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Las personas que firmamos este artículo, activistas por la Renta Básica, trabajamos en lo que se conoce como el ámbito “social” o el “tercer sector” así llamado básicamente porque no es ni la administración pública ni la empresa privada. Hablamos de aquel conjunto de entidades privadas, formalmente organizadas y sin ánimo de lucro cuyo objetivo es impulsar el reconocimiento y el ejercicio de los derechos sociales individuales y colectivos y lograr la cohesión y la inclusión social. En esta definición podemos encontrar a Cooperativas, Fundaciones, residencias para colectivos en riesgo de exclusión, Centros de Protección de Menores, Centros Especiales de Empleo o entidades como Cruz Roja, Cáritas u ONCE por citar algunas de las grandes.

La importancia de este sector es vital. No solo es un sector que ocupa a más de dos millones de personas entre trabajadores y asalariadas y que trabaja con más de siete millones de personas, sino que el trabajo que realiza es fundamental para que el Estado de Bienestar vele por quien más lo necesita.

Desde hace años defendemos la Renta Básica incondicional, en parte también por la experiencia y lo que aprendemos día a día en nuestra actividad laboral con estas personas, a las que acompañamos en sus “procesos de inserción social y laboral”.

Estas últimas semanas con la pandemia del COVID-19, la propuesta de la RB es cada vez más conocida y difundida por ser una solución efectiva y a corto plazo a algunos de los problemas que tienen nuestras sociedades: dar cobertura económica a toda aquella gente que vive en la pobreza y garantizar una protección social de la cuna a la tumba acabando con la incertidumbre económica que azota a nuestra sociedad.

Pero detectamos que en este ámbito aún hay ciertas reticencias y dudas de algunos profesionales a una RB incondicional. Es por ello que queremos poder contribuir y hacer una aportación en defensa de esta medida desde la trinchera del trabajo con estos grupos de población.

Es cierto que conocemos una parte muy minúscula de una realidad amplia y diversa del llamado tercer sector, pues concretamente trabajamos en la inserción laboral de personas diagnosticadas de trastornos mentales, con mujeres en situación de pobreza y de exclusión social en Catalunya y con menores tutelados en Galiza. Son colectivos de población que forman parte de lo que se conoce en la jerga del sector como “grupos vulnerables” o “población en riesgo de exclusión social.”

Sin poder tratar en este artículo de una realidad tan compleja como la de estas personas apuntaremos algunos datos para poder dibujar un pequeño mapa de su situación y de por qué sería muy importante proporcionar una RB para toda esta población.

Las personas con diagnósticos de salud mental y su acceso al empleo

Si algún sector históricamente ha padecido unos altos índices de paro son las personas con discapacidad por motivos de salud mental, quienes presentan unos niveles de desempleo de más del 80% según algunos informes (1). El Artículo 42 de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social establece la obligatoriedad para las empresas de más de 50 empleados de una cuota de, al menos, el 2% de los puestos de trabajo reservados para personas con una discapacidad del 33% o superior, pero en la práctica es habitual es el incumplimiento de la ley porque en España ni se persigue ni se penaliza esta situación. Además, en caso de que algunas empresas cubran la cuota, lo hacen priorizando otros tipos de discapacidades, pues la ley no especifica el motivo de la misma.

También existen los Centros Especiales de Empleo (CEE) que son una de las formas de empleo protegido que desde 1982 por la Ley 13/1982 se viene desarrollando. A pesar de ser diseñados en origen para ser una vía secundaria para garantizar el acceso al mercado laboral y para que tuviesen un carácter de transición para la integración de personas con discapacidad en el mercado laboral ordinario, suponen un ámbito separado del mercado laboral común, lo que genera a la larga mayor marginación y no logra la integración pues se convierten en el destino definitivo del trabajador con discapacidad al no ser un instrumento de accesibilidad del empleo protegido al ordinario, pues las tasas de transición nunca superan el 5%.

Desde hace muchos años, la realidad cotidiana sigue siendo que las personas diagnosticadas con algún trastorno psiquiátrico como reconocía la OMS se encuentran en “el furgón de cola del tren de los colectivos más estigmatizados”.

