Tres años sin Franco, tres años con Franco

En noviembre del 78 se cumplían tres años de la muerte en cama del sanguinario dictador. En España se seguía imponiendo un proceso “democratizador” con un estricto guion del que nadie se podía salir. Una parte de la llamada izquierda caminaba ya de la mano con los herederos de la dictadura, construyendo el trampantojo democrático que consistía en cambiar nombres y denominaciones manteniendo las mismas estructuras; el poder se mantenía en las mismas manos y el nuevo jefe de estado, un rey, era el alumno designado por el dictador. Un PsoE inexistente durante la lucha contra el franquismo en España aparecía juvenilmente flamante, con su look de popular y rebelde bajo patrocinio de la socialdemocracia otanista. Y un PCE que, dominado por Santiago Carrillo, celebraba sus actos con la bandera rojigualda impuesta por la dictadura a fuerza de crímenes, tortura y cárcel. Ambos serviles y vasallos con la monarquía que, pese a estar jugando a la democracia, nadie había elegido. Llamaron “reconciliación” a lo que simplemente fue silencio y sumisión.

Los miembros del Movimiento Nacional, único mecanismo político en la dictadura, pasaron a formar parte de diversos partidos políticos con un simple cambio de camisa. El viejo Tribunal de Orden Público, represor de los delitos políticos y garante de la estabilidad del régimen franquista, se convertía mediante decreto, de un día para otro, en la nueva Audiencia Nacional. Los “grises” pasaron a “marrones” con un cambio de uniforme, y la Brigada Político-Social paso a Brigada de Información, los miembros y los métodos eran los mismos. Así podríamos seguir narrando el “cambio democrático” de manera interminable, pero resumamos: el poder seguía en las mismas manos, y las formas de “palo y tentetieso” también.

En noviembre de 1978, lo más rancio del viejo régimen, a los que todavía les costaba cambiar de camisa, acababan de celebrar su 20-N con las loas al dictador en actos públicos puramente fascistas y en los que exhibían sus escuadras paramilitares que tanto dolor seguirían sembrando en las calles de la sangrienta transición, con el beneplácito del poder reinante.

Una herida abierta que no se cicatriza con el olvido

Durante la transición había también una izquierda que llamaban radical porque simplemente era “R-evolucionaria”, vamos que quería prosperar para el común de todos, y que desde luego no era partícipe de la estafa política que se estaba cometiendo.

Fruto de aquellas sanas disidencias en el final de la década de los setenta surgieron un montón de iniciativas verdaderamente democráticas, unas podían ser erradas, otras acertadas, pero todas eran constantemente aplastadas y destruidas por los que codo a codo construían el nuevo reino en el naciente régimen del 78, Constitución mediante.

En ese mes de noviembre, el día 28 por la mañana, la policía política, llamada ahora “Brigada de Información”, entraba en el Hotel Convención de Madrid para abortar una reunión pacífica, a puerta cerrada, en la que participaban 20 personas y que estaba siendo seguida por la prensa.

La sala había sido alquilada al gerente del Hotel con referencia expresa al motivo de la reunión y cumpliendo todos los requisitos de la legislación vigente. Aún así, la policía se llevó detenidos a todos los reunidos, incluidos a los periodistas, que serían puestos en libertad horas después. El resto permanecería las 72 horas reglamentarias de la época en los calabozos de la DGS, acusados de “reunión ilegal”, antes de ser puestos en libertad por el juez de guardia.

Pablo Mayoral lo recuerda así:
“Se da la circunstancia que, con nosotros, había personalidades de todo tipo: de la cultura, del periodismo, de la política, que querían dejar constancia de lo que fue la dictadura, y para ello la vía judicial era muy importante o muy interesante. Se da la circunstancia de que entre nosotros estaba Rosen Audet, que era senador de la Entesa, y justo un momento antes de que entrara la policía, lo que era la recién nominada Brigada de Información, una de las policías garantes del sistema, llamaron por teléfono al senador, se marchó precipitadamente, y justo aprovecharon que ya no estaba para entrar y detenernos a todos con un gran despliegue policial, ya que no interesaba para nada que un cargo electo figurara como detenido en esta iniciativa”.

