Diversos países de la región fueron, en 2019, un hervidero de protesta popular. Ello fue resultado y respuesta a la profundización del capitalismo neoliberal, la acumulación por desposesión y la persistente violencia institucional, social, económica, política, patriarcal.

Este nuevo escenario de pandemia inéditamente global, agrava las condiciones de desigualdad precedentes y la dificultad de subvertir los órdenes de la política despótica que desprecia las vidas humanas y el ecosistema, y administra la muerte.

Parecería que el camino “natural” en la mayor parte de América Latina (salvo excepciones) está siendo la profundización del autoritarismo, políticas de salvataje de las grandes empresas, incapacidad para afrontar con justicia este presente y el porvenir. Toda la región atestigua abusos de poderes militares y policiales, empobrecimiento masivo, sistemas de salud endebles y colapsados, escalada de la xenofobia y de los riesgos migratorios, desprotección de quienes cuidan de formas remunerada y no remunerada, violencia agudizada.

Se ha hablado mucho de la necesidad de pensar en los desafíos y formatos de una “nueva normalidad”. En esos términos se intenta producir un debate sobre: 1) La inoperancia de la normalidad pre-COVID-19 para asegurar el bienestar colectivo, 2) la deseabilidad de normalizar la situación (eso es, trascender la actual excepcionalidad) y 3) la obligación de que lo que venga sea distinto.

Pero la “nueva normalidad” no engendra el mismo significado en todas las voces. Cuando los presidentes Lenin Moreno en Ecuador o Piñera en Chile hablan de “nueva normalidad” se refieren a algo bien distinto que a lo que aluden los sectores populares organizados en resistencia, los feminismos, las y los defensores de derechos humanos.

Para los primeros, la “nueva normalidad” es reorganización de los poderes para asegurar inmunidad e impunidad del bloque empresarial al que pertenecen. Con menos empleo, más precarización y austeridad, ese porvenir será peor para las mayorías ya empobrecidas y las que ahora se incorporan a las bancadas de la pobreza.

El campo popular, en sus múltiples voces, desea otra “nueva normalidad”, radicalmente más democrática. Convertir ese deseo en programa es lo que está pasando en América Latina. Como en octubre pasado, Ecuador y Chile encienden la chispa. Identificar los conflictos que esta crisis coloca en primer plano podría contribuir a pensar en ese campo de disputa por la política democrática.

Algunas zonas de conflictos 

La tensión política entre coerción y consenso ya estaba desbalanceada, a favor de la coerción, en América Latina después de los continuos fracasos del neoliberalismo para asegurar el bienestar del conjunto. Ni las personas se hacen a sí mismas, ni el mercado resuelve los problemas de las mayorías, ni el “emprendedurismo” es el camino para salir de la pobreza, ni los Estados flacos viabilizan el crecimiento económico, ni el crecimiento económico supone desarrollo, ni el desarrollo capitalista es incompatible con la desigualdad. Si algún consenso aún guardaba el programa neoliberal, ahora ha quedado herido de muerte. Su reproducción deberá ejercerse, casi en exclusiva, vía coerción.

Ese hecho ya está siendo constatable en la gestión de la crisis. En toda la región se verifica el despliegue, con pulso firme, de políticas y prácticas de segurización y militarización de nuestras sociedades y de sedimentación de formas policiales (institucionales y no institucionales) de vinculación con el otro, con la otra. La política de resistencia y disputa de ese repertorio necesitará afrontar, también, una disputa profunda por los sentidos políticos –y los términos– que nos vinculan: nadie se salva solo, necesitamos de las demás personas y de instituciones que, democráticamente constituidas, operativicen la libertad colectiva e individual.

Esta crisis es producto de una dramática tragedia históricamente instituida que tiene en su base la devastación de los ecosistemas, las enfermedades zoonóticas, las enfermedades relacionadas con la contaminación y otros condicionamientos provenientes del cambio climático y de los modelos extractivos de la naturaleza que operan sin regulación. Los conflictos socioambientales serán claves luego de la emergencia sanitaria y, también, intentarán anularse bajo la urgencia de recuperar la economía. Desde el campo popular y el pensamiento crítico, deberemos disputar la profundización de las políticas extractivas desreguladas que ya son un hecho y que atraviesan a toda la región como una de sus arterias. Otra es la precarización laboral y la transformación de los mundos del trabajo.

En plena cuarentena, en América Latina se han reportado huelgas y tomas de las calles del personal de salud y de repartidores [1], dos de los colectivos considerados imprescindibles y que, sin embargo, ven profundizada su precarización laboral y aumentado el riesgo para sus vidas.

Al mismo tiempo y relacionado con lo anterior, esta crisis ha acelerado un proceso que hasta hace poco era relativamente marginal: la economía de plataformas y la digitalización de parte del trabajado remunerado. El impacto de lo digital en los servicios y sectores productivos precarizados cuenta con prolijos análisis en otros territorios; por ejemplo, en Asia. Pero en América Latina es un tema mucho más reciente. Sin embargo, una de las primeras acciones políticas de resistencia en medio de la pandemia fue la mencionada huelga de repartidores en varios países de la región. A pesar de su rol determinante en la coyuntura de confinamiento, esos cuerpos continúan siendo desechables. Sin bioseguridad ni derechos laborales y con remuneración precaria, los y las imprescindibles han denunciado cómo la ausencia de derechos desposee hasta lo más hondo.

