae.com/economia/2020/03/02/como-funciona-la-compleja-op… (consultado el 13/06/2020)
https://juliogambina.blogspot.com/2020/06/vicentin-y-la-deuda-publica-en-discusion.html
Costumbres Argentinas. Sobre la intervención en Vicentín y la economía vernácula
Damián Bil, Viviana Hansi
El anuncio de la expropiación de Vicentín generó la emoción del nacionalismo, incluso de ciertas voces de izquierda. Secundaron los argumentos del gobierno, que señaló que la intervención tendría el objetivo general de alcanzar la “soberanía alimentaria”, evitar la concentración del sector y el supuesto control de precios por las grandes firmas exportadoras e intervenir en el ingreso de divisas procedentes de la agroexportación, como las más relevantes. Veamos las implicancias del asunto.
El lunes 8 de junio, Alberto Fernández anunció que el gobierno intervendrá por sesenta días el grupo agroindustrial VicentínS.A.I.C. de Avellaneda (Santa Fe), uno de los principales operadores del mercado de granos y derivados del país (aceites, harinas, biodiesel), para luego proponer un proyecto de expropiación al Congreso.[i] En el pliego del decreto que circuló por diversos medios, se señalaba que la firma, que desde diciembre último está en cesación de pagos, contaba a la fecha con una deuda de casi 100 mil millones de pesos, distribuida entre 2.000 acreedores. En febrero de 2020 se había declarado en convocatoria de acreedores. Por su situación había vendido a su socio, la multinacional Glencore, su participación en la firma Renova S.A., empresa de biodiesel con plantas en San Lorenzo y Timbúes. En el mismo documento, se destaca además el efecto de la pandemia, que habría cortado el suministro de materia prima que le brindaban los empresarios rurales, afectando su operación. Conforme surge del expediente del concurso, Vicentín tiene una deuda de casi 64 mil millones de pesos con entidades financieras locales y extranjeras. Sus principales acreedores en el ámbito local son el Banco Nación, el Provincia, el de Inversión y Comercio Exterior, Ciudad, Hipotecario, Macro, de Entre Ríos, Itaú, y el Nuevo Banco de Santa Fe. Además, acumulaba un pasivo en moneda extranjera equivalente a 30.153 millones de pesos con entidades financieras internacionales como International Finance Corp., Netherlandese Financerings y el ING – Tokyo Branch. Particularmente sensible es su deuda con el Nación, por 18 mil millones de pesos, adquirida bajo el gobierno de Macri, gestión que los dueños de Vicentín apoyaron.[ii] El proyecto también señala la delicada situación de los trabajadores de la empresa, unos 5.628, no solo en el sector aceitero, sino también en otras secciones del grupo (en las ramas algodonera, vitivinícola y frigorífica). La solución propuesta, entonces, sería la creación de un fideicomiso, cuyo fiduciante sería YPF Agro S.A.
El anuncio generó la emoción del nacionalismo, incluso de ciertas voces de izquierda. Secundaron los argumentos del gobierno, que señaló que la intervención tendría el objetivo general de alcanzar la “soberanía alimentaria”, evitar la concentración del sector y el supuesto control de precios por las grandes firmas exportadoras e intervenir en el ingreso de divisas procedentes de la agroexportación, como las más relevantes.
La oposición criticó el proyecto señalando que la empresa, si bien con problemas financieros, no está en una situación insalvable. Asimismo, se señaló un problema de procedimiento, puesto que al estar en convocatoria de acreedores, correspondería que en caso de intervención sea dictaminada por el Poder Judicial y no por el Ejecutivo. En ese caso, los accionistas podrían responder con acciones legales incluso en tribunales internacionales, como hicieron los Eskenazi en el caso de YPF. Pero vayamos más allá de estas cuestiones superficiales y analicemos elmeollo del asunto.
