Varios son los elementos que indican que Estados Unidos, teniendo como aliados a Colombia y Brasil, se apresta a desencadenar una operación militar contra Venezuela, utilizando como argumento que su presidente Nicolás Maduro Moro, es uno de los grandes responsables del narcotráfico y del terrorismo en la región.

O sea, repetir el mismo criminal argumento, que utilizaron para invadir a Panamá, y detener al general Manuel Antonio Noriega, que ocasionó más de 10,000 muertes inocentes y el horroroso bombardeo y destrucción del barrio el Chorrillo y otros sectores de la capital panameña.  Para justificar y presentar un importante testigo contra el presidente Maduro, los servicios especiales estadounidense montaron una operación contra el diplomático venezolano Alex Saab, de la que  más abajo entrego detalles.

Cuando Alex Saab, realizaba un viaje a Irán en un vuelo privado, con el objetivo de hacer compra de medicinas y alimentos para Venezuela, fue ilegalmente detenido en la isla africana de Cabo Verde, cuando el avión en el que viajaba hizo un aterrizaje en tránsito, con el fin de cargar combustible, y continuar su viaje a Teherán.

Los hechos se produjeron el 12 de junio del 2020, y las autoridades caboverdianas, cometieron una ilegal aprehensión, no solo por el carácter de la inmunidad diplomática que amparaba a Saab, sino porque no existía orden internacional de captura y solo la orden fue emitida por Interpol al día siguiente de su retención y retirada poco después.

Un año y cuatro meses después de su ilegal retención y secuestro, Alex Saab, que, durante su encierro, en un sitio no carcelario, fue sometido a horrorosas torturas por sujetos norteamericanos, denunciados por él y conocidas por la carta que hizo llegar a su esposa y ella la hizo pública.

El 16 de octubre pasado, el secuestrado fue entregado a las autoridades estadounidenses bajo la falsa figura de “extradición”, cuando en realidad lo ejecutado es un secuestro internacional. Para justificar este hecho, las autoridades caboverdianas, montaron un show judicial con la Corte de su país, para tratar de dar un respaldo legal a esta operación de secuestro, pero si se investiga lo sucedido la verdad saldrá y los comprometidos con este hecho tendrán que rendir cuenta.

Toda esta operación, estaba montada para mediante tortura y chantaje, lograr que Saab acuse al presidente Nicolas Maduro de narcotráfico y de lavados de activos y de esta forma justificar una intervención militar en Venezuela, pero han fracasado.   Obviamente, el gobierno de Biden, sabía que un traslado de Saab, a Estados Unidos, provocaría una reacción del gobierno venezolano, que lo primero que hizo fue, suspender la conversación con la oposición y procurar el descontento en ese sector opositor y que conspire contra las elecciones del 20 de noviembre.

Por cierto, por estos hechos el gobierno de Cabo Verde puede ser llevado a un proceso en la Corte Penal Internacional, porque lo que ejecutó fue un secuestro de carácter político y el gobierno caboverdiano se ha plegado descaradamente a los intereses de Estados Unidos.

Paralelamente a esta operación de secuestro, nuestros lectores deben conocer lo que está sucediendo en Colombia y las acciones político-militar de Estados Unidos en ese sureño país, aliado estratégico de Estados Unidos, porque toda esta acción está vinculada y forma parte del plan.

Las visitas en dos ocasiones del jefe del Comando Sur el almirante Craif entre junio y septiembre de este año, su visita a la Brigada 20 de las FF MM en Cúcuta y el Catatumbo, frontera con Venezuela, donde se encuentran estacionado más de 500 oficiales e infantes de las FFMM estadounidenses, bajo el argumento de que son asesores contra el narcotráfico.

La reciente visita del Secretario de Estado Anthony Blinken a Bogotá, también con la misma agenda, conocer la situación del narcotráfico y los DD.HH. Saben cuántos funcionarios tiene Estados Unidos en su embajada   en Bogotá, 800, puede que Blinken conozca más que el propio gobierno colombiano, lo que sucede internamente sobre esos temas.

Y nos vamos a creer el verso de que el Secretario de Estado fue a interesarse por el tema narcotráfico y DD.HH, ese discurso es para la galería,  el verdadero objetivo,  en mi opinión, es evaluar si todo está debidamente preparado, los pro y los contra, para  la acción intervencionista  en Venezuela, la que debe realizarse antes de las elecciones del  20 de noviembre.

La campaña y propaganda contra Venezuela ha intoxicado, al pueblo colombiano, es otro factor para allanar el camino y favorecer al gobierno de Duque a prestarse a una intervención en el vecino país, los datos de venezolanos asesinados en Colombia son alarmantes, 1933 homicidios entre enero del 2015 a diciembre del 2020 y 54 asesinatos en el 2021 y lo último,  el asesinato de dos niños de 11 y 12 años  hace dos semanas en Tibú, frontera con Venezuela, los encontraron con un cartel que decía bandoleros.

Ningún gobierno de Estados Unidos, se ha preocupado por ambos males, que tienen enferma esa noble sociedad colombiana. Todo no es más que una fachada, para colegiar los pasos a seguir contra Venezuela.

