Se cumple más de un año de la crisis provocada por el SARS-CoV-2, más comúnmente conocido como coronavirus, y su enfermedad la COVID-19. En este año, de forma muy resumida, y entre otras cuestiones, hemos visto como:

Se nos ha recortado la sanidad pública: Durante la totalidad de la crisis de la COVID-19, en Madrid se le ha negado sistemáticamente la sanidad a las personas humildes y trabajadoras. Se han cerrado sistemáticamente los ambulatorios, la atención telefónica funciona de forma precaria, y miles de personas no tenemos acceso a la atención primaria más elemental. La pírrica financiación pública de la sanidad, la precariedad laboral dentro del sector, la falta de personal, y la venta de la gestión sanitaria a las empresas privadas por parte del poder político (lo que mediáticamente se conoce como colaboración público-privada), ha traído consecuencias nefastas para los que más la necesitamos. Sin embargo, a pesar del estado de alarma y de la emergencia sanitaria, el gobierno «más progresista de la historia» no ha movido ni un dedo para expropiar hospitales y recursos de las empresas privadas para ponerlo a disposición pública, tal y como se establece en la Constitución. Son las empresas privadas las mayores beneficiadas por la crisis sanitaria, dado que reciben millones por contratos de gestión de recursos públicos, obligan a los trabajadores a tener que acudir a hospitales privados o de gestión privada para poder ser atendidos, y ha subido su número de clientes, siendo ya cuatro de diez madrileños los que cuentan con atención sanitaria privada, superando a la media española en un 23 %.

Se ha criminalizado a los trabajadores y a los barrios humildes: La criminaliza­ción por parte del poder político y de los medios de comunicación de los barrios más humildes de Madrid ha sido la tónica durante este año de crisis sanitaria. Esta criminalización alcanzó su punto más fuerte en septiembre de 2020, cuando el gobierno de la Comunidad de Madrid decidió segregar la zona sur de Madrid. Parece importarles poco el cierre de los ambulatorios, el abandono de los servicios sociales, y otras cuestiones materiales que potencian la expansión del virus, como el tener que vivir en pisos minúsculos y mal ventilados, el tener que ir a trabajar hacinados en transporte público, el necesario contacto con otros trabajadores en el entorno laboral, o cómo afecta el aislamiento y la atomización a las personas mayores, etc.

Los medios de comunicación se han cebado especialmente con los barrios humildes de Madrid y con los trabajadores. Constantemente se ha dejado espacio para que se nos estigmatice y criminalice a través del clasismo y el racismo. Rara era la semana que no se acusaba a los trabajadores de «saltarse el confinamiento» y se señalaba a barrios y distritos como culpables de la expansión del virus. Detrás de la estigmatización hay ideología reaccionaria y liberal que se refuerza a través de la separación, la categorización, la marginación y exclusión de las personas humildes y obreras.

Ha aumentado la pobreza y la exclusión social: Si la situación de la clase obrera ya era nefasta, la crisis sanitaria la ha agravado aún más. El gobierno «más progresista de la historia» no ha movido un solo dedo para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, impedir los despidos o proteger a los más vulnerables de la exclusión social. Los ERE (expediente de regulación de empleo) y los ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) han aumentado sistemáticamente durante la pandemia creando una situación de vulnerabilidad para los trabajadores que difícilmente puede tener una solución factible a corto plazo. Las nuevas empresas emergentes de «compra, recogida y envió de pedidos», financiadas con «capital riesgo» no son ninguna alternativa de empleo digno para los trabajadores, ya que abusan de la figura de «falso autónomo», y solo se benefician de la precariedad laboral y de la desprotección que sufrimos los trabajadores. La preocupación del «gobierno más progresista de la historia» sigue siendo la de financiar y defender los intereses de la patronal. Son los grandes empresarios los que han visto aumentar su fortuna durante la pandemia, a costa de una mayor flexibilidad, subvenciones del gobierno, recortes de plantilla, etc.

Los servicios sociales, que ya pendían de un hilo como la sanidad, se encuentran abandonados por la administración pública. Ya no es extraño ver cómo se eximen de sus responsabilidades, derivando a personas en situación de vulnerabilidad a las asambleas vecinales de barrio o a los grupos de consumo.
Los trabajadores tenemos que padecer una crisis constante, que supuestamente empezó en 2008 y que no tiene fin.

Se han criminalizado a los movimientos sociales mientras se han promovido y protegido las manifestaciones de conspiracionistas y fascistas: La represión contra el movimiento anarquista y otros grupos políticos por parte del «gobierno más progresista de la historia» no tiene nada que envidiar a otros gobiernos anteriores. No solo no han derogado la famosa «ley mordaza», sino que la siguen utilizando sistemáticamente, junto a los típicos montajes policiales, para criminalizar a activistas, meter miedo a sus familias y amigos, y desarticular organizaciones políticas y sociales.