La iniciativa de juzgar al franquismo fue puesta en marcha de manera abierta por PCE (M-L), del cual formaba parte Pablo Mayoral, y la Convención Republicana de los Pueblos de España (CRPE), ambas organizaciones declaradas ilegales en la época. Poco a poco y a través de diversas presentaciones de la iniciativa, se fueron sumando personalidades de la cultura, la justicia o la política, formando un amplio abanico de variadas sensibilidades con un fin común: juzgar los crímenes y abusos de la dictadura.

Preguntamos a Pablo por qué se realizó esa detención masiva.
“Pues yo creo que ahora, a la vuelta de los años, con todo el movimiento memorialista en auge, pues está claro que esa era una de las líneas que no querían que cruzáramos la izquierda democrática, y es pedir responsabilidades judiciales a los responsables de los crímenes franquistas. De hecho, esta detención fue el 28 de noviembre de 1978, y está claro que no permitieron que eso siguiera adelante. ¿Y cómo hicieron para no permitirlo? Pues como siempre, no con debate político ni con argumentos, sino simplemente con represión policial. Bastó que nos tuvieran detenidos durante tres días a todos estos componentes del Tribunal Cívico Internacional contra los Crímenes de Franquismo, para que este movimiento, que empezaba a ser importante en muchos sitios del estado, se fuera disolviendo como un azucarillo.”

Salvando las distancias, pero sin renunciar en nada a la ambición de hacer justicia, el Tribunal Cívico Internacional contra los Crímenes de Franquismo tenía su mira en el ejemplo de los procesos de Núremberg, o en el entonces más reciente Tribunal Russell (Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra), un tribunal de opinión internacional e independiente creado en 1966 a iniciativa del filósofo y matemático británico Bertrand Russell y el intelectual francés Jean-Paul Sartre, con el fin de investigar y evaluar la intervención de Estados Unidos en Vietnam.

Entre las personas detenidas el 28 de noviembre de 1978 se encontraban, entre otros: Jesús Zalacaín, (expresidente del PSOE de Navarra); Enrique Cerdán Tato (exmiembro del Comité Central del PCE, exdirector del diario “La Verdad” de Alicante, escritor y periodista); Katia Acín (jurista profesora de la Universidad de Zaragoza); Manuel Cañaveras de Gracia (condenado a muerte y conmutado en los procesos del Goloso de 1975, y promotor de la FUDE); José Atienza (miembro del Secretariado de la CRPE); Ramón Garriga y Miro (filósofo, profesor de Estética en la Universidad de Madrid); José Viera (vocal nacional de la Asociación de Libreros); Rafael Pérez Martín (Oficial del Ejército de la República, promotor de la Asociación de Combatientes de la República), y nuestro mencionado Pablo Mayoral, además de los periodistas de El Periódico, Mundo Diario, Euskadi Press, Voz do povo (Portugal) y de la agencia APEP.

Pero además de los detenidos, la iniciativa contaba una amplio listado de personas comprometidas y adheridas: Enrique Álvarez Cruz (magistrado juez de Barcelona), Miguel Castells (abogado vasco), Eduardo Álvarez Puga (subdirector de Mundo Diario), Sergio Vilar (sociólogo), Francesc Molins (presidente de la Federación Internacional de los Derechos del Hombre en Cataluña), Perfecto Conde Muruais (escritor), Eduardo Pardo Reina, (abogado, exsecretario de Alcalá Zamora, presidente de la Liga Internacional de los Derechos del Hombre en Valladolid), José Luis Morales (periodista de Interviu), Fernando Arrabal (autor teatral), Jean Cassou (escritor y conocido hispanista), Giséle Halimi (abogada), Vladimir Yankelevitch (abogado), Delphine Seyrig (actriz) o Vincent Montail de Amnesty International, entre otros.

