La pregunta es fácil, aunque no la leo ni escucho en las reflexiones que se están publicando. Por si no me he enterado, comienzo por sumarme a quien la haya planteado.

¿Sabían los directivos de AENA en mayo de 2019 que unos meses después pondrían en marcha una “reforma” del aeropuerto de Mallorca con un presupuesto inicial cuyo importe, al valor presente, es un 53% más elevado del que se aprobó para construir el actual, hace 25 años?

Si es que aquel, el inicial, lo fue de 40.000 millones de pesetas, tal como he leído, porque no he buscado en cuanto se excedió al final de la obra. Pero tampoco hay nadie capaz, en este momento, de saber a cuánto ascenderá el que se acaba de anunciar, que comienza con 559 millones de € o, lo que es muy parecido, cerca de cien mil millones de las antiguas pesetas.

La única respuesta posible es afirmativa porque, de lo contrario, esos directivos serían unos improvisadores irresponsables. No estamos hablando de la respuesta a un terremoto ni a ningún desastre imprevisto, sino de una decisión que se ha tomado tras más de 20 años de un control sistemático de millones de datos de actividad aeroportuaria. O así debería ser.

Tanto si fue solo por “error” de falta de respeto a la sociedad, como si lo fue por cálculo interesado, lo cierto es que AENA hurtó al electorado y a los candidatos a las Autonómicas de Baleares el debate sobre un proyecto que condicionará su futuro durante décadas.

Tal debate, de haberse producido, habría permitido conocer las posturas de cada candidatura antes de votar, lo que, quizás, habría modificado los resultados en las urnas.

Se ocultó un plan para un aeropuerto con 30 millones de pasajeros al año que está ubicado en un territorio limitado, isla, con menos de un millón de habitantes y, por tanto, más frágil y sin alternativas al avión, como medio de transporte, que sean suficientemente rápidas y menos contaminantes.

Se supone que, para “no contaminar” las urnas, nadie informó de un proyecto decisivo a sabiendas de que, después, los representantes elegidos poco podrían hacer para oponerse o forzar cambios.

Como tantas veces, los que de verdad mandan consideran preferible que la gente vote a ciegas, o confundida por los bulos y la demagogia.

Desde que el proyecto ha visto la luz la polémica se ha centrado en el contenido, algo imprescindible. Por un lado, hay mucha desconfianza ante el impacto medioambiental, y también se quiere impedir la consolidación de un modelo que, por ejemplo, acaba de necesitar la aprobación de una ley contra el turismo de excesos a la que solo se ha opuesto Vox. En el otro están los que defienden que no se puede rechazar tanto dinero, que serán puestos de trabajo, etcétera.

Pero sería un error que la sociedad optara, únicamente, por responder a la defensiva ante quien lleva varios cuerpos de ventaja y ha previsto hasta el último detalle en su estrategia, sabiendo que la oposición iba a ser potente. ¿O acaso ignora AENA, por seguir con los ejemplos, que la alcaldía de Barcelona pidió la supresión del Puente Aéreo con Madrid para reducir la contaminación?

El artículo 23.1 de la Constitución dice que “Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes”. Y que ambas “participaciones”, tanto la directa como la otra, la única que se ha empleado, son “derechos fundamentales”.

Y el artículo 53.1 establece que esos derechos fundamentales “vinculan a todos los poderes públicos” y que las leyes que para su aplicación se aprueben “deberán respetar el contenido esencial” de esos derechos.

El “contenido esencial” del derecho que debe reclamarse para revertir una situación de hechos consumados creada por AENA es el de “participar en los asuntos públicos directamente”.

Y esa “participación directa”, dadas las circunstancias y las consecuencias de un proyecto que, si fracasara, pagarían los que no pudieron decidir, como siempre, solo tiene un nombre.