Las movilizaciones que precisamente más nos afectan a los trabajadores, dada la situación de crisis sanitaria, social y laboral, como son las sindicales, las de protección del empleo, en contra de la destrucción de la sanidad pública, las distintas convocatorias por el 8M, o la campaña de «nos están matando», promovida por distintos colectivos vecinales, sociales etc., han sido mayoritariamente denegadas por la delegación del gobierno por considerar que pueden llegar a estar masificadas, y usadas por los medios de comunicación como arma política arrojadiza y para criminalizar a los trabajadores. Sin embargo, multitud de manifestaciones conspiracionistas, marchas neonazis etc., han sido legalizadas y se han desarrollado, a pesar de que no cumplían con la normativa sanitaria que exige el gobierno. Además se ha protegido a provocadores neonazis en alguna de las pocas manifestaciones contra la privatización de la sanidad que se han podido realizar.

Se ha multiplicado la homofobia, el racismo y las agresiones: Los trabajadores vulnerables son un chivo expiatorio perfecto, la mejor herramienta para señalarlos como culpables de todos los males de la sociedad. A la hora de discriminar y degradar a cualquier persona, hay siempre un nexo en común: la pobreza y la vulnerabilidad. Por eso no es extraño que se refieran a los barrios humildes como «estercoleros multiculturales».  El racismo solo entiende de razas cuando se habla de trabajadores y personas con bajo poder adquisitivo. Los trabajadores migrantes son un el chivo expiatorio perfecto con el que justificar el estado policial y la represión y para desviar la atención de los problemas sociales que nos azotan. Así, ciertos partidos políticos utilizan la vulnerabilidad de los trabajadores y menores migrantes para deshumanizarlos, etiquetarlos con categorías llenas de prejuicios, y enfrentarlos con otros trabajadores por unos cuantos votos. Tampoco tienen reparos en agitar la homofobia contra personas por su orientación sexual. En «prime time» se emiten proclamas degradantes, discriminatorias y ofensivas contra trabajadores migrantes y personas por su condición sexual, y en la calle estas proclamas se materializan con múltiples agresiones fascistas contra cualquiera que no cumpla los estándares de sus proclamas.

Es hora de perder el miedo

No es ninguna casualidad que tanto la sanidad como la educación y los servicios sociales hayan colapsado sistemáticamente en todo el estado. El «estado del bienestar», que se creó después de la II Guerra Mundial en Europa para combatir a la URSS, parece ser que ha tocado a su fin. Hoy, esos servicios esenciales para los trabajadores se están troceando, para que las empresas privadas puedan lucrarse del dinero público y las necesidades de las personas más vulnerables. Además, las empresas privadas sanitarias salen fortalecidas en la crisis. Avanzamos a pasos agigantados hacia un tipo de sanidad totalmente privada para aquel que se la pueda pagar, y unos servicios sociales que van a depender de la caridad y la filantropía de empresas privadas y personas con alto poder adquisitivo, muy similar al modelo de EE.UU.

El abandono institucional y la crisis sanitaria y social que han producido la COVID-19 han llevado al crecimiento de las tasas de vulnerabilidad, pobreza y exclusión social que se han visto reflejadas en los barrios más humildes de Madrid. Así, en los barrios han nacido y se han desarrollado multitud de iniciativas de apoyo mutuo, solidaridad y autogestión para dar respuesta a las necesidades que ha provocado esta crisis. Esta solidaridad y apoyo mutuo también han sido cruciales a la hora de hacer frente al temporal Filomena que asoló los barrios ante la inoperancia y abandono por parte del ayuntamiento y las administraciones públicas, y gracias a lo que tanto los pueblos como las ciudades pudieron volver a funcionar.

Para frenar la crisis social y económica en la que nos encontramos inmersos, es necesario llevar la solidaridad y el apoyo mutuo a todos los ámbitos de nuestras vidas convirtiéndonos en sujetos políticos activos en la medida de nuestras posibilidades. Sindicalizándonos con nuestros compañeros de trabajo para luchar por unas condiciones de trabajo dignas, asociándonos con otros usuarios de la sanidad para frenar la destrucción de la sanidad pública, o con nuestros vecinos para construir y mejorar nuestros barrios y pueblos. Así es como el movimiento obrero ha logrado las conquistas que hoy en día nos quieren quitar. La participación política activa de los trabajadores en la vida diaria ha sido el motor de las luchas y de las conquistas como la jornada laboral de las 8 horas.
No hay que olvidar que la celebración del 1.º de Mayo nace de las movilizaciones en Chicago por la reivindicación de las 8 horas de trabajo, que se inició con la huelga el 1 de mayo de 1886, y siguió con la posterior revuelta de Haymarket y el proceso judicial que llevó a 8 trabajadores a ser sentenciados a muerte o a cadena perpetua.

Y será la clase trabajadora independiente, con conciencia de sí misma, y con actividad política, social y económica propias, fuera de las instituciones de representación, el motor que pueda impulsar un proceso colectivista que acabe con la propiedad privada y el trabajo asalariado, y construya una sociedad de federaciones económicas libres, fundada sobre el trabajo, la ciencia y la justicia.

Por la anarquía

Grupo Anarquista Tierra
Federación Anarquista Ibérica