El ascenso de un grupo económico
Vicentín inicia su historia como empresa familiar de ramos generales en Avellaneda, Santa Fe, en 1929. A comienzos de 1958 erigen una planta desmotadora de algodón y una procesadora de aceite, y se constituyen en S.A. En 1966 adquiere carácter industrial al incorporar el proceso de extracción por solventes en la molienda, que eleva la productividad y permite la inserción en la rama. En 1979, montan su segunda planta de molienda (soja y girasol) en Ricardone y nuevas unidades de desmote de algodón. En 1987 inició operación en su terminal de embarque propia, en San Lorenzo, donde en 1997 levantaron otra planta de molienda de soja. En 2005 se crea Vicentín de Paraguay y se abre en San Lorenzo la cuarta planta. Para ese entonces, la capacidad de molienda oleaginosa se ubicaba en las 20.500 toneladas diarias, en cuarto lugar luego de Cargill, AGD y Molinos. Para 2017, trepó al segundo lugar con 29.500tn/día, 1.500 menos que AGD.[iii] Asimismo, a comienzos de este siglo XXI diversificaron su actividad con la incursión en el negocio textil, vitivinícola, la compra de los frigoríficos Friar, la constitución de una cabaña de engorde y en 2016 la compra de parte del negocio de frescos de Sancor. En 2007, empezaron con la producción de biodiesel: junto a Oleaginosa Moreno y Molinos conforman Renova, una joint venture que será propietaria de la planta más grande de Sudamérica en esta producción.[iv]
En la actualidad, el aforo de almacenaje supera los 1,3 millones de toneladas. La capacidad para producción de biodiesel alcanza en sus dos plantas las 1.900 toneladas diarias (684.000 al año). A su vez, la terminal de embarque en San Lorenzo tiene una capacidad de carga de 2.400 toneladas por hora en sólidos y de 1.500 en aceites. El grupo llegó a facturar 3.000 millones de dólares al año, incluyendo 104 millones en 2018 por exportación de cereales sin procesar.
La caída
Para expandir su operación, años atrás la empresa empezó a echar mano de ciertos mecanismos comunes, como el endeudamiento por crédito, en gran parte para prefinanciación de exportaciones. A su vez, la empresa acumuló deudas fiscales. La Aduana de San Lorenzo le reclama, por derechos de exportaciones que no habrían sido abonados en 2012-2013, una cifra cercana a los 38 millones de dólares. El fisco también le impuso una multa de 426 millones de pesos por falta de liquidación de divisas. Vicentín decidió rechazar en la justicia estas demandas, que se encuentran aún en proceso.
Pero ello no fue todo. En los últimos años, Vicentín comenzó a endeudarse con proveedores (de materia prima, que suman casi 2.000), prestadores de servicios, y sobre todo con “generosas” entidades financieras, como el Banco Nación. En efecto, la banca pública es el mayor acreedor de la empresa, por valor de 18.182 millones de pesos. Le siguen en monto la International Finance Corp. con 16.505 millones, el Netherlandse Financierings con 9.228 millones, la Asociación de Cooperativas Argentinas con casi 5.000 millones, el ING Bank Tokyo Branch con 4.420 millones, Vicentín de Paraguay por 4.080 millones, el último Fideicomiso de Financiación de Exportación (Vicentín Exportaciones VIII) con 3.140 millones, Commodities S.A. con 2.780 millones, como los principales.[v] Todas estas deudas juntas hacen un monto de casi 100 mil millones de pesos.
Del análisis del último balance público disponible (cerrado en octubre de 2018), se percibe que la empresa tiene un alto endeudamiento en dólares. Su pasivo, en ese entonces, era muy superior a su activo en esa moneda: 1.109,2 millones contra 433,5 millones. O sea, un saldo negativo de 675,7 millones de dólares. Incluso en el activo, más de la mitad son deudores por cobrar. Aclaremos que esa situación en la actualidad es más acuciante, puesto que el endeudamiento en dólares se incrementó en el período y por la violenta devaluación del último año y medio. Es decir, una hipotética nacionalización se encontraría con un “muerto” a levantar de varios cientos de millones de dólares. Otra vez, se nacionaliza para sanear una deuda.
