“Por que le llaman banco malo? Es que hay alguno bueno?” [sic]. De esta forma se burlaba Pedro Sánchez, en 2011, del nombre oficioso de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, más conocida como Sareb, la empresa creada por el gobierno de Mariano Rajoy para hacerse cargo de los inmuebles de diferentes bancos y cajas que habían ido acumulando tras el estallido de la crisis. El objetivo era evitar la quiebra del sistema financiero español con dinero público.

De forma machacona, el ejecutivo popular repetía que el rescate bancario no iba a costar «ni un euro» al contribuyente. Los hechos, sin embargo, son que Eurostat obligó en marzo al Estado español a sumar 35.000 millones de deuda pública y más de 10.000 millones de déficit procedentes de la operación que se llevó a cabo con la Sareb.

Diez años después de la creación del denominado banco malo, el Gobierno actual, presidido por Pedro Sánchez, ha decidido dar un paso más en la nacionalización total de la Sareb. Durante esta década, el Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ha controlado el 46% de la sociedad, mientras que los bancos que participaron de su creación tenían en sus manos el 54% restante. El objetivo ahora es que lo público aumente su participación accionarial a cambio de un precio simbólico.

La operación, en algunos sectores, suscita dudas. Manuel Gabarre, abogado e investigador del Observatorio Contra Delitos Económicos, sostiene que esta situación se produce “porque la banca no tiene interés de permanecer en el consejo de administración”, no porque sea beneficiosa para los intereses de la ciudadanía. En su libro Tocar fondo. La mano invisible detrás de la subida del alquiler, Gabarre ya denunciaba el “desfalco” y la “privatización encubierta” que había supuesto la creación de la Sareb, cuyo único objetivo era comprar los activos inmobiliarios devaluados de los bancos, para lo cual gastó más de 50.000 millones de euros.

La operación, según el investigador, se llevó a cabo con “total opacidad”. Así, podemos saber que el 22% de esa cantidad se utilizó para comprar solares, pisos terminados en venta, pisos en alquiler y obras en curso. En total, casi 15.000 solares y 88.000 viviendas terminadas que tenían como origen los desahucios llevados a cabo por la banca. El 78% restante fue usado para comprar préstamos y créditos a la banca. Según un informe de la Sareb de 2015, la sociedad tenía en su poder 352.000 propiedades.

Esta cantidad de inmuebles, no obstante, no repercutió en el crecimiento del parque público de vivienda. Como se reconoce en la propia página web, su “misión” era revender esos activos, una tarea encargada a cuatro grandes gestoras inmobiliarias. Según Alejandro Inurrieta, economista y expresidente de la Sociedad Pública del Alquiler, la Sareb ha sido “un depósito de la porquería inmobiliaria de la banca” y “un desastre desde todos los puntos de vista”. Entre sus estimaciones, la deuda podría aumentar desde los 35.000 millones de euros hasta los 50.000 o 60.000 millones de euros. Asimismo, critica la falta de transparencia “absolutamente indecente” que ha acompañado a la sociedad desde su creación.

“Estamos ante una oportunidad perdida”, sostiene Alejandra Jacinto, activista por el Derecho a la Vivienda. La diputada de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid denuncia que el PSOE ha rechazado la propuesta de su partido para convertir a la Sareb “en una herramienta que permita garantizar la vivienda pública”. Además, critica que la parte socialista de Gobierno no haya aceptado que la Sareb tenga que hacer públicos datos referentes al parque de vivienda que controla actualmente: “No sabemos ni en qué condiciones está, ni dónde está, ni qué representa”.

Para Manuel Gabarre, la nacionalización de la Sareb no va a cambiar sus objetivos: “No va a servir para ampliar el parque de vivienda. ¿Podría servir para eso? Sí, no habría ningún impedimento ni contable ni por objeto social. La Sareb tiene viviendas por todo el territorio, porque se quedó con los bienes de las diferentes cajas”. Según el experto, el mero hecho de que la sociedad haya pasado al Ministerio de Economía “es sintomático”: “No ha pasado a la secretaría general de Vivienda o al Ministerio de Derechos Sociales, que es algo que podría tener sentido si tenemos en cuenta que la vivienda es un derecho social. Pero no. Y la respuesta es que la Sareb siempre se ha tratado como una mercancía financiera”.

El pronóstico de Inurrieta es similar: “El objetivo desde su creación no era hacer política de vivienda. El único objetivo era sanear al sector financiero, y así seguirá siendo”. Según el economista, “no hay ninguna posibilidad” de que los activos de la Sareb, una vez nacionalizada, vayan a usarse para hacer crecer el parque de vivienda público: “El Ministerio de Economía no tiene ninguna intención de que el Estado sea un casero. Más bien todo lo contrario, lo que quieren es liquidar la sociedad y quitarse de encima esa patata caliente”, vaticina.

El Real Decreto Ley que permite que el Estado pueda aumentar su participación accionarial en la Sareb establece que la sociedad seguirá funcionando como empresa privada. Sí permitirá al FROB regular los salarios de la cúpula directiva, los cuales han provocado mucha polémica desde la fundación de la sociedad. Alejandra Jacinto asegura que el Real Decreto que abre la puerta al aumento de la participación estatal lo único que va a provocar es que “se sigan socializando las pérdidas mientras que la gestión va a seguir siendo privada”.