Pablo prosigue con el recuerdo de aquellos hechos:

“Hay que seguir recordando, como lo hicimos en el 78, que la dictadura había sido una dictadura cruel, había sido responsable de asesinatos bastante crueles y bastante numerosos y extendidos hacia la población combativa, pero también había sido una cárcel para el conjunto de la población. Que en 1978 las libertades estaban todavía por conseguirse, por afianzarse. De hecho, yo no hacía ni siquiera un año que estaba en libertad, había salido de la cárcel un año antes, con la última amnistía, y todo eso fue gracias a las movilizaciones que recorrieron las calles de todos los rincones del estado. Muchos de nosotros, o buena parte de la oposición antifranquista, seguimos dedicándonos a luchar por la conquista de todas esas libertades democráticas que se negaban al conjunto de la población […]. Cuestiones como el Tribunal Cívico Internacional contra los Crímenes de Franquismo tenían mucha importancia, aunque nosotros, ante la magnitud de la imposición, por ejemplo, de la monarquía en el referéndum de la Constitución, nos dedicamos entonces mucho más a defender los planteamientos republicanos y la República, que a dar continuidad a aquella iniciativa necesaria y bastante novedosa.”

De alguna manera, con estas detenciones, en el joven reino de la transición dejaba palpablemente claro ante la opinión pública nacional e internacional que, en noviembre de 1978, el Poder seguía reprimiendo el derecho de reunión pacífica, de expresión y de opinión (y muy especialmente la opinión antifascista. El hecho de que la policía política reprimiera esta iniciativa, saltándose la legislación vigente (lo que, dicho sea de paso, es una de las características propias del fascismo estatal), suponía un argumento más de la necesidad de constituir el “Tribunal Cívico Internacional contra los Crímenes del Franquismo”.

A las declaraciones de Pablo es bueno sumar otras realizadas en la época, por ejemplo, Álvarez Puga, subdirector de Mundo Diario, en el editorial del 23 de noviembre titulado “Resucitemos el pasado”, se pronunciaba por la necesidad de “investigar sobre nuestro pasado […] desmontar la retórica hueca disfrazada de patriotismo venal y falso, […] aclarar ante el pueblo quiénes fueron los estafadores y quiénes los estafados”, lo que coincidía plenamente con los fines del Tribunal. O las declaraciones de José Luis Lahoz, abogado republicano de Zaragoza: “Todo este balance, con ser grave, tal vez pudiéramos olvidarlo si no fuera por un detalle: el de que continúan ocupando los mismos puestos los mismos políticos que ratificaron sentencias de muerte, los jueces, civiles y militares que sentenciaron y condenaron, los responsables de torturas y represión”.

Tribunal Cívico Internacional contra los Crímenes de Franquismo

A pesar de la detención, el Tribunal había elaborado en lo fundamental su programa de trabajo, quedando constituida la Junta Promotora, y ya tenían acordado llevar adelante algunas tareas inmediatas, entre ellas:

a) Promover la presentación ante las Cortes de un proyecto de ley en el que se reconozca el carácter fascista de la dictadura de Franco, se la condene por sus orígenes, naturaleza y métodos, y en particular, por su monstruosa obra represiva; se determinen medidas encaminadas a la rehabilitación e indemnización inmediata, moral, política y material de las víctimas del franquismo, así como la depuración de las principales responsabilidades históricas, políticas y morales que concurrieron.

Dicho proyecto de ley podría ser defendido en las Cortes por algunos parlamentarios demócratas, que, como los Sres. Audet y Xirinachs, entre otros, apoyan públicamente el Tribunal.