En el pasivo en dólares de 2018 se incluyen 751 millones por prefinanciación de exportaciones, 217 millones de préstamos bancarios y 50 millones de fideicomisos financieros. Observamos que lo más grueso está vinculado a la exportación de productos. La prefinanciación, préstamo otorgado “para financiar el proceso productivo y acondicionar las mercancías”, permite a una compañía hacerse de efectivo rápido pasando a un fideicomiso los derechos de cobro por envíos al extranjero. Ello tiene como ventaja la posibilidad de acelerar el flujo de caja en un período relativamente corto de tiempo; pero como contrapartida genera un pasivo en dólares creciente. En cuanto al mecanismo, el tomador del crédito debe aplicar el cobro de divisas por la exportación a cancelar el préstamo con sus intereses.También puede instrumentarse por cesión de derechos de exportación: el banco adelanta los dólares al exportador, por el valor del bien a exportar descontados los intereses de la operación. Recibido el envío por el importador, este paga directo a la entidad financiera. Si gira un importe mayor, la entidad paga el excedente al exportador. Pero si desde el destino comprador no pagan o abonan un importe menor, el exportador como deudor debe hacerse cargo de saldar el déficit con el banco. Debe tomarse en cuenta que las exportaciones pueden estar sujetas a modificaciones, como una venta menor a la pactada por fallas en el producto o cambios en las condiciones, o puede ocurrir que el embarque nunca se realice. A su vez, estey otros mecanismos permiten a una sociedad por medio de maniobras administrativas, efectuar cobros de exportaciones en filiales en el exterior. Esta es una de las tantas vías que utilizan los capitalistas para eludir las restricciones del mercado de divisas local, permitiéndoles recibir divisas rápidamente para importar, cobrar o liquidar los dólares en subsidiarias ubicadas en países donde el tipo de cambio les es más favorable, etc.[vi] Esto no coincide con la visión de “vaciamiento” esgrimida por algunos sectores de izquierda,[vii] que atribuyen estas situaciones a comportamientos pérfidos de burgueses locales (por lo general de gran tamaño) que buscan desguazar firmas con la connivencia del Estado. En realidad, lo que hizo Vicentín es lo que hace cualquier burgués, más aún en la Argentina. Cobra afuera como manera de proteger su activo ante las restricciones e impuestos del mercado cambiario, como también realiza maniobras para escapar a la recaudación del fisco, etc., etc. Pero esa es la forma en que se comporta toda la burguesía (nacional y extranjera) que opera en el país y no equivale a “vaciamiento”.
Vicentín echó mano de este mecanismo en el mercado de capitales y en la banca nacional y extranjera. Le funcionó durante cierta cantidad de años para tener un flujo de divisas y expandir el negocio, aunque tensando la cuerda, en una coyuntura política favorable a la empresa. Hasta que no pudo hacer frente a las obligaciones. En el caso del último fideicomiso, Vicentín Exportaciones VIII, ocurrió que no se produjo el embarque financiado, por lo cual no se ejecutó el cobro y el monto acordado, de casi 52 millones, pasó a engrosar el pasivo.Eso precipitó la cesación de pagos y el llamado a convocatoria. Ejemplo de esta situación de ahogo patrimonial es la relación con el mayor acreedor, el Banco Nación (BN). Se menciona desde el año pasado los crecientes montos que la entidad prestó a la empresa, sobre todo el desembolso de 28 préstamos en noviembre de 2019 por 108,1 millones de dólares, poco antes de que el grupo se declarara en cesación de pagos.[viii] No obstante, la cifra que el BN informa sobre el deudor en el Banco Central no registra cambios significativos si se expresa en dólares, tomando el valor del dólar mayorista del BCRA promedio mensual. Esto significa muy probablemente que los préstamos se otorgaron como refinanciación de deuda anterior. En esa dirección, en diciembre de 2019 el BCRA cambió la calificación de Vicentín en la Central de Deudores que utiliza el sistema financiero, de Rango 1 (“Normal. Atraso en el pago que no supere los 31 días”) a Rango 4 (“Riesgo alto. Atraso en el pago de más de 180 días hasta un año”), lo que es temporalmente imposible puesto que entre ambas calificaciones solo transcurrieron 30 días. Ello indicaría que la situación de la compañía no era tan confiable previamente y se le mantuvo el Rango 1 a sabiendas de que ya no le correspondía, o bien, que se realizó algún tipo de maniobra por la cual se empeoró arbitrariamente su situación a posteriori.
