En aquella época se votaba con tarjetas de colores que representaban las opciones. El elector elegía una y la metía en la urna.

Quien era ese elector? Aquel que tenía cédula de identidad. Pero aunque millones de personas, que carecían de ella, estaban automáticamente excluidas al no existir como ciudadanos, el voto era obligatorio. Era la hipocresía institucionalizada.

Las tarjetas se contaban en las mesas de votación controladas por los dos partidos que se alternaban en el poder. El resultado, las más de las veces amañado, se colocaba en un acta que era la que tenía valor legal. Luego las tarjetas se destruían. Muchos de los votos de las organizaciones pequeñas o de izquierda que no alcanzaban a tener representación en la mesa, se los repartían con total descaro los partidos del sistema. Entonces se decía con ironía: ACTA MATA VOTO. Porque la verdad legal se imponía a la verdad real.

De esa manera el fraude estaba cantado de antemano. Por otra parte, los centros electorales estaban distribuidos desigualmente en el territorio. Había muchos en las zonas de las clases medias y altas. Y pocos en los barrios y en el campo para dificultar el voto de las mayorías. Todo esto es fácilmente comprobable por quien quiera acercarse a la historia verdadera.

Tenía que llegar la Revolución Bolivariana, para que se garantizase la democratización del voto popular y la pulcritud de las elecciones. Con la constitución de 1999, el organismo electoral, dependiente del ejecutivo, abre paso al CNE, el Consejo Nacional Electoral, que es uno de los cinco poderes del Estado, y por tanto autónomo.

También se elimina la obligatoriedad del voto, que pasa a considerarse, más que una obligación, un derecho. Pero al mismo tiempo, al contrario de lo establecido, por ejemplo, en EEUU, nadie puede ser privado de ese derecho por ninguna razón jurídica lo legal. Todo el mundo sin excepción está convocado, puesto que ahora el disfrute de la condición ciudadana es pleno en una democracia que se define protagónica y participativa.

A través de la Misión Identidad, en apenas dos años, entre 2003 y 2004, se logró dar cédula de identidad a ocho millones de venezolanos y venezolanas, en su mayoría excluidos anteriormente, entre ellos una parte importante de la población indígena, secularmente privada de sus derechos. Regularizando también la situación de muchos inmigrantes, una gran parte colombianos, a quién se les dificultaba su acceso a nuestra ciudadania.

Así mismo a partir de 2004, comienza a producirse una automatización e informatización integral del proceso electoral, que pasa a convertirse en un de los más fáciles, rápidos, eficaces y confiables del mundo.

Identificación biométrica del votante. Voto electrónico con respaldo físico para verificación del cálculo, con obligada auditoría en 54% de las mesas. Acceso a los distintos pasos informáticos del sistema, con combinaciones o claves colectivas que no funcionan sin el concurso obligado de los distintos partidos en pugna. Existencia de 17 tipos de auditoría a los distintos pasos del proceso refrendadas por los miembros del CNE, representantes del gobierno y de la oposición y analistas independientes, efectuadas antes, durante y después de las votaciones. Todo un alarde de democracia y tecnología al servicio de la verdad sagrada que es la voluntad del pueblo, imposibilitando cualquier tipo de fraude, como les consta a los veedores internacionales.

De manera que nadie debe tener duda de que los resultados proclamados por el CNE en cualquier elección venezolana, incluida esta donde el chavismo ganó 20 de las 23 gobernaciones, así como Caracas y la mayoría de las 335 alcaldías, recogen con precisión y matemática claridad a voluntad del pueblo.