Medidas clave del acuerdo entre Sánchez e Iglesias para presupuestos 2019

Fuente: Iniciativa Debate/Medios CC/CL/eldiario.es                                   

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han sellado en una reunión a las 8:30 horas de este miércoles el acuerdo para los Presupuestos Generales del Estado para 2019 que permite al Gobierno enviar a Bruselas el marco presupuestario con 151 apoyos en el Congreso. Los socialistas tendrán ahora que ganarse a ERC, PDeCAT y PNV para conseguir los 176 que necesita para que las cuentas se aprueben.

Estos son los grandes acuerdos que han alcanzado Gobierno y Unidos Podemos en las últimas semanas de negociaciones que se enfatizaron este miércoles con dos encuentros de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y Pablo Echenique, que han pilotado las conversaciones y una reunión a última hora de Sánchez e Iglesias para ultimar el pacto que han cerrado sus equipos durante la madrugada y que se ha plasmado en un documento de 50 páginas:

Subida del salario mínimo a 900 euros: La propuesta de Unidos Podemos era subir a 1.000 euros a partir de enero el salario mínimo, pero en el Gobierno lo veían inviable y, además, querían dejarlo en manos de sindicatos y patronal. 900 euros es la cifra acordada frente a los 736 euros actuales.

1% de impuesto de patrimonio a partir de 10 millones: Las fortunas que superen los diez millones de euros tendrán que pagar un 1% en impuesto de patrimonio, según el acuerdo alcanzado. La vicepresidenta, Carmen Calvo, lo ha confirmado y ha asegurado que forma parte de la “nueva fiscalidad” que prometieron los socialistas.

Subida del IRPF a partir de 130.000 euros: Se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas del capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros. Este ha sido uno de los puntos de fricción: Unidos Podemos quería que el umbral fueran los 120.000 euros mientras que el Ejecutivo no quería tocar inicialmente el IRPF y luego se abrió a hacerlo en rentas a partir de 140.000 euros.

Regulación de los precios del alquiler: El Gobierno ha acabado por ceder frente a sus posiciones iniciales, mucho más minimalistas. La principal novedad es que los ayuntamientos podrán regular los precios del alquiler en zonas tensionadas (normalmente los centros de las grandes ciudades), lo que implicará un cambio de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Además, se dará más protección a los inquilinos. Los contratos de alquiler de propietarios personas físicas será de cinco años y los de personas jurídicas serán de siete, frente a los tres actuales en ambos casos.

Crece el presupuesto para vivienda: Asimismo, se aumenta el presupuesto estatal de Vivienda (en la actualidad es de 474,24 millones de euros, un 0,2% menos que en 2017). Todas estas cuestiones tendrán que ser definidas y concretadas en posteriores reuniones técnicas.

I+D+I crece al 6,7%: Las cuantías para Ciencia e I+D+i en 2019 se incrementarán en un 6.7%, íntegramente en el ámbito civil. Esto supone una inversión en 2019 de 273 millones de euros. Además de un plan para la recuperación del talento exiliado, la partida destinada a la convocatoria regular de proyectos de I+D+i de ámbito estatal se incrementará en 85 millones más, respecto a los 393,7 de 2018.

Bajas de maternidad y paternidad iguales e intransferibles: El acuerdo también incluye que las bajas de maternidad y paternidad sean iguales e intransferibles, pero la vicepresidenta ha matizado que se hará “de manera paulatina”.  Se llevará a cabo de acuerdo con el siguiente calendario: 2019, 8 semanas; 2020, 12 semanas; y 2021, 16 semanas.

330 millones para educación universal de 0 a 3 años. “Se facilitará que las Corporaciones Locales puedan destinar parte de su superávit a realizar Inversiones  Financieramente Sostenibles (IFS) financiando y mejorando las escuelas infantiles actualmente gestionadas por estas administraciones, lo que supone un impacto de 300 millones de euros. Así mismo se dotará con 30 millones de euros el Presupuesto de 2019 para aquellos municipios que, no contando con superávit, planifiquen inversión en estas infraestructuras”, señala el acuerdo. A lo largo de 2019 se diseñará un plan de universalización junto a las comunidades para incorporar al ciclo educativo la etapa de 0 a 3 años en una red de recursos integrada pública y gratuita.

Deja en el aire la fiscalidad de género: La intención del Gobierno era dar una “perspectiva de género” a la fiscalidad, pero su puesta en marcha queda en el aire: “Con el fin de incorporar la perspectiva de género al sistema impositivo en las principales figuras tributarias, se van a realizar los trabajos necesarios para analizar en profundidad la mejor forma de llevar a cabo esta adaptación”. El acuerdo sí recoge que los artículos de higiene femenina (como tampones y compresas) pasen al IVA superreducido del 4% frente al 10% actual.