La desigualdad entre mujeres y hombres

Las mujeres son la mayoría social, 51%, y aun así partimos de situaciones de desigualdad social, económica, política, cultural… evidente. No sólo la ya conocida brecha salarial, una diferencia salarial de media del 16% menos que cobran las mujeres con respecto a los hombres, sino también las dificultades en el acceso al mercado laboral, la falta de reconocimiento de los trabajos de cuidado y la gran precariedad -y parcialidad- de los trabajos altamente feminizados.

Esta crisis ha evidenciado la centralidad de los trabajos de cuidados, los llamados “trabajos esenciales” que son los que tienen un índice de feminización mayor, más contratos de jornada parcial y salarios más bajos. Estos trabajos son los que están en el centro de la crisis y gracias a los cuales la sociedad ha ido manteniendo el ritmo básico. ¿Ha cambiado el paradigma del valor del trabajo? Lejos de eso han subido los precios de productos básicos y han dado simplemente pequeños incentivos a las interminables jornadas.
La realidad de las mujeres en situación de pobreza en esta crisis es diversa: una parte son las trabajadoras pobres, con trabajos precarios para sostener la supervivencia. Por otra, las mujeres con trabajos “informales” sin seguro, sin garantías, que han perdido el trabajo por no poder salir de casa o que han sido detenidas por no poder demostrarlo o bien son internas conviviendo y cuidando personas mayores o con discapacidades, infectadas en muchos casos, a las que en ocasiones ni tan solo se les ha entregado mascarilla y guantes para protegerse. Finalmente, las mujeres que ni tan sólo tienen un trabajo en el mercado formal, dependientes de ayudas sociales mínimas y con personas a su cargo, que con esta pandemia aún han empeorado su situación.

En esta situación, las llamadas políticas de igualdad ¿han dejado de ser una prioridad? Creemos que deben serlo. La situación de desigualdad entre géneros se agrava y, a la vez, pone en cuestión la centralidad de algunos trabajos y su valor económico y social. Así como se evidencia la falta de efectividad de los centenares de ayudas sociales a las que muchas mujeres se ven obligadas a acceder quedando enredadas en la trampa de la pobreza.

Un futuro incierto para los y las menores tutelados/as

El desempleo de los menores de 25 años en España a principios del 2020 era uno de los más altos de Europa con índice superior al 30%. Desde hace muchos años, y más acrecentado desde la crisis del 2008, el empleo no es garantía de estar a salvo de la pobreza.

La pobreza se transmite de manera intergeneracional. Cuando nacemos y nos criamos en un hogar con escasos bienes materiales y con ingresos reducidos aumentan las probabilidades de que nos instalemos en la pobreza y nos sea mucho más difícil salir de ella. Según la OCDE (2), un niño o niña que nazca hoy en una familia pobre en España va a necesitar cuatro generaciones, el equivalente a 120 años, para alcanzar el nivel de renta medio de la sociedad en la que vive. Sin duda, nos debe avergonzar como sociedad que más de dos millones de niños y niñas en España vivan en hogares pobres. En el informe FOESSA 2019 (3) podemos ver cómo los que se criaron entre dificultades duplican a los que no crecieron entre penurias. La marca hereditaria de la exclusión continúa limitando las capacidades de la gente menos afortunada.

Los y las menores en situación de tutela o guarda por parte de la Administración tienen unas características determinadas que les hacen estar en una situación de especial vulnerabilidad. La primera característica es que tienen un bagaje vital complejo, lo que los lleva a tener medios familiares inexistentes o deteriorados, baja autoestima, inseguridad y a menudo se encuentran estigmatizados. La segunda característica es que los procesos de emancipación de este colectivo se inician mucho antes que los del resto de jóvenes en el conjunto del Estado. La edad media de emancipación en España se sitúa en los 29 años y las personas extuteladas se ven obligadas a emanciparse a los 18. La tercera característica es la emancipación urgente. Tienen una necesidad de emanciparse de manera rápida y satisfactoria cuando dejan de recibir el apoyo y la atención que han recibido hasta el momento en el que cumplen 18 años.

Debemos tener en cuenta una serie de variables (educación, género, empleo, economía, familia, salud e institucional) en las que la Renta Básica influiría sobre los factores de riesgo asociados a ellas. Por ejemplo, son factores de riesgo el empleo precario, la falta de apoyo económico familiar y la desvinculación de las instituciones públicas una vez salen del sistema de protección de menores. Otro factor de riesgo es el abandono escolar, lo que puede favorecer procesos de exclusión social posteriores. Todos ellos se verían eliminados al tener la existencia material garantizada.

