El Centro Democrático y Álvaro Uribe simbolizan un modelo político marcado por los escándalos de corrupción, parapolítica y militarización, perpetuando economías extractivas a todo nivel, atentando contra derechos humanos, ambientales y de los pueblos.

El pasado 10 de enero, Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia y líder del partido Centro Democrático, hizo un polémico llamado a una intervención militar internacional en Venezuela. 

Este hecho refleja la continuidad de las posturas ideológicas que han caracterizado la doctrina política del uribismo desde la fundación de su partido.

Aunque la convocatoria tuvo escasa participación ciudadana, contó con una cobertura mediática desproporcionada, evidenciando cómo el uribismo conecta perfectamente a un sector empresarial poderoso utilizando estrategias de comunicación para preservar su influencia política, incluso en un contexto de creciente pérdida de legitimidad dentro de Colombia.

En contraste, la respuesta de las instituciones venezolanas, encabezadas por el presidente Nicolás Maduro y las Fuerzas Armadas, demostró la firmeza del Estado venezolano en la defensa de su soberanía.

Esta reacción subrayó el rechazo categórico a una propuesta ampliamente señalada como irresponsable y peligrosa por sus implicaciones geopolíticas y el impacto que traería a los pueblos de ambas naciones.

El Centro Democrático y la “Seguridad Democrática”: Militarización y Exclusión

El Centro Democrático, fundado en 2013, surgió como una reacción conservadora a los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Bajo la dirección de Álvaro Uribe Vélez, este partido consolidó la doctrina de la “Seguridad Democrática,” implementada durante su presidencia (2002-2010).

Aunque presentada como una estrategia para combatir el narcotráfico y los grupos armados ilegales, esta política priorizó la militarización territorial, especialmente en áreas rurales de especial interés económico, con consecuencias devastadoras para el tejido social colombiano.

Lejos de reducir el conflicto, la “Seguridad Democrática” profundizó las desigualdades socioeconómicas al reforzar alianzas con sectores del latifundismo y fomentar economías extractivas legales e ilegales. Acentuando las condiciones para la perpetuación de la violencia.

La militarización indiscriminada facilitó violaciones sistemáticas a los derechos humanos, consolidando un legado de corrupción y vínculos con estructuras mafiosas, clanes políticos y paramilitares.

Un Legado de corrupción, Impunidad y Parapolítica

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha documentado extensamente los crímenes cometidos durante el período de la “Seguridad Democrática.”

Uno de los casos más graves y representativos es el de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como “falsos positivos”, donde al menos 6,402 civiles fueron asesinados y reportados como bajas en combate para inflar las estadísticas de éxito militar, representando el 78% de los casos documentados.

En este contexto es de recordar entre muchos hechos, el escándalo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que, bajo el gobierno de Uribe, fue instrumentalizado para espiar, intimidar y atacar a líderes sociales, periodistas y opositores políticos.

Esta persecución incluyó el asesinato selectivo de defensores de derechos humanos, utilizando información recopilada ilegalmente para coordinar operaciones con grupos paramilitares.

Se ha documentado la existencia de hornos crematorios en zonas controladas por el paramilitarismo, como en el caso de Juan Frío (Norte de Santander)

Además de estos crímenes de lesa humanidad, las investigaciones judiciales han revelado vínculos entre figuras prominentes del partido Centro Democrático y estructuras criminales:

• Mario Uribe Escobar, primo del expresidente, condenado por parapolítica debido a sus vínculos con grupos paramilitares, los cuales apoyaron su elección al Congreso.
• Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia y figura destacada del Centro Democrático, acusado de mantener alianzas con paramilitares para consolidar su poder político.
• Óscar Suárez Mira, exsenador cercano al uribismo, condenado por parapolítica y señalado por vínculos con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
• Ciro Ramírez Pinzón, exsenador y aliado de Álvaro Uribe, condenado por narcotráfico y vinculado al cartel de Cali.

Operación Orión: militarización y represión en la Comuna 13

Un ejemplo emblemático de la militarización indiscriminada durante este período es la Operación Orión, llevada a cabo en el sector de La Comuna 13 de Medellín en octubre de 2002.

Esta operación, coordinada entre las fuerzas militares, la Policía Nacional y grupos paramilitares, dejó un saldo devastador en la población civil.

Según informes de organizaciones de derechos humanos, más de 500 personas fueron víctimas de desapariciones forzadas, asesinatos y desplazamientos forzados.

Un punto particularmente macabro es el uso de la Escombrera, señalada como un cementerio clandestino donde se arrojaron los cuerpos de las víctimas desaparecidas.

A pesar de las denuncias, las investigaciones avanzan lentamente, reflejando la impunidad que ha caracterizado estos crímenes.

Criminalidad, empresa, Estado: Una verdad pendiente en Colombia

La política de militarización, promovida como parte de la «Seguridad Democrática» también consolidó una alianza entre sectores empresariales, el Estado y grupos paramilitares.

En el corazón de esta alianza está el modelo económico extractivo, que se ha nutrido del despojo violento de tierras y del desplazamiento forzado, beneficiando tanto a empresas multinacionales como a élites nacionales, a expensas de las comunidades más vulnerables.

Minería, ganadería, agroindustrias como es el caso de la palma de aceite y las bananeras se han visto involucradas en casos probados de complicidad entre sectores políticos, empresarios y estructuras paramilitares para garantizar el control de territorios y recursos estratégicos:

• Drummond Ltd.: La multinacional minera estadounidense ha sido señalada en múltiples ocasiones por financiar a grupos paramilitares en el Cesar y Magdalena.
• Chiquita Brands: La multinacional bananera condenada en Estados Unidos, admitió haber financiado con más de 1.7 millones de dólares a paramilitares de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
• Empresas de Palma de Aceite: En el Bajo Atrato, grupos paramilitares facilitaron el despojo de tierras pertenecientes a comunidades afrodescendientes e indígenas para la implementación de proyectos agroindustriales de palma aceitera.

Así, un amplio número de empresas no solo se enriquecieron a través de la violencia, sino que también contribuyeron a perpetuar un modelo de desarrollo excluyente, depredador y profundamente desigual.

Una Economía al Servicio de Pocos

El entramado entre empresas, criminalidad y Estado consolidó un modelo de economía extractiva que prioriza los beneficios de una élite económica sobre el bienestar colectivo.

En este contexto resulta imperativo que las organizaciones populares, sociales y étnicas levanten su voz de rechazo frente a estos llamados a perpetuar la violencia, prácticas que perpetúan una visión de corte fascista y dañina para el presente y futuro de la sociedad.

Solo a través de la unidad de las fuerzas sociales será posible frenar la depredación, exigir justicia y avanzar hacia un horizonte de paz con cambios, inclusión y equidad en Colombia y América Latina.

Se acercan las elecciones de 2026, será crucial identificar estos llamados que denotan una estructura de fondo para levantar una fuerte voz de rechazo para caminar hacia un horizonte más justo y humano, donde los sueños de quienes han sufrido la violencia y la exclusión se conviertan en pilares de una nueva Colombia.

El desafío radica en construir, con esperanza, un país que reivindique la dignidad de los pueblos, la unidad latinoamericana, que valore su naturaleza, la diversidad de sus culturas, cuide su riqueza natural como herencia para las futuras generaciones bajo lazos de hermandad en toda nuestra américa.

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