Desarrollo del ingreso mínimo vital. Así se recoge en el texto del acuerdo la propuesta de los socialistas que es una suerte de renta mínima. Se incrementará progresivamente la prestación por hijo a cargo, comenzando en los umbrales de pobreza severa que incluyen a las personas más necesitadas. En 2019 se incrementará la prestación actual de 291 euros al año hasta llegar a 473 euros/año por hijo a cargo, lo que permitiría una reducción de la pobreza infantil severa del 14,7%, lo que equivale a reducir el número de niños y niñas en pobreza severa en 99.500, un 16% del total, según los cálculos del Ejecutivo y Unidos Podemos. En 2019 tendrá un impacto presupuestario de 180 millones de euros.

Más fondos contra la pobreza infantil: Relacionado con el anterior, los presupuestos destinarán 25 millones de euros a las ayudas de comedor “con el objetivo de garantizar que todos los menores de familias en situación de precariedad o riesgo de exclusión puedan acceder a comedor que les garantice una correcta alimentación”. Nada más llegar a Moncloa, Sánchez duplicó los fondos que había dejado Rajoy al destinar 10 millones al plan de comedores y campamentos de verano.

Retorno del subsidio para desempleados mayores de 52 años. La medida supone un gasto de 323 millones de euros. Esta ayuda fue modificada por el Gobierno del Partido Popular en plena crisis, en 2012 y 2013, retrasando su acceso hasta los parados mayores de 55 años, así como disminuyendo su cuantía y con mayores dificultades de acceso según la renta.  El acuerdo presupuestario recoge la vuelta al subsidio tal y como estaba antes de estas modificaciones del Ejecutivo de Rajoy, con el acceso según la renta personal no familiar (como estableció el tribunal Constitucional) y suprimiendo la obligación de tener que jubilarse de manera anticipada cuando se percibe.

Las horas extra volverán a cotizar: las horas extraordinarias volverán a cotizar a la Seguridad Social, tal y como lo hacían antes de 2012. Las horas extra disminuyeron durante la crisis y en los últimos años han vuelto a incrementarse, aunque casi la mitad no son remuneradas ni compensadas de ningún modo, según la EPA. Además, se revisarán las bonificaciones a la contratación para las empresas “con el objetivo de reducirlas”.

Revalorización de las pensiones según el IPC. El acuerdo incluye dos aspectos: garantiza la subida según la inflación en 2019 (con una paga compensatoria si finalmente queda por encima del 1,6% pactado por el anterior Ejecutivo) y además recoge el compromiso de incluir la vinculación de las prestaciones al IPC en la reforma legislativa integral del sistema de pensiones. Las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3%, y se incluye el compromiso para “sentar las bases” que lleven a una mayor subida en el futuro.

Derogar los aspectos “más lesivos” de la reforma laboral de 2012. El Gobierno y Unidos Podemos firman derogar antes de finalizar este 2018 algunos de los elementos de la reforma laboral del PP, entre los que incluye de manera expresa ampliar el régimen de no caducidad del convenio colectivo (ultraactividad) y revisar las causas para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Para más adelante, destaca el compromiso para concluir con la mayor urgencia posible las reformas legales de la subcontratación, del registro de jornada de los trabajadores y la igualdad laboral entre mujeres y hombres.

0,2% de tasa a las transacciones financieras. Gobierno y Unidos Podemos han pactado la creación de un Impuesto de Transacciones Financieras, heredero de la histórica Tasa Tobin. En concreto, este impuesto gravará en un 0,2% las operaciones de compra de acciones emitidas en España. Queda fuera la compra de deuda tanto pública como privada y la compra de títulos de las pymes.

Impuesto de Sociedades: tipo mínimo al 15% y rebaja a pymes al 23%. El Gobierno y Unidos Podemos han conseguido cerrar una acuerdo sobre el Impuesto de Sociedades para que la tributación efectiva se vea menos afectada por el uso de deducciones y bonificaciones. Se exigirá una tributación mínima de un 15% a las empresas cuya cifra de negocios sea igual o superior a 20 millones de euros, las entidades financieras y las petroleras tendrán un tipo de gravamen del 18%, se reducirá en un 5% la exención sobre los beneficios conseguidos en el extranjero y se disminuye el tipo nominal del 25% al 23% para pequeñas empresas que facturen menos de un millón de euros.

