El Informe que se presenta al Consejo de Derechos Humanos en “cumplimiento” de la resolución 42/25 del Consejo, de 27 de septiembre de 2019, contiene las conclusiones de “la misión internacional independiente” de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, es un verdadero compendio de chapucerías. La misión, de manera felona, ofrece un panorama general, sin pruebas y sin escuchar al Estado venezolano con lo cual se incurre en violación del debido proceso, de sus conclusiones con respecto a las presuntas ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, cometidos en el país desde 2014. “La Misión” concluye su informe con su evaluación de las responsabilidades por las violaciones constatadas.

El Canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, ha denunciado que el susodicho informe fue redactado y armado por consultores pagados, señalando que uno de ellos es el actual Canciller chileno. Para Arreaza se trata de un refrito que ya huele a pescado manido y que supura buena parte del veneno que Almagro desde la OEA ha lanzado contra Venezuela en su empeño por liderizar una cruzada de condena que culmine con la intervención militar que ponga fin a la revolución bolivariana y al gobierno que conduce legítimamente Nicolás Maduro Moros.

La “Misión” que redactó el informe chapucero recomienda que la República Bolivariana de Venezuela lleve a cabo de inmediato investigaciones efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones de derechos humanos, haciendo que los responsables rindan cuentas de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. El Estado debe asegurar que las investigaciones incluyan a los de mayor responsabilidad, esto es, a Maduro y sus principales colaboradores respecto de todas las violaciones y delitos documentados. La “Misión”, en un alarde de chapucería inusitada, también presenta “recomendaciones” a la comunidad internacional, incluyendo que los Estados consideren la posibilidad de iniciar acciones legales contra los individuos responsables por las violaciones y los delitos señalados en el informe, de conformidad con su legislación interna pertinente. En el informe se recomienda que, en el examen de los casos, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional tenga en cuenta las necesidades de las víctimas de que se haga justicia oportunamente. En pocas palabras, ese informe chapuza está solicitando que Venezuela sea declaro estado fallido o fracasado para que sea intervenido.

Estado fallido es una expresión que se ha generalizado, su definición sigue siendo confusa y controvertida. Analizar la intencionalidad de esta figura resulta fundamental, dado que en el entorno internacional donde las estrategias responden a los intereses en juego, las “palabras no son indoloras”, como lo refiere la autora Susan Woodward en su trabajo publicado en Bruselas, “Los Estados fallidos”. Para el filólogo y pensador estadounidense Noam Chomsky, el término “Failed States” o estado fallido es una teoría inventada por la “administración estadounidense luego del fracaso de las políticas acerca del eje del mal y los estados terroristas o estados forajidos y otras invenciones creadas para nuclear y aglutinar a la opinión pública y centrar los esfuerzos contra gobiernos y países cuyas políticas no concuerdan con la visión del gobierno estadounidense”. Chomsky va más allá y señala que el mejor modelo de estado fallido son los Estados Unidos por sus fracasos en las políticas domésticas y por su política agresiva y caótica en relación con el mundo, todo esto lo refiere el internacionalista Raymundo Kabchi en su trabajo titulado: Venezuela: ¿Estado fallido?