Falsas ilusiones
Para desbrozar los argumentos que se están esgrimiendo, es necesario entender el peso de Vicentín en el conjunto de la actividad y el volumen del negocio general. En primer lugar, una cuestión acerca de la mentada “soberanía alimentaria”, uno de los principales argumentos de los defensores de la medida. En este punto, algo de lo poco que destaca al capitalismo argentino es la capacidad de producir alimentos en forma competitiva. Según la UBA y la Federación de Graduados en Nutrición, restando lo que se exporta, lo que se destina a consumo animal u otros usos y los residuos, hay suficiente alimento para cubrir la necesidad calórica de 60 millones de personas. Y esto, reiteramos, restando los alimentos exportados.[ix] En datos de INDEC (Estadística de Productos Industriales), en la Argentina se produjeron solo en un año recesivo como 2019 más de 1.000 millones de litros de leche, más de 4,4 millones de toneladas de harina de trigo, más de 9 millones de toneladas de aceites comestibles, 430 mil toneladas de queso, 277 mil toneladas de yerba, y se faenaron 14 millones de bovinos y casi 7 millones de porcinos. A su vez, los complejos oleaginosos y cerealeros y la industria de alimentos y bebidas explicaron el 62% del valor de todas las exportaciones del país. Bajo el gobierno de Macri, la exportación oleaginosa promedió casi 19.000 millones de dólares por año, mientras el cerealero aportó 8.300 millones. Desagregando estos datos, se exportaron cereales por 9.420 millones, frutos oleaginosos por 4.097 millones, grasas y aceites por 4.703 millones y desperdicios y residuos de la industria alimenticia por 9.525 millones. Por contrapartida, las importaciones de productos del reino vegetal sumaron en millones de dólares apenas 356, las de productos alimenticios 800, cereales 29, y grasas y aceites solo 73. En el top 10 de los productos individuales más exportados, destacan las partidas de este origen: harinas y pellets de la extracción del aceite de soja (1° con 8.809 millones), maíz en grano (2°, 5.930 millones), poroto de soja (4°, 4.008 millones), aceite de soja (5°, 3.451 millones), trigo (6°, 2.456 millones), carne bovina (7°, 2.249 millones).En términos de saldo de divisas, los sectores oleaginoso-cerealero junto al resto de la actividad agropecuaria y a la industria de alimentos son de las pocas actividades que generan un superávit, con poco más de 30.000 millones de dólares de saldo positivo durante el último año (frente al rojo de 10.000 millones de la industria manufacturera o los casi 4.000 millones de déficit del sector servicios).[x] Hay que destacar que buena parte de los agentes del negocio agropecuario y alimentario son empresas nacionales. En la Argentina sobran alimentos, incluso “sobran” los que se quedan dentro en el país. Los niños no se mueren de desnutrición por falta de soberanía, sino por capitalismo. No porque falten alimentos, sino porque la organización privada de la producción les impide acceder a ellos.