Recordemos al respecto que, al ocaso de todas las dictaduras fascistas, los pueblos que las han padecido han arrancado leyes y medidas de este tipo, si bien es cierto que no han sido aplicadas en todos los lugares con igual profundidad.

b) Proponer toda suerte de actos públicos en homenaje a los fusilados y víctimas del fascismo, proponer a las asociaciones de vecinos y al movimiento ciudadano en general la supresión de notorios nombres fascistas en las placas de las calles y plazas y su sustitución por las de los hombres y mujeres que han ocupado un puesto en la lucha por la libertad y la democracia.

c) Reclamar con toda la fuerza la amnistía laboral; la readmisión en todos lados y con todos los derechos acumulados, de aquellos trabajadores que fueron despedidos de las empresas por actividades políticas o sindicales.

d) Crear un centro donde se recoja la documentación, los testimonios y toda suerte de materiales relativos a las actividades del Tribunal. Editar un boletín informativo del mismo.

e) Crear las condiciones jurídicas para que los condenados, o sus familiares, por motivos políticos, puedan si así lo desean reclamar la revisión de los juicios del TOP, de los tribunales militares, etc., en los que fueron condenados.

f) Poner el Tribunal en relación con otros organismos e instituciones internacionales que persigan parecidos objetivos o puedan ayudar al mismo en sus tareas, tales como el “Tribunal Russel”, la Federación Internacional de los Derechos del Hombre, Amnesty Internacional, M.A.J. (Movimiento de Acción Judicial de Francia), etc. a fin de dar al tribunal un carácter internacional, como corresponde a la naturaleza del franquismo, en tanto que parte del fascismo internacional.

Unos días después, el 2 de diciembre de 1978, el Tribunal Cívico Internacional contra los Crímenes de Franquismo realizó un nuevo acto en Ginebra, que contó con la participación de varios centenares de personas, entre las que se encontraba uno de los vicepresidentes de la ONU, que visibilizó su interés por la iniciativa sin llegar a ratificar su adhesión, y a la que si se sumaron los diputados suizos Peregaux y Longuet, el consejero de Estado André Chavanne, además del abogado y miembro del parlamento Suizo por el partido socialista Jean Ziegler. El Tribunal seguiría sumando adhesiones y nuevas secciones internacionales en los siguientes meses.

Apenas un mes después de las detenciones de noviembre, se volvían a repetir los hechos con la detención de las 42 personas que asistían el 21 de diciembre en el Centro Lambert Palmart de Valencia a la rueda de prensa convocada por la Junta Promotora del Tribunal, una reunión en la que iban a presentar a la prensa local sus objetivos. Un despliegue policial de quince inspectores de policía y otros 80 uniformados daba fe del interés del régimen porque está iniciativa no prosperara.

Pablo concluye su relato con una reminiscencia y una reflexión:
“Un caso que se repetiría muchas veces en la transición en el que las fuerzas demócratas, las fuerzas revolucionarias, tuvimos que dedicar nuestra fuerza a la conquista de muchos de los derechos, los más básicos, que se fueron consiguiendo poco a poco, desde la libertad de asociación —nuestro partido no fue legalizado hasta varios años después de estas detenciones— hasta el derecho al divorcio o al aborto, por poner unos ejemplos. Pero había toda un cadena de reivindicaciones entre las que ya estaba la lucha contra la OTAN y la lucha contra la guerra, no olvidemos que ya éramos territorio de las bases militares norteamericanas. De alguna manera aquellas luchas nos fueron absorbiendo y dejando en segundo lugar la iniciativa del Tribunal Cívico Internacional contra los Crímenes de Franquismo, a lo que hay que sumar la constante represión, pues después de esta detención vendría otra, 42 miembros en Valencia al cabo de un mes […]. La iniciativa de este Tribunal es muy importante ahora y era muy importante entonces, llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes franquistas sigue siendo una asignatura pendiente de la democracia.”

Hoy 28 de noviembre, cuando se cumplen 46 años de aquella arbitrariedad política, es buen momento para recordar que la Verdad, la Justicia y la Reparación siguen quedando fuera de nuestra democracia, por muchas leyes que se firmen y publiquen en papel oficial. Los crímenes e injusticias de la dictadura y de la transición siguen sin ser juzgados, la exigencia de que las personas asesinadas, represialadas y luchadoras sean rehabilitadas, honradas e indemnizadas sigue estando viva, como en el 78.

* Miembro del Colectivo LoQueSomos. Otras notas del autor
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