Danilo Albin

En medio de facturaciones millonarias, la pujante industria militar española ha conseguido atraer a exministros y exmilitares que deciden aprovechar su experiencia previa en un sector que mueve importantes volúmenes de dinero. Desde los órganos de dirección de las principales compañías surgen nombres y apellidos que permiten conocer otra faceta del universo de la venta de armas: las puertas giratorias entre el ámbito público y las compañías armamentísticas. Entre estas últimas figuran contratistas de Defensa y exportadoras de material militar a países que violan los derechos humanos.

Pere Ortega, presidente honorario del Centro Delàs de Estudios por la Paz y veterano investigador sobre los negocios del lobby militar español, lleva ya varios años acumulando datos sobre esas puertas que conducen de la administración pública –principalmente en el área del ministerio de Defensa– a los consejos de administración de las empresas que desarrollan sus negocios en el sector militar.

«Las empresas militares se interesan por políticos que han estado ligados al Ministerio de Defensa o militares de alto rango de las Fuerzas Armadas», afirma Ortega, quien destaca que, en este ámbito, «España no es diferente a otros países que también registran estas prácticas». De esta manera, «en los últimos años ha habido varios casos de militares o políticos que, tras abandonar el servicio activo, pasan a incorporarse como ejecutivos en empresas militares».

De acuerdo a los registros de este investigador, al menos 23 militares que desempeñaron altos cargos en el área de Defensa dieron posteriormente el salto a la industria armamentística. En ese listado aparecen también los nombres de una quincena de políticos que también incluyen en sus respectivos currículums las dos funciones: desempeño de responsabilidades públicas en gobiernos y, antes o después, actividad en compañías del sector militar.

El último militar que realizó este periplo es Fernando Alejandre Martínez, Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) hasta enero de 2020. Un año después, el Gobierno autorizó que fuese contratado por la empresa Sener Aeroespacial en calidad de «asesor». Esta compañía se encuentra entre las contratistas del ministerio de Defensa.

Unos meses antes, la Oficina de Conflictos e Intereses –dependiente del Ministerio de Política Territorial y Función Pública– había aprobado otro pase de similares características: Salvador María Delgado Moreno, exjefe de Apoyo Logístico de la Armada, recibió la autorización pertinente para prestar funciones en la empresa Proyectos de Interés para la Defensa Argos, una compañía que trabaja en el sector de la innovación tecnológica de Defensa, Seguridad e Inteligencia.

Según consta en su página web, el presidente del Consejo Asesor de Argos es Julián García Vargas, exministro de Defensa en el Gobierno de Felipe González. «García Vargas también estuvo al frente de TEDAE, la patronal de las empresas de armamento, entre 2009 y 2013, y formó parte de la asociación de la asociación USDAN, encargada de mediar en favor de los intereses de las industrias militares en exportaciones de armas frente a la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (JIMMDU)», explica Ortega. Esa Junta Interministerial es la encargada de conceder las licencias de exportación de armamento que solicitan las empresas.

La trayectoria de Morenés

Pedro Morenés, quien llegó a ocupar distintos cargos públicos bajo los gobiernos del PP, ha estado en los consejos de dirección de varias empresas armamentísticas. «Es conocida y está acreditada su vinculación con MBDA, un complejo empresarial dedicado a la fabricación de misiles, por poner un ejemplo», advirtió en 2017 Fernando González Barroso, integrante de Transparencia Internacional, desde las páginas de la revista académica «Eunomía» de la Universidad Carlos III de Madrid. Morenés también ha estado vinculado a Expal, fabricante de misiles, o Instalaza, otra compañía de armamento.

Las conexiones no terminan ahí. A día de hoy, Expal tiene como presidente a José Luis Urcelay, quien entre septiembre de 2018 y agosto de 2019 llegó a desempeñarse como Segundo Jefe de Estado Mayor de la Armada. En abril de 2020, el Gobierno autorizó oficialmente su incorporación en la multinacional Maxam, a la que pertenece Expal, para las tareas de «consultoría y asesoría». Un mes después se anunció su nombramiento como presidente de Expal en sustitución de otro militar, el almirante Francisco Torrente. Público contactó con Expal y con la patronal TEDAE para conocer su visión sobre este tema, pero de momento no ha sido posible obtener una respuesta.

El también exministro de Defensa del PP Eduardo Serra es otro de los políticos con vinculaciones en el mundo de la industria militar. Hoy está al frente de Everis, una consultora que cuenta con una empresa dedicada al ámbito de la Defensa. De acuerdo a los datos suministrados por el Gobierno a través del Portal de Transparencia, Urcelay, ahora presidente de Expal, también fue autorizado a prestar servicios de «consultoría y asesoramiento» en Everis.

Esta última empresa cuenta con el 50% del capital de la compañía armamentística NTGS. En 2018, NTGS tuvo como principal cliente al ministerio del Interior de Arabia Saudí. Según informes de organizaciones de derechos humanos, España es el tercer proveedor europeo de armamento al régimen de Salmán bin Abdulaziz, responsable de miles de crímenes en Yemen.

Público