Mayor control sobre las sicav. La Agencia Tributaria asumirá la competencia para declarar el incumplimiento por parte de las sicav de los requisitos, como ya avanzó Montero, y el acuerdo establece la  limitación de concentración de capital en una misma sicav para poder adherirse a los beneficios fiscales. De este modo se controlará el uso de los conocidos como mariachis, pequeños accionistas sin poder en la sicav utilizados únicamente para alcanzar el requisito del mínimo de 100 accionistas en estos vehículos. El acuerdo asume que podrá provocar una pérdida de capital en estas sociedades pero que se cumplirá con el carácter colectivo de este vehículo de inversión, regularizando el uso fraudulento.

Impuesto a las tecnológicas. El Gobierno cumple su promesa de gravar a las empresas tecnológicas con la creación de un Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales del 3% sobre la publicidad en línea,  intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario. Esta tasa está destinada a las firmas con una facturación alta: Solo tributarán aquellas compañías con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.

Eliminación del artículo 315.3 del Código Penal: Una de las principales reivindicaciones de los sindicatos ha sido la eliminación de este artículo del Código Penal que establece el delito de coacciones a la huelga y que la fiscalía invoca para solicitar años de cárcel para trabajadores y sindicalistas por su participación en huelgas. Esta era una de las promesas electorales de ambas formaciones. Ese apartado forma parte de una modificación de la ley mordaza a la que también se comprometen en el acuerdo y que está en tramitación en el Congreso. Los aspectos que quieren cambiar se refieren a las manifestaciones no comunicadas, a los registros corporales, al máximo de dos horas de identificación en comisaría o la revisión de sanciones e infracciones.

Lucha contra el fraude: limite de 1.000 euros al pago en efectivo y prohibir las amnistías fiscales. Tanto el PSOE como Unidos Podemos han hecho bandera de la lucha contra el fraude fiscal. En estos Presupuestos se recogen medidas como reducir a 1.000 euros los pagos que empresarios y  profesionales puedan realizar en efectivo en el seno de su actividad, reforzar la  normativa tributaria para ser más exigentes con los paraísos fiscales, reducir a 600.000 euros la cifra para ser incluido en la lista de morosos de la AEAT e incluir a los responsables solidarios, prohibir por Ley futuras amnistías fiscales, crear una unidad central de control de grandes patrimonios y estudiar la rebaja a 50.000 euros del umbral cuantitativo de punibilidad de la defraudación. Ambas formaciones asumen que el listado de amnistiados de Cristóbal Montoro no será publicado, como prometió Sánchez.

Modificar la cotización de los autónomos. Se reformará durante el próximo año el sistema de cotización de los trabajadores autónomos, para vincularlo a los ingresos reales que perciban.

Reforma legal contra los falsos autónomos. El acuerdo recoge una medida destinada a combatir el abuso de las empresas de los falsos autónomos: determinar por ley la presunción de relación laboral por cuenta ajena aquellas prestaciones de servicios para un solo cliente, salvo que se pruebe efectivamente que hay una relación de autónomos.

Sector eléctrico: medidas contra los “beneficios caídos del cielo” de algunas tecnologías, un fondo de 50 millones contra la pobreza energética, reforma del bono social, “repotenciación” de plantas renovables y un plan de ayudas para el vehículo eléctrico hasta 2020 que se financiará en parte con la subida del impuesto al diésel.

Sin concreción en Juegos de azar y apuestas online: Pese a que Unidos Podemos quería subir la fiscalidad a los juegos de azar y las apuestas online, el acuerdo en este ámbito ha quedado muy descafeinado: Aprobar una regulación de la publicidad de este sector similar a la del tabaco, reorientar la tasa de gestión de los operadores para financiar programas de prevención del juego y puesta en marcha de medidas de prevención y reparación de los efectos negativos del juego en la sociedad.

Medidas que van más allá de los Presupuestos

Delitos de ofensa a los sentimientos religiosos: El acuerdo va más allá de lo estrictamente presupuestario, ya que se incluye el compromiso a desarrollar a medidas como la modificación de los artículos del Código Penal que hacen alusión a los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos e injurias a la corona.

Blindar el solo sí es sí. Para erradicar la violencia sexual se impulsará una ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, que garantice la sensibilización, prevención, detección, atención, protección y reparación y que implique la acreditación de la víctima, la unificación y ordenación de las conductas constitutivas de agresiones sexuales y de abusos sexuales bajo la denominación común de “agresiones sexuales” y que comprenda una serie de políticas 28 públicas a la que puedan acceder quienes sufran violencia sexual, igual que ocurre con la violencia de género en el ámbito de pareja o expareja.

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