Fuente: Umoya num. 101 – 4º trimestre 2020                             José Lucas, Comité de Madrid

Un tribunal especial para el Congo sobre la base del informe “Mapping»

El informe “Mapping”, elaborado por el Alto Comisariado de la ONU sobre los derechos humanos, describe las violaciones cometidas en la RDC entre marzo de 1993 y junio de 2003. Se trata de un documento denso y detallado, basado en investigaciones rigurosas efectuadas por una veintena de profesionales congoleños e internacionales durante 12 meses.

El primero de octubre de este año se cumplió el décimo aniversario de la salida del informe “mapping” que cartografió las principales masacres ocurridas en la República Democrática del Congo entre los años 1993 y 2003. Diferentes personalidades congoleñas como el premio Nobel de la paz, Denis Mukwege, el líder de la oposición, Martin Fayulu y numerosas organizaciones de la sociedad civil, han pedido el fin de la impunidad en el Congo y para ello han solicitado la creación de un Tribunal Penal Especial para el Congo, basado en el informe “mapping” y la publicación de los anexos de este informe. Igualmente, numerosas manifestaciones fueron organizadas en las principales ciudades congoleñas para apoyar estas reivindicaciones. Actos conmemorativos pidiendo el fin de la impunidad también se realizaron en París, Montreal y Bruselas, ciudades que aglutinan una parte importante de la emigración congoleña.

Con la creación de un tribunal especial basado en el informe se pretende, en mi opinión, que no ocurra como lo sucedido con el Tribunal Penal de la Haya. Es decir, que se puedan elegir los crímenes a juzgar de modo que solo se condenen a señores de la guerra de segunda fila y no se toque a los gobiernos extranjeros que los financiaban y que desempeñan un papel importante de tutelaje para el Congo, razón por la que han estado siempre protegidos por la Comunidad Internacional (Estados Unidos y aliados). La publicación de los anexos del informe “mapping” va también en el mismo sentido pues en ellos estarían los nombres de los sospechosos de muchas de las masacres así como los autores intelectuales, que corresponderían a gobiernos extranjeros.
El informe “mapping” de la ONU fue organizado para cartografiar las principales masacres cometidas en la República Democrática del Congo pero con un mandato de no investigar a los autores de las mismas sino solo dar datos de los lugares y número de víctimas. A pesar de todo, el informe contiene información de los grupos armados que probablemente cometieron los crímenes. El informe “mapping”, una vez acabado, durmió varios años hasta que en el año 2010 se tomó la decisión de hacerlo público, probablemente para presionar a Paul Kagame y evitar que cometiese más masacres. Posteriormente, y según el ministro de Derechos Humanos congoleño, Andre Lite Asebea, la presión de Estados Unidos y Gran Bretaña habría bloqueado la continuación prevista de las encuestas complementarias de dicho informe, aun cuando la ONU había provisto fondos para ello.