Se llama referéndum vinculante para decidir si Baleares acepta esa “reforma” del Aeropuerto, otra diferente, o ninguna. Y si no hay ley pequeña que lo contemple, que se apruebe ya, que la grande lo permite. Y si el Gobierno de Coalición P. la quiere recurrir al Constitucional, le recordaremos a Sánchez lo que él mismo dijo la semana pasada: “Resulta difícil ponerse de acuerdo sobre el momento en que se torcieron las cosas”. Si, fue en una rueda de prensa celebrada en la Barcelona más alejada que nunca del resto de España.

Invitados por Biel Ramis, de Canal 4 TV Mallorca, el profesor de la UIB y ex vicepresidente del Govern Balear Josep Ignasi Aguiló, y quien firma lo que usted está leyendo, tuvimos la oportunidad de hablar durante casi quince minutos sobre el aeropuerto.

Se emitió en directo el 7 de febrero y aparece entre los minutos 16:15 y 29:00 del vídeo:

https://youtu.be/jTRAhVyi_Nk?t=975

Solo ante el reto de un referéndum sobre su proyecto, y sobre los efectos irreversibles, negativos, o quien sabe, que afectarán a Mallorca y Baleares, AENA se verá obligada a defenderlo, y unos y otros se esforzarán de verdad a la hora de exponer sus mejores argumentos y con conocimiento (completo) de causa.

Y hasta podría ocurrir que, ante la posibilidad de perder, AENA lo retirara para presentar otro proyecto más adelante. Porque ante los errores, o las maldades, con consecuencias, y que ni unos ni otras pueden castigarse en los tribunales, la sociedad si debe defenderse, pero pasando a la ofensiva.

Y si AENA había informado sobre su proyecto y antes de las elecciones de mayo a cualquier político, del Gobierno o de la oposición, y estos lo habían ocultado, pues referéndum, y con mayor motivo.

Este asunto del aeropuerto de Mallorca abre también el debate sobre el derecho fundamental a la “participación directa” en la política recogido en la Constitución, que tanto se utiliza para amenazar al díscolo, pero que mucho más se ha incumplido.

Entonces es cuando pensamos en la desdibujada Ley de Consultas que se está intentando en Baleares contra los vientos estatales, no sea que se pase de democrática.

Y también nos viene a la cabeza un pensamiento sobre la realidad en que vivimos, tras décadas en las que toda la política se ha hecho a través de representantes elegidos, muchas veces con trampas que han quedado al descubierto pero que no por eso nadie nunca los ha destituido.

Cargos electos que han disfrutado de completa libertad de movimientos porque no se podían arriesgar, desarrollando los artículos 23.1 y 53.1 de la Constitución, a que los de abajo, los que pagan sus hazañas, les marcaran ni una sola línea roja de verdad para el futuro, ninguna obligación concreta.

¿Acaso su sistema de “solo” democracia representativa nos ha puesto en el paraíso?

Pero este es un asunto de mucha enjundia y, sin abandonar la demanda principal de un referéndum antes de que AENA de un solo paso más con nuestro Aeropuerto de Son Sant Joan, volveremos a tocarlo.

Mientras tanto, no está de más recordar a los directivos de esa empresa que en Baleares ya se derrotó al dinero en Dragonera, y que a los políticos autoritarios se les hizo morder el polvo de un TIL con el que pretendieron humillar a nuestros maestros y profesores.

Y al Gobierno de Coalición Progresista de Sánchez e Iglesias hay que decirle que, antes de que los responsables de sus empresas estatales se acerquen a las periferias, es necesario que aprendan algo de sus historias.

A estas alturas de la lucha mundial por la salvación de la vida en nuestro planeta, acabamos de batir un nuevo récord en la temperatura de la Antártida, ni un paso más hacia el suicidio colectivo sin una urna global para autorizarlo. Debería ser por unanimidad.

Este último párrafo está dedicado al diplomático Borrell, que lleva cuatro días pidiendo perdón en toda Europa por su última ocurrencia.