El informe chapucero para nada toma en cuenta la feroz campaña de agresiones y sanciones contra el pueblo y gobierno de Venezuela que la Administración Estadounidense ha desatado desde el año 2015 cuando Obama cometió la desfachatez de declararla “una amenaza inusual y extraordinaria”. En los “factores estructurales”, el informe chapucero afirma que en Venezuela existe una ruptura de las instituciones democráticas cuando la realidad es que en Venezuela existe un gobierno que gobierna y un “autoproclamado” que desgobierna y roba los bienes de los venezolanos de manera descarada con la anuencia de gobiernos chapuceros, títeres de USA. Afirman que en Venezuela existe una hiperinflación y una severa escasez de alimentos y de medicinas que ha llevado a más de cinco millones de venezolanos a abandonar el país. Silencian el hecho de que esa hiperinflación es parte del bloqueo financiero contra el país inducida desde el exterior devaluando la moneda mediante páginas digitales manipuladas por hampones financieros. Calla malintencionadamente la verdad de que cientos de miles de venezolanos que se habían marchado por múltiples razones, algunas explicables, han regresado gracias a los planes del Gobierno, ante los malos tratos homofóbicos de que han sido objeto en varios de los países a donde habían emigrado. Refieren que la Asamblea Nacional fue anulada por la sentencia número 808 del Tribunal Supremo de Justica pero callan que esa Asamblea incurrió en desacato, que en Venezuela existe un estado de derecho y que nadie está por encima de la ley. Que la Asamblea Nacional Constituyente ha ejercido facultades legislativas de facto. Pretenden desconocer el carácter soberano, expresión del poder originario que esa Asamblea Constituyente tiene, como lo tiene cualquier otra similar en el mundo. Que el Gobierno desde el año 2015 ha declarado más de 25 Estados de Emergencia, cuando la verdad es que ha declarado un Estado de Excepción el cual ha sido objeto de múltiples prórrogas dado que las circunstancias que lo originaron persisten. Que desde el año 2014 se han realizado 27 cambios en el área de la seguridad, siendo que ello es potestativo de un Estado Soberano y de un Gobierno autónomo.

El informe chapucero se da en momentos en que el pueblo de Venezuela marcha hacia un proceso electoral para elegir a una nueva Asamblea Nacional. Se produce cuando las relaciones de Venezuela con la Unión Europea y otros países mejoran y se consolidan, procurando subvertir dicho proceso y aislarla del concierto de las naciones. Ese informe chapucero procura darle oxígeno a la candidatura de Trump y crear un ambiente peligrosamente propicio para que los halcones de la guerra intenten dar un zarpazo interviniendo militarmente en Venezuela, lo cual, según ellos, sería la salvación de los Venezolanos de “la dictadura de Maduro”.

Ese informe es la expresión chapucera de quienes desde la oficialidad diplomática, han convertido a ciertas oficinas en apéndices directos de la Administración Estadounidense, inventándose supuestos, disfrazando teorías para agredir a gobiernos y pueblos que no comulgan con sus políticas y que no se les arrodillan. Se comportan como verdaderos idiotas. Al decir del filósofo Byung-Chul Han (La psicopolítica, 2015), practican el idiosincratismo y así, mezclan sus fluidos corporales con la alta hipersensibilidad que de ellos emana. La resistencia y rebeldía del otro los perturba, los incomoda. Viven desligados, desconectados de la realidad. Son unos verdaderos “herejes modernos” atrapados en sus códigos y en sus afanes hegemónicos y supremasistícos. Como afirma Byung estos idiotas ya no son sujetos, se asemejan al homo tantum que ya no tiene ningún nombre, aunque no se le puede confundir con nadie.

El pueblo de Venezuela aprobó mediante referendo mayoritario en 1999, una Constitución garantista de los Derechos Humanos. De manera que por imperativo constitucional, su Gobierno está llamado a respetar y velar por la protección y defensa de las garantías constitucionales. Así ocurrió con la espantosa masacre del Caño El Amparo, un crimen atroz cometido en la llamada Cuarta República y que había quedado impune. Eso fue resarcido por el Gobierno Bolivariano conducido por el Comandante Chávez. Las actuales denuncias, han de correr la misma suerte, incluyendo las invasiones militares que desde Colombia, caso Operación Gedeón, se na cometido contra Venezuela.

El informe chapucero será enfrentado por una Venezuela digna y soberana y seguramente lo será también por la mayoría de los gobiernos y pueblos que hoy construyen sus sueños de ser libres y vivir sin sometimientos a imperio alguno. Esos pueblos, más temprano que tarde, van a construir el nuevo Derecho Internacional que libere en lugar de reprimir y humillar. Remozaran y se inventarán nuevas instituciones públicas que liberen al foro mundial de las ataduras que nacieron al finalizar la Segunda Guerra Mundial y que permanecen inalterables. Nacerá un mundo pluripolar más justo y equitativo.