En cuanto a la amenaza de la concentración y una supuesta distorsión de los precios a futuro, hay que destacar que existen por lo menos quince firmas que operan con cierto peso en la actividad, y una miríada de otras más pequeñas. Si bien hay grandes jugadores, no hay un líder que destaque sobre otro. En 2018, ocho firmas tenían individualmente entre el 7% y el 14% de la producción; y en la campaña 2018/19 por lo menos diez compañías registraban cada una entre el 5% y el 14% del total. No es un mercado de alta concentración, como ocurre por ejemplo en sectores con pocos agentes como el siderúrgico, o en la producción de aluminio; antes bien se asemeja al mercado automotriz. Aun desde el marco liberal de la “competencia perfecta”, ni siquiera es un sector candidato a oligopolio. Por añadidura Vicentín, si bien con una posición relevante, no es líder de la actividad: en 2018/19, ocupó el 6° lugar en volumen físico de exportación con el 8,6% de los envíos totales, aunque liderando el subrubro de aceites y derivados en las dos últimas campañas (sobre AGD y Oleaginosa Moreno). Por otro lado, hay dos elementos que afectan los precios de producción y de mercado que escapan a la capacidad de cada firma particular: por un lado la capacidad ociosa del sector, que se ubica en torno al 40-45% desde hace varios años. A su vez, existe una realidad a nivel internacional que tiende a deprimir los precios que perciben las empresas, vinculada al ciclo descendente de los precios de los commodities: la harina de soja, de la cual Argentina es el principal exportador mundial, luego de alcanzar un máximo de 646 dólares por tonelada en septiembre de 2012, cotizó en abril a 363,8, un 44% menos; el aceite de soja, que luego del pico de 2008 volvió a valores similares en 2011 (1.374 dólares la tonelada en enero de ese año), en abril último se pagaba 680 dólares, la mitad. El de girasol, de los 2.045 dólares por tonelada de junio de 2008 pasó a las 732 de abril de este año. El trigo a granel, de 360,8 dólares la tonelada en noviembre de 2012, se vendió a 219 promedio en abril. Esta situación es la que se encuentra detrás de la caída del valor de exportaciones en la balanza comercial argentina (aún cuando se mantuviera el volumen o incluso se incrementara), y es elemento relevante en la crisis fiscal y económica que se hace evidente al menos desde 2013.
En cuanto a la posibilidad de controlar las divisas, hay que realizar una serie de aclaraciones. En primer término, el Estado tiene un control de la circulación de moneda extranjera por mecanismos como los derechos de exportación y por la obligación de liquidar divisas que tienen los exportadores. En segundo término, en una hipótesis de estatización, el Estado se podría agenciar la percepción directa de esos dólares. Pero cabe recordar que la participación de Vicentín en el mercado exportador de cereales es acotada, con una gran cantidad de participantes. A diferencia del caso venezolano, donde a partir de la propiedad de una sola firma exportadora (PDVSA) el Estado controla y dispone de buena parte de las divisas que ingresan al país, en la Argentina la estructura agroexportadora es más compleja. Aquí, según datos del balance de la firma en 2018, al tipo de cambio promedio del ejercicio (35,75 pesos) las ventas al exterior sin contar retenciones sumaron el equivalente a 2.842 millones de dólares. En el mismo período, la liquidación de divisas de los industriales oleaginosos informada por la cámara aceitera y el Ministerio fue de 21.069 millones de dólares. En ese punto, las divisas de Vicentín representarían un 13%. En comparación a las exportaciones totales del país, un 5%. Aun siendo un monto no despreciable, en el contexto de los problemas económicos de la Argentina, es apenas una curita. Todo este análisis muestra que el anuncio tiene, en realidad, otro trasfondo.