La reciente visita del presidente Duque a Brasil, para entrevistarse con el presidente Bolsonaro, es otro elemento que confirma que Estados Unidos, tiene la decisión de intervenir en Venezuela, como se sabe Brasil tiene una amplia frontera con Venezuela, y ha hecho declaraciones ofensivas contra el mandatario venezolano, pero en este caso hay que precisar que al menos durante muchos años, las FFMM brasileñas, siempre se han negado a inmiscuirse en los problemas de sus vecinos.

Sumado a todos estos elementos, resulta muy extraño que el presidente del Senado colombiano, se aparezca planteando, que debe reconocerse al gobierno de Nicolas Maduro, cuando en ese Congreso, casi las dos terceras partes, son oficialistas, pero además todos están muy comprometidos con la política contra Venezuela, la campaña de esos congresistas y sus partidos, estuvo muy vinculadas a la consigna de Uribe, de combatir al “castrochavismo”.

Otro elemento que no debe despreciarse es que, en este escenario, el mes de noviembre aparecen con serias amenazas contra los dos países claramente aliados de Venezuela como son Cuba y Nicaragua, cuyas tres naciones el fascista presidente Trump, y parte del establishment estadounidense, se plantearon desaparecer a sus gobiernos de la región por su carácter socialistas. Es también una formula para distraer las fuerzas aliadas de Venezuela. Pero lo que no creo que imagine el gobierno gringo, es la repuesta de los pueblos latinoamericanos si decide atacar a cualquiera de estos tres países.

No es casual que el mes de noviembre se haya escogido para crear enfrentamientos internos en ambos territorios, las autoridades nicaragüenses, acaban de desmantelar un plan terrorista organizado por la embajada de los Estados Unidos, el grupo de mercenarios fue arrestado y se le ocuparon las armas que iban a utilizar en un levantamiento que se ejecutaría el 8 de noviembre, un día después de celebradas las elecciones, presidenciales en esa nación, bajo el pretexto de que hubo fraude.

Mientras que en Cuba un grupúsculo de contrarrevolucionarios y mercenarios, pagados y orientados desde los Estados Unidos, solicitaron permiso para una marcha el 15 de noviembre, pero sus propósitos que ni son pacíficos ni tienen fundamentos sociales, sino políticos y con fines desestabilizadores se les fue negado, porque atentan y violan la Constitución de la República, como bien les fue informado previamente a los peticionarios por la Fiscalía de la República.

Como se conoce, los peticionarios a pesar de que la Fiscalía de la República les dio a conocer el artículo 4 de la Constitución, que establece que el: “Sistema Socialista de la República de Cuba es irrevocable y que cualquier acción que se pretenda hacer contra él, es un delito” los peticionarios amenazan que de todos modos realizarían su marcha”.

La  Fiscalía General de la República dio a conocer  lo siguiente:  “Teniendo en cuenta la intención expresada públicamente por los promoventes de mantener la convocatoria, la Fiscalía General de la República, este jueves 21 de octubre, inició el apercibimiento a varios ciudadanos que, de incumplir la decisión de las referidas autoridades, incurrirían en los delitos de desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir u otros previstos y sancionados en la legislación penal vigente”.

La actuación de la Fiscalía, al advertir a dichos ciudadanos sobre las consecuencias legales de ejecutar la marcha, se sustenta en el artículo 156 de la Constitución que le atribuye a este órgano la misión, entre otras, de velar por el estricto cumplimiento de la Carta Magna, las leyes y demás disposiciones legales por los ciudadanos.

Asimismo, la Ley 83 de 1997, Ley de la Fiscalía General de la República, en su artículo 7, establece entre sus objetivos: preservar los derechos e intereses legítimos de los órganos, instituciones y dependencias estatales, contribuir a la prevención del delito y otras conductas antisociales, al fortalecimiento de la disciplina social y a la educación de los ciudadanos en la observancia consciente de las normas jurídicas.

Saben ustedes, lo que le sucedería a cualquier ciudadano estadounidense, que mantenga correspondencia o relación con un gobierno extranjero con la intención de influir en una conducta respecto a un conflicto o una controversia con Estados Unidos. Según el código penal, párrafo 953, condena de 3 años de prisión.  Y para quien preconice el derrocamiento del gobierno o del orden establecido el Código penal párrafo 2385, condena de 20 años. Todos los Estados tienen sus leyes y códigos penales el que la incumpla debe ser sometido a la justicia.

Dicho todo lo que hace el gobierno de los Estados Unidos para derrocar ahora al gobierno de Venezuela y lo que paralelamente están ejecutando, con sus acciones contra los gobiernos de Cuba y Nicaragua, no le debe quedar duda a nadie que serán derrotados, y que el precio para Estados Unidos será muy alto, si se atreven a intervenir militarmente en cualquiera de nuestros tres países. Ante las amenazas les decimos Patria o Muerte.

• Periodista, politólogo y analista internacional. Colaborador de PIA Global