Del informe “mapping” es posible deducir que una aplastante mayoría de masacres fueron realizadas por tropas ruandesas o grupos congoleños de obediencia a Ruanda. De modo que si se crea un tribunal basado en este informe no quedaría más remedio que condenar a las autoridades de este país, algo que sin duda podría frenar la mayor parte de las masacres. La otra posibilidad para detener los crímenes sobre la población civil sería seguir la propuesta realizada hace años por el exsubsecretario norteamericano, Herman Cohen, quien abogó por crear una especie de mercado común africano donde los minerales congoleños pudieran beneficiar no solo al Congo sino a Ruanda , Uganda y otros países de la zona; propuesta que, como era previsible, fue bastante mal aceptada por los congoleños.  El problema no es tanto la creación del tribunal, sino asegurarse de que este sea independiente; algo a priori bastante complicado de conseguir. Si se crease un Tribunal Penal Internacional, sería el Consejo de Seguridad de la ONU quien decidiria qué se investiga y sería además quien nombrase a jueces y magistrados, mientras que si fueses un Tribunal Especial con camaras mixtas adjuntas, permitiría el concurso de juristas congoleños , elegidos por el gobierno congoleño. En cualquiera de los dos casos, existen poderosos intereses capaces de influir en los jueces para que no se tooque a personalidades de los gobiernos de los paises vecinos, com Ruanda. Estos gobiernos, de hecho, ejercen un papel de tutelaje sobre la República Democrática del Congo en su intento por favorecer a las multinacionales occidentales.
Las masacres de población civil han sido fundamentalmente el resultado de la estrategia a largo plazo del gobierno ruandés para balcanizar el Congo, según lo prometido por Madeleine Albright a Paul Kagame como premio por su labor de control del Congo. El gobierno ruandés intenta con masacres y violaciones ahuyentar a parte de la población congoleña de las provincias limítrofes con Ruanda, ricas en yacimientos minerales, para ir modificando su composición étnica al ir ocupando áreas vacías con población ganadera de la superpoblada Ruanda. El objetivo final sería que, una vez realizada la balkanización del Congo, estas provincias limítrofes ya independientes puedan ser más fácilmente controladas desde Ruanda. Cuando el pasado mes de julio del 2020 el Dr Denis Mukwege dijo que la masacre de Kipupu era el resultado de la estrategia de crear un Kivu (provincia congoleña) independiente, todos los congoleños supieron a qué país estaba culpando de los crímenes.
Las presiones internas sobre jueces y magistrados serían difíciles de evitar y estarían relacionadas con los poderes que pugnan actualmente por dirigir la República Democrática del Congo. Por una parte, por el actual presidente, Felix Tshisekedi y por la otra, una especie de “estado profundo” responsable inicial del sistema de tutelaje. Ninguno de estos poderes puede o quiere implementar un tribunal que encause a los altos cargos del gobierno ruandés, verdaderos autores de la violencia que vive el Congo. Además, habría que señalar que esta especie de estado profundo está formado por algunos individuos que han tenido responsabilidad intelectual en la comisión de masacres o que han promovido los ascensos, dentro del ejército congoleño o de la administración, de individuos que han cometido crímenes. El ejemplo de la trayectoria del general congoleño Eric Ruhorimbere, puede servir, entre otros, para ilustrar este hecho.
Eric Ruhorimbere participó en la guerra del Congo como integrante de la guerrilla RCD (Rassemblement Congolais pour la Democratie) que se enfrentó contra el gobierno congoleño. Esta guerrilla estaba dirigida y financiada desde la vecina Ruanda. Ruhorimbere fue el principal acusado de la masacre de Kasika, ocurrida el 24 de agosto de 1998, en la que su guerrilla asesinó a más de un millar de civiles, en su mayoría mujeres y niños, crímenes que fueron bien documentados en el informe “mapping”. Posteriormente, gracias a los acuerdos de paz promovidos por el Consejo de Seguridad de la ONU, fue integrado junto a muchos de los componentes de la guerrilla RCD en el ejército congoleño, que abandonaría años más tarde para volver a integrarse en otra guerrilla creada por Ruanda, la CNDP (Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo), que también luchaba contra el ejército congoleño. Un nuevo acuerdo de paz con esta guerrilla impulsó de nuevo a Eric Ruhorimbere al ejército congoleño. En todos estos años ha habido organizaciones de derechos humanos y paneles de expertos de la ONU que le han señalado como autor de crímenes contra la población civil, hecho que no le ha supuesto la apertura de ninguna investigación sino ascensos en el escalafón militar. La última acusación contra él procede de la Unión Europea, que le acusa de crímenes contra la población civil en la provincia de Kasai donde Ruhorimbere, en 2016, ostentaba el cargo de vicecomandante de la 21 región militar. Posteriormente sería ascendido a general.
Eric Ruhorimbere formaría parte de los protegidos del estado profundo congoleño y aunque la Unión Europea estaría feliz de encausarlo por sus crímenes, hasta ahora ha evitado llevar ante los tribunales a otros individuos cuyos crímenes pueden incriminar al gobierno ruandés. Como se puede ver, la hipocresía es notoