La Audiencia Provincial de Valencia decidió, en un auto con fecha 11 de marzo, el sobreseimiento provisional de la causa abierta por la muerte bajo custodia estatal de un joven marroquí entre los muros del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores (Valencia), en el verano de 2019.

El tribunal no ha observado delito en la actuación del personal sanitario y los funcionarios policiales adscritos al CIE, pero esto “no significa que la atención recibida por el interno fuera intachable, ni que pueda derivarse alguna clase de responsabilidad como consecuencia de esa atención o de su fallecimiento”, añade la resolución judicial, “tan sólo que esa posible responsabilidad no es de carácter penal”.

En el auto los magistrados argumentan que se dicte el “sobreseimiento provisional”, y no una resolución definitiva, por la ausencia de un informe definitivo de autopsia y la posibilidad de que se aporten nuevos elementos de juicio que justifiquen la reapertura de la causa.

Marouane Abouobaida, de 23 años, se trasladó en patera al estado español desde Marruecos, tras cursar los estudios de bachillerato y realizar trabajos de soldador, entre otros desempeños. El objetivo del desplazamiento era proporcionar ayuda económica a su madre, viuda y en situación de precariedad. Después que la embarcación fuera interceptada en el mar, ingresó en el CIE de Valencia.

El muchacho se suicidó el 15 de julio de 2019 en una celda de aislamiento del CIE, tras sufrir una paliza por parte de otras personas encerradas en el centro, por lo que fue trasladado al hospital (pocos días antes Marouane fue objeto de otras dos agresiones). Unas horas antes de su muerte, el joven dictó un escrito a un compañero –dirigido al director del CIE- en el que comunicaba la agresión, con los efectos de una lesión ocular y cefalea. “No se adoptaron medidas especiales para su protección”, denuncian la Campaña CIE No y la Coordinadora de Inmigrantes Marroquíes Casa Marruecos, que ha acompañado a la familia del fallecido.

Los médicos del hospital recomendaron que el joven estuviera reposando durante dos o tres días en una cama-sillón, ya que presentaba un traumatismo craneal; también prescribieron que no realizara movimientos que pudieran producir un “aumento de presión cefálica” y que permaneciera acompañado, en las horas siguientes a recibir la atención, para comprobar que se orientaba correctamente y movía las extremidades con normalidad; en caso de perder el conocimiento, desorientación, cefalea persistente, conductas anormales, pérdida de fuerza o alteraciones motrices, debería trasladarse al servicio de urgencias.

“Ninguna de estas recomendaciones fue llevada a cabo por el personal sanitario del CIE ni por los funcionarios policiales”, concluyen la Campaña y Casa Marruecos. Según el auto de la Audiencia valenciana, “aunque el interno presentaba lesiones de cierta entidad por una agresión sufrida el día anterior, no consta que nadie –en especial el personal sanitario- advirtiera que los protocolos con el interno debieran ser distintos que con relación a otro interno”.

“Para valorar todo lo que pudo haberse hecho y no se hizo ante una situación como la suya (de Marouane  Abouobaida), basta con leer el protocolo fijado para situaciones similares por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Valencia, competente para el control del CIE”, apunta la resolución de la Audiencia Provincial. Así, el Juzgado de Instrucción emitió tras el suicidio de Marouane, el 25 de julio, un auto con 16 medidas para preservar en mejor forma la vida, integridad, salud y derechos de los encerrados; la mayor parte de las medidas hacen referencia a garantías durante la reclusión en celdas de aislamiento; por ejemplo, que toda situación de aislamiento es excepcional y que cuando se produzca para la protección de la integridad del interno, éste ha de permanecer en la celda junto a otros dos reclusos y por el tiempo mínimo indispensable con un límite –como principio general- de una hora.

Sin embargo “Marouane murió solo en la celda, dos horas después de ser aislado, y tardaron 40 minutos en darse cuenta de que se había quitado la vida”, recuerdan las ONG. Tras el auto del Juzgado de Instrucción, la Campaña por el Cierre de los CIE instó formalmente a la Delegación del Gobierno (los centros de internamiento dependen del Ministerio del Interior) a que informara sobre la aplicación de las 16 medidas del auto judicial, sin obtener respuesta.

La abogada de la Campaña asumió la acusación particular en nombre de la familia del joven ante el Juzgado de Instrucción Número 10 de Valencia (el auto de la Audiencia resuelve la apelación interpuesta contra la resolución del Juzgado de Instrucción); a partir de las conversaciones con un testigo de los hechos, el atestado policial y los vídeos de algunas cámaras de vigilancia del CIE –entre otras las de las celdas de aislamiento-, la representación jurídica de la familia apreció “la posible existencia de varios delitos imputables a los funcionarios públicos que aparecen en las imágenes: inducción al suicidio, trato degradante, daño a la vida o a la integridad moral, denegación de la asistencia sanitaria y otros”.

La Campaña CIE No y Casa Marruecos detallan, en una nota informativa, la versión de la acusación particular: “Las imágenes venían a confirmar que Marouane no fue aislado por su seguridad ni por su salud: lo arrastraron por el suelo estando inconsciente y lo dejaron tirado en la celda de aislamiento, solo, sin vigilancia, sin agua, sin comida, y con la ventana cerrada en plena canícula”.

Asimismo “tras su muerte, aparecen en el distribuidor tres funcionarios uniformados. Miran por la mirilla y ven el cuerpo. Dos de los uniformados entran y rodean el cuerpo. No lo inspeccionan ni le toman las constantes vitales. Uno de ellos le da dos patadas para ver si reacciona. Tras ver que no lo hace tampoco le toma las constantes vitales. Sólo entonces, una vez muerto, se le realiza el primer reconocimiento físico y con instrumental médico desde su aislamiento”, añade la citada fuente.

Con independencia de la relevancia penal, las ONG califican los hechos denunciados por la representación de Marouane Abouobaida como de “trato inhumano y degradante a una persona privada de libertad que no había cometido ningún delito”; los magistrados de la Audiencia interpretan que algunas imágenes pueden sugerir el “comportamiento reprobable” de algún policía, pero no un delito.

El 15 de junio la Campaña CIE No presentó el informe Sin derecho a tener derechos sobre el centro de Zapadores, en memoria del migrante marroquí. El documento recuerda que, en julio de 2019, la dirección del CIE de Zapadores restringió el horario que las ONG dedican a las personas internas; un cartel con el sello de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana especificaba que la atención se limitaba a dos tardes semanales con cita telefónica previa y además se denegaba la visita en caso de “entrada masiva” o “expulsión masiva” de migrantes. El informe subraya que la muerte del joven se produjo en un contexto de “elevada tensión” entre los muros de Zapadores. De hecho, una semana antes ocurrió un intento de suicidio y otro interno fue puesto en libertad debido a su “grave deterioro psíquico”; por las mismas fechas dos migrantes se autolesionaron.

La muerte de Marouane no es la única que se produce en el CIE Valenciano. A esta se suma la de un ciudadano marroquí de 55 años, en octubre de 2010, que pasó por un reconocimiento previo en el Centro de Salud de la Fuente de San Luis, en Valencia; “los facultativos dijeron no haber encontrado nada anómalo”, informó la Campaña. En agosto de 2008 un ciudadano nigeriano, de 47 años, cayó sin vida como consecuencia de un infarto, después de sentirse mal en las duchas del CIE; además en febrero de 2009 falleció en el Hospital General de Valencia, por causas naturales, una persona de nacionalidad georgiana previamente encerrada en el centro de Zapadores. En el estado español se computan al menos una decena de muertos –dentro de los centros o en durante los traslados forzosos- desde que comenzaron a funcionar los centros de internamiento.