Por su parte, el teletrabajo agudiza y reitera algo que ya sabíamos: existe incompatibilidad entre el trabajo remunerado y el que se realiza en los hogares para asegurar el cuidado y la vida. Desde que comenzó el teletrabajo, las mujeres, que somos quienes en mucha mayor medida sostenemos la vida doméstica, hemos quedado aún más sobrecargadas. Con horarios laborales desregulados, desafíos adicionales del trabajo a distancia, temores al desempleo acechante y trabajo de cuidados aumentados producto de la estancia de toda la familia en la casa y la precariedad creciente, el teletrabajo no implica lo mismo para todas las personas. Para algunas, mayormente mujeres, supone extenuantes horas de trabajo, costos para la salud física y mental, disminución del rendimiento laboral. Y es que el trabajo remunerado continúa configurándose, ahora más, desde la horma de quienes no tienen responsabilidades de cuidados. Quienes las tienen, quedan en medio de un fuego cruzado de autoexigencias y estructuras de dominación y explotación. El resultado: derechos coartados y deterioro de las posibilidades de bienestar y autonomía.

La discusión sobre los cuidados, en efecto, ha escalado. La militancia y teoría feministas han politizado el ámbito de los cuidados (remunerados y no remunerados) desde hace décadas. América Latina es la región del Sur Global con más políticas estatales sobre ese campo que, sin embargo, no han logrado instituir a los cuidados como un derecho ni a las actividades que aseguran los cuidados como un trabajo reconocido, valorado, representado políticamente y redistribuido. La norma son políticas fragmentadas y que reproducen una división sexual del trabajo desigualadora. Sin embargo, ahora el debate ha crecido y se ha colado en la conversación ciudadana e institucional. Esta crisis podría catapultarlo a las agendas políticas en más amplia escala.

La discusión sobre lo que sucede puertas adentro de los hogares [2], allí donde se despliega el trabajo de cuidados, ha reabierto el debate y el conflicto sobre los vínculos entre lo doméstico y lo público, y podría empujarnos a repensar lo que implican cada uno de esos ámbitos. Me explico enseguida.

En esta crisis se ha insistido en la importancia de lo público como garantía del bien colectivo. Sistemas de sanidad universales y gratuitos con amplio alcance, no indexados a los ingresos individuales ni a la posición en el mercado laboral o en la estructura socioclasista, son garantes del derecho inalienable a la salud y a la vida digna. Lo público incluye también derechos laborales, hoy ausentes para gran parte de trabajadores y trabajadoras de la región.

En su contracara, el poder privado de los empresarios, sin intervención no arbitraria de los Estados, exhibe la ausencia de lo público robusto. Lo privado –y esto lo ha reiterado el pensamiento republicano democrático– no es lo doméstico ni remite a lo individual. Cuando se reivindica el valor de lo privado como principio político, se intenta colocar a aquello de lo que se habla por fuera de la política y naturalizar la subordinación y la dependencia que solo la política puede disputar. Una empresa privada –han escrito María Julia Bertomeu y Antoni Domenech– puede ser tan privada como la familia, si la única regulación que tiene es la del poder privado de los empresarios. La familia deja de ser un espacio privado cuando se politiza y cuando otros agentes –institucionales– pueden intervenir no arbitrariamente para asegurar los derechos de quienes así lo requieran.

En América Latina, la familia se ha privatizado cuando se le ha delegado, por no presentación estatal, la completa responsabilidad de asegurar el bienestar de sus miembros. Regímenes de bienestar familiarizados y mercantilizados son el rasero que intenta instituir a lo doméstico como espacio privado; eso es, aparentemente apolítico.

La pandemia ha resituado la discusión sobre la familia y lo doméstico como un espacio necesariamente político que asegura la reproducción de la vida y no solo –aunque también– de la fuerza de trabajo. Ese debate, anticipadamente colocado por los feminismos, está permitiendo reconocer la centralidad institucional que tiene la familia para la reflexión política y sus conexiones con lo que llamamos “ámbito productivo”.

Sin embargo, el mencionado no es el único marco. El papel de lo doméstico y de los Estados se está disputando desde distintos lugares. Los conservadurismos religiosos están haciendo su tarea e intentan adoctrinar sobre los roles de género tradicionales, el valor de la “familia original”, la perversidad del feminismo y los peligros del “Estado totalitario”. Sus voces más audibles afirman que quienes “nos sacarán de la crisis [serán] las familias, las pequeñas empresas, aquellos de nosotros que buscamos generar riqueza a través de trabajo” [3].  El valor del hogar como espacio que salva del control del Estado y de los roles de las mujeres/madres en ellos son, en ese argumento, “la mejor noticia de la pandemia”[4]. Entonces sí, la familia y lo doméstico podrían afirmarse como ámbito de la domesticidad y la privacidad.

Con todo, si bien esta crisis abre ventanas de oportunidad para disputar sentidos, prácticas, organización, normas, instituciones, también obliga a pensar en las ventanas de responsabilidad para disputar las zonas de conflictos presentes y porvenir. Politizar lo viejo y lo nuevo y desprivatizar democráticamente todos los ámbitos de la existencia. Esa es, al menos, una de las tareas.