La Renta Básica, una herramienta imprescindible para el tercer sector

Desde la perspectiva basada en los derechos humanos y desde un planteamiento político republicano hemos ido avanzando en la comprensión que una protección social como la renta básica incondicional permitiría realizar planes de futuro a muchas personas con un grado de seguridad económica y psicológica de la que ahora carecen. Con una RB incondicional, universal y suficiente sus vidas ganarían mucho en libertad.

Hablamos de una medida que si se hubiese aplicado hace ya tiempo hubiera podido cambiar la vida de mucha gente; aún con más razón si cabe en los últimos años, con la grave crisis económica iniciada el 2008 y de la que aún no nos hemos recuperado, con sus secuelas de millones de personas viviendo en la pobreza y unos altos índices de empleo precario y economía sumergida.

Pero si hablamos de las personas con las que trabajamos a diario, como profesionales del sector social, entonces la propuesta de la RB emerge con fuerza y cobra mucho sentido, pues podría significar acabar con la situación de pobreza y exclusión social de muchas de estas personas. Son vidas que en muchas ocasiones están bloqueadas, al no ser posible poder tomar buenas decisiones, ya que como bien nos explican Mullainathan y Shafir en su recomendable libro Escasez, su ancho de banda mental está limitado, al no tener una seguridad psicológica ni una existencia material asegurada, produciéndose en muchas ocasiones malas decisiones y elecciones por no poder razonar bien en situaciones de escasez y tener que funcionar con una “visión de túnel” para su supervivencia (4).

Somos conscientes y nos lamentamos que aún tenemos mucho que avanzar en el día a día de nuestra experiencia profesional en este ámbito profesional, pues asistimos con estupefacción a algunos prejuicios y reservas, cuando no a claras objeciones, de algunos compañeros y compañeras respecto a la RB incondicional.

Esperemos que con esta pandemia del COVID-19 y las consecuencias económicas que se prevén trágicas, resuelva definitivamente de una vez las dudas y cuestionamientos. Por poner algún ejemplo recurrente, nos encontramos con comentarios de esta guisa: “Habría que condicionar la renta a algún tipo de compromiso” o tal vez más técnicamente: “Es bueno que la gente suscriba un compromiso o un plan de inserción si recibe alguna ayuda”, y curiosamente no deja de ser chocante que no se hable de los invisibles trabajos de cuidado como retorno social. Sorprende que no nos encontramos estos planteamientos cuando hablamos de la sanidad o la educación pública. Para esos derechos de acceso universal no hay ningún tipo de contraprestación. En cambio, para aquellas personas en situación de pobreza y vulnerabilidad sí se les exige un control muy estricto que vulnera la propia dignidad de la persona. Nos resulta chocante que, incluso dentro de nuestras profesiones, ese discurso asistencialista, fiscalizador y paternalista perdure y tenga una gran presencia negando la autonomía de estas personas por el sólo hecho de estar en situación de pobreza.

Creemos que una parte de nuestra dedicación profesional también sería más efectiva si las personas a las que atendemos tuviesen su existencia material garantizada y no tener que dedicar tantos esfuerzos y energías a la lucha por la supervivencia diaria, lidiando con la burocracia y el laberinto de ayudas condicionadas e incompatibles con otros ingresos.
Es cierto también que con el paso de los años cada vez son más las trabajadoras y trabajadores de lo social que se posicionan a favor de una Renta Básica Universal, Incondicional, Individual y Suficiente como es el caso reciente de los Colegios de Trabajo Social de Asturias y el de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia, pero sin duda necesitamos pensar en esta medida como un cambio de paradigma en el tercer sector. ¡Lo vamos a necesitar!

Notas:

1. En https://www.fpsomc.es/noticias/2018/02/18_02_20_salud_mental_espa%C3%B1a última consulta el 28/04/2020
2. OECD (2018), A Broken Social Elevator? How to Promote Social Mobility (Spain), OECD Publishing, Paris, http:// www.oecd.org/spain/social-mobililty-2018-ESP-EN.pdf
3. VIII Informe FOESSA https://www.foessa.es/viii-informe/
4. S. Mullainathan , E. Shafir, Escasez, Fondo de Cultura Económica, México, 2016

(Una versión reducida de este artículo se publicó en https://www.elsaltodiario.com/renta-basica/cambio-paradigma-tercer-secto…)