Fuente: Iniciativa Debate/ Juan Carlos González Caldito
Desde el jueves 11 por la noche, los municipios catalanes de Igualada, Vilanova del Camí, Òdena y Santa Margarida de Montbui se encuentran confinados debido al coronavirus. Estos cuatro municipios, que pertenecen a la Cuenca de Òdena y suman aproximadamente un total de 66.000 personas, tenían registrados ayer sábado 70 contagios, de los cuales 41 son profesionales sanitarios, y 3 fallecidos, unas cifras muy elevadas para el número de habitantes. De este modo, el Hospital de Igualada se ha convertido en una especie de “zona cero” del coronavirus por lo que el confinamiento ha sido una medida necesaria. En gran medida y pesar de las dificultades y las molestias, los ciudadanos de estos municipios hemos aceptado (sí, yo vivo en Igualada) estoicamente el confinamiento: las calles vacías, las tiendas y empresas cerradas y la ciudadanía en sus casas porque el problema colectivo es mayor que los intereses particulares.
De algún modo, hemos entendido que si para acabar con el virus hay que recluirse 14 días, es un sacrificio menor al de tener que convivir con el virus. Pero, ¿ha tenido sentido este confinamiento después del decreto ley expuesto ayer por el presidente del gobierno Pedro Sánchez en el que activaba el estado de alarma? ¿Se mantendrá el confinamiento hasta nueva orden como ha asegurado el alcalde de Igualada a pesar del decreto ley?
Explicaba ayer el presidente del gobierno Pedro Sánchez que los puntos centrales del decreto de alarma, que se aplicarán a partir de mañana lunes, se centran en que los ciudadanos únicamente podremos circular por las vías de uso público para la adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a centros sanitarios; el retorno al lugar de residencia habitual; asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; desplazamiento a entidades financieras; y el desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar la prestación laboral, profesional o empresarial. De este modo, nadie podrá moverse salvo para ir al trabajo, volver a casa o buscar alimentos y medicinas. De este modo, y a pesar de que se exige a las empresas que establezcan el teletrabajo para todos siempre que sea posible, el gobierno del PSOE y Unidas Podemos no quiere frenar la producción, por lo que si las empresas requieren a sus trabajadores, estos tendrán que ir o asumir las responsabilidades por no ir. El error del ejecutivo de Sánchez, en el que se encuentra Pablo Iglesias, no es solo eliminar la competencias a los gobiernos autonómicos que son los que mejor conocen el territorio, sino mantener la productividad: se ha decidido salvar al mercado, de nuevo, antes que a los ciudadanos. ¿Qué tipo de confinamiento es éste?
Según la RAE, confinar significa recluir a alguien dentro de unos límites, y en este caso consistiría en no poder salir de los hogares excepto por motivos de causa mayor (enfermedad y alimentos). No obstante, el decreto ley que declara el estado de alarma no aboga por el confinamiento, sino por la reducción de las aglomeraciones en las calles, una medida insuficiente pues los trabajadores seguirán manteniendo contacto entre ellos y, con ello, la propagación del virus. La pregunta es inevitable: si la formación educativa se ha paralizado hasta nuevo aviso, ¿quién se encargará de los menores cuando sus padres tengan que volver a trabajar el lunes? ¿No serán acaso, en la mayoría de casos, sus abuelos, los cuales muchos pasarán de los 60 años, el grupo de mayor riesgo según las investigaciones? Si, como dijo Sánchez, se basarán en criterios científicos, ¿por qué no eliminan el trabajo durante 14 días, que son los necesarios para eliminar con seguridad el virus? Y si miran por el mercado, ¿no son capaces de ver que aplicando estas medidas en las que se mantiene la actividad laboral los contagios no disminuirán y con ellos tampoco las muertes?
A pesar de que es un gobierno formado por PSOE y Unidas Podemos, la lógica del mercado sigue imperando al anteponer los intereses del mercado (producir) a los intereses de la ciudadanía (salvar vidas). Los municipios catalanes de la cuenca de Òdena pueden ver afectado su confinamiento, así como el resto de municipios del estado español seguirán con una cierta normalidad pues las calles y centros de trabajo seguirán concurridos. Es sorprendente que el gobierno necesite días o tal vez semanas para darse cuenta de que el confinamiento absoluto, sin tener que ir a trabajar durante 14 días, es la medida necesaria, y que de no hacerlo así el problema al que nos enfrentamos no durará sólo 14 días, sino que llegaremos con él a verano. De ser así, no sólo la economía se verá todavía más resentida, sino que habrá un número de fallecidos que, seguramente, todavía estamos a tiempo de reducir. Esperemos que más pronto que tarde el ejecutivo de Sánchez rectifique y asuma que esta guerra contra el coronavirus pasa por anteponer los intereses de la ciudadanía a los del mercado y no al revés…