Deudas para todos, activos para pocos
No es la primera vez que se plantea una medida de este tipo, ni aquí ni en el mundo. La crisis fenomenal que atravesamos hace que estos proyectos como el de Vicentín (bastante tibios comparados con otras experiencias) sean festejados como gloriosas conquistas de la soberanía nacional, cuando en realidad nos aprestamos a presenciar otro gran negocio de salvataje para la burguesía (licuación de deudas, ordenamiento financiero y cesión o venta a otro grupo inversor). La estatización de empresas fundidas es una tradición argentina, casi como el mate o el asado. Pasando por los acuerdos Eady-Miranda para la compra de los ferrocarriles, la nacionalización de empresas quebradas en los ’70 mediante los regímenes de rehabilitación, donde se tomó el control de firmas como los frigoríficos Swift y Fasa, la estatización de la Ítalo Argentina de Electricidad y el caso del Grupo Greco de Mendoza bajo la última dictadura militar, hasta la mentada reestatización de YPF y el caso de Ciccone Calcográfica, estas medidas son costumbre en el intento de recomponer empresas quebradas a expensas de las arcas públicas. No para mejorar las condiciones de vida de la población, sino para relanzar el negocio. En efecto, el anuncio contó con el beneplácito de un sector del agro (la Federación Agraria, que encuentra la posibilidad de ver honradas las obligaciones que tenía Vicentín con sus asociados y quizás arañar parte de la torta), y sobre todo con el aval de Glencore y los acreedores internacionales, que buscan recuperar los préstamos por más de 500 millones de dólares que entraron en cesación de pagos.
Ahora, empieza el momento de la rapiña, entre los acreedores, los que buscarán quedarse con el control de todo o de parte de la empresa, viejos operadores políticos (cuando no, José Luis Manzano picó en punta) y nuevos, que pueden oficiar como testaferros de los capitostes del partido gobernante, competidores del mercado local o internacional (como un ex CEO de Dreyfus, Echesortu, que habría acercado una oferta; o la propia Glencore en asociación con YPF Agro si se logra sanear la empresa en el mediano plazo). Como se vislumbra, esta medida presentada con ínfulas progresistas prepara en realidad otro negocio para algún burgués particular, o para un grupo de burgueses, locales o extranjeros, luego del correspondiente saneamiento del pasivo privado. Es decir, se estatiza el pasivo para entregar un activo. El “vaciamiento” es del Estado argentino. En estas condiciones, no puede traer mejoras para la masa trabajadora. Solo una verdadera expropiación del conjunto del negocio agroexportador, bajo un Estado socialista, puede utilizar esa inmensa riqueza producida en el agro pampeano para generar un proceso de desarrollo de las fuerzas productivas que beneficie al conjunto de la población.
Notas:
[i]BAE Negocios, 8/6/2020.
[ii]Lozano, Claudio: 1er informe sobre la situación de la firma Vicentín, Banco Nación, 16/1/2020, p. 3.
[iii]Bergero – Rozadilla: Cambios en la última década en el ránking de empresas procesadoras de oleaginosas en Argentina, Bolsa de Comercio de Rosario, abril de 2018, p. 5
[iv]Información del sitio web de la firma, Infobae, 16/2/20, yEcos365, 8/6/2020.
[v]El Litoral, 9/6/2020.
[vi]Esto se pudo hacer con mayor facilidad entre noviembre de 2017 y septiembre de 2019. En noviembre de 2017, el Gobierno decidió eliminar la obligación de liquidar en el mercado de cambios las divisas provenientes de exportaciones. Esto rigió hasta septiembre de 2019, cuando la comunicación A 6770 de BCRA indicó que las divisas por cobros de exportaciones deberán ser ingresadas y liquidadas en el mercado local de cambios dentro de los 5 días hábiles de la fecha de cobro.
[vii]Izquierdaweb, 10/6/2020.
[viii]Legajo de Acreedor N° 1 Banco de la Nación Argentina de “Vicentín S/concurso preventivo”.
[ix]Chequeado, 25/11/2019.
[x]Información de Intercambio Comercial Argentino, INDEC y Anexo del Mercado de Cambios del BCRA.
economista, profesor universitario y militante del Partido Obrero (Tendencia).
Dirigente Nacional de Unidad Popular en el Frente de Todos y director del Banco Nación.
Doctor en Ciencias Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Profesor de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario y de la FCEJYS de la Universidad Nacional de San Luis, Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, e Integrante del Comité Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO (2006-2012). Integra la Presidencia de la Sociedad Latinoamericana de Economía Política y Pensamiento Crítico, SEPLA desde 2016. Director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, IEF-CTA Autónoma.
son miembros de OME (Observatorio Marxista de Economía).