Pese a estar sometido a un genocida bloqueo económico, financiero, comercial y territorial unilateral; a sanciones y medidas coercitivas ilegales y violatorias del derecho internacional; a sabotajes contra la infraestructura crítica-estratégica y a una guerra no convencional de Estados Unidos, y tras un acumulado de 29 elecciones en 22 años, el proceso bolivariano profundiza su predominio político e institucional en todo el país. A través de la democracia participativa y protagónica, el chavismo ha logrado extender su control territorial, consolidando espacios de poder popular, y ratificando a la vez que puede haber una alternativa pacífica al modelo de dominación capitalista.

Otra vez, el gran derrotado fue el gobierno de Estados Unidos, que en el colmo del cinismo −en un país donde existe una democracia indirecta, con elecciones de segundo grado− desacreditó los resultados e insistió en respaldar al gobierno fake del autoproclamado Juan Guaidó. Unos resultados, por cierto, que más allá del doble lenguaje con atisbos colonialistas, la misión de la Unión Europea reconoció por la transparencia, el profesionalismo y la equidad del Consejo Nacional Electoral, desmarcándose, así sea de manera parcial en la etapa, de la declaración injerencista del secretario de Estado de EU, Antony Blinken.

Entre los aspectos destacables de los comicios, cabe mencionar que después de casi tres años de favorecer la estrategia golpista del proyecto Guaidó, del socavamiento y boicot de las instituciones y del abstencionismo, el sector más extremista de la oposición agrupada en el denominado G-4 (los partidos Voluntad Popular, de Leopoldo López y Juan Guaidó; Primero Justicia, de Henrique Capriles y Julio Borges; Acción Democrática, de Henry Ramos Allup, y Un Nuevo Tiempo, de Manuel Rosales) decidió participar el 21/N bajo la tarjeta electoral de la Mesa de la Unidad Democrática.

En enero de 2016, tras conseguir la mayoría parlamentaria en diciembre del año anterior, y tras jurar como presidente de la Asamblea Nacional, Ramos Allup afirmó que en seis meses sacarían del Palacio de Miraflores al jefe de Estado legítimo y constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro. Fue la última vez que la extrema derecha participó en unas elecciones en Venezuela. Orientada y financiada por la administración de Barack Obama −que emitió un decreto donde declaró al gobierno de Maduro como una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos−, la ultraderecha asumió el control del Poder Legislativo como una vía para derrocar al presidente de la República electo por el voto popular.

La oposición extremista nucleada en el G-4/MUD volvió a fracasar durante las violentas guarimbas de 2017/18, inscritas en la guerra híbrida (o difusa) del Pentágono y la CIA contra el gobierno de Maduro, y después durante el interinato imaginario del presidente fake Guaidó, entronizado por la administración Trump en enero de 2019, periodo, que en el marco de la estrategia de máxima presión de la Casa Blanca, incluyó planes conspirativos y golpistas cívico-castrenses como los de la base militar La Carlota en 2019; la mercenaria Operación Gedeón con apoyo del gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, en 2020, y la llamada Fiesta de Caracas liderada por el prófugo Leopoldo López desde Madrid, en julio de 2021, la estrategia insurreccional de militantes de Voluntad Popular, que con tácticas de guerra urbana buscaba generar conmoción en barrios de Caracas y un nuevo intento de magnicidio contra el presidente Maduro.

De allí que la participación de los sectores más extremos del antichavismo en las negociaciones de la mesa de diálogo de México (impulsada por Maduro) y en los comicios del 21/11, marcara un cambio cuántico en la estrategia opositora, a excepción de la recalcitrante María Corina Machado, cuya ONG Súmate −al igual que los partidos del G-4/MUD− es financiada por agencias de EU (USAID, NED, IRI, NDI, Freedom House). Ubicados a la derecha del G-4 (tachado de traidor y colaboracionista), Machado y el ex alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, éste desde Madrid, condicionaron todo diálogo con Maduro a su abandono del poder.

Según declaró al Correo del Orinoco el director de Hinterlaces, Óscar Schemel, una semana antes del 21/N, con la participación de sectores extremistas (encarnados en Guaidó, Ramos Allup, Capriles, Rosales, Julio Borges) en las negociaciones de México y las elecciones, culmina el llamado empate catastrófico en Venezuela, la etapa de confrontación de dos proyectos con niveles similares de fuerza. Para Schemel, después de 20 años de guerra social y política, los partidos más reaccionarios fueron derrotados a pesar del apoyo de EU y la UE, y ya sin fuerza ni iniciativa política, atomizados y divididos, sin respaldo popular y sin convocatoria, acudieron a la mesa de diálogo aceptando la legitimidad del gobierno bolivariano de Nicolás Maduro y de las instituciones, y al chavismo como fuerza hegemónica.

Ahora, tras los resultados de los comicios, rota la narrativa que las sustentaba, las opciones de violencia destituyente encabezadas por el G-4 han quedado deslegitimadas. Después de años de fabricar desconfianza en el sistema electoral y acusar fraude, perdieron el voto de confianza en las urnas, lo que supone el desmontaje de facto de los señalamientos contra el Consejo Nacional Electoral como árbitro, y queda exhibido el divorcio entre la dirigencia antichavista y la población; la deslegitimación de sus liderazgos.

La decisión de EU de alargar artificialmente el mandato de Guaidó podría profundizar las fracturas opositoras y obstaculizar la estructuración de un nuevo consenso social basado en la reconciliación, la paz y la estabilidad social, como anhelan la mayoría de los venezolanos.