El diálogo sería mediado por actores internacionales y con el apoyo de Noruega, que actuó como facilitador de diálogo en el intento de llegar a acuerdos en 2019; actualmente está en contacto con ambas partes para definir la agenda, declararon las fuentes.

El presidente Nicolás Maduro, en cuyo gobierno colapsó la economía, ha dicho estar dispuesto a sentarse a la mesa con la oposición liderada por Juan Guaidó sobre un cronograma centrado en el levantamiento de las sanciones estadunidenses y europeas que pesan sobre funcionarios e instituciones, como la petrolera estatal y el Banco Central venezolano.

El diálogo se plantea luego que jefes de la diplomacia de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea señalaron hace dos semanas que pueden revisar las sanciones, pero sobre la base de avances significativos hacia elecciones transparentes.

La coyuntura representa un cambio de rumbo para la oposición, que en el pasado acusó al gobierno de Maduro de utilizar rondas de acercamiento para ganar tiempo y aliviar la presión internacional. El gobierno se retiró del diálogo de 2019, que se hizo en Barbados y Oslo, luego de que Estados Unidos endureció las sanciones.

La administración del presidente Joe Biden, el cual asegura que realiza una revisión de las políticas de sanciones que heredó, no ha relajado las medidas a los sectores financiero y petrolero de Venezuela y ha mantenido el apoyo a Guaidó, reconocido como el líder legítimo del país sudamericano por Washington y decenas de naciones occidentales.

Estados Unidos evaluará toda oferta que se haga, respecto de la revisión de sanciones, con Canadá y Europa, indicó una de las fuentes, la cual agregó que el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, busca mantener el interés vivo sobre Venezuela.

A diferencia del diálogo anterior en Barbados, las delegaciones del gobierno y la oposición serán más amplias debido a que además de negociadores, habrá asesores, agregaron dos de los informantes que hablaron bajo condición de anonimato.

Como parte del proceso, esta semana una misión de Noruega llegará al Caracas con el objetivo de sostener encuentros en pro de afinar la agenda, dijo una de las fuentes.

La cancillería de México no respondió de inmediato a la solicitud periodística de comentarios al respecto. El Ministerio de Comunicación e Información venezolano y la oficina de Guaidó tampoco emitieron su planteamiento sobre el asunto.

Gobierno de Maduro dice que extranjeros apoyan el conflicto en las calles

La ministra del Interior de Venezuela, Carmen Meléndez dijo ayer que accesos del noroeste de Caracas fueron cerrados en un despliegue de las fuerzas de seguridad ante intensos choques armados con bandas de la delincuencia organizada, que según opositores se apoderaron de una parte de la capital.

Al menos cinco populosas localidades de ese sector capitalino están desde antier bajo intensas balaceras con fusiles de asalto por parte de grupos criminales que operan principalmente desde las colinas, pero que avanzaron a zonas residenciales y comerciales, en un despliegue de poderío armado que ha sometido a los civiles a un encierro para evitar balas perdidas.

El gobierno, que ofreció recompensas de hasta 500 mil dólares por información que lleve a la captura de los líderes de las bandas, no ha dado un balance de las bajas, pero activistas de derechos humanos dijeron que al menos cuatro civiles murieron antier y media docena resultó herida por balas perdidas.

Desde el miércoles pasado, grupos estructurados de la delincuencia organizada pretenden socavar la paz de varios sectores de Caracas, expresó Meléndez, y tuiteó: a estas alturas, no cabe duda de la complicidad directa, financiamiento y colaboración, con la planificación, suministro de armas, apoyo de comunicaciones, por parte de sectores de la derecha venezolana, y de la complicidad internacional.

Las balaceras diurnas de este jueves han mantenido en zozobra a los vecinos, reportó la televisión estatal.

En los recientes meses los ataques de grupos delincuenciales se intensificaron, paralelo a otros hechos en la frontera, lo cual fue denunciado por el gobierno como acciones coordinadas de la extrema derecha, con la participación de Estados Unidos y Colombia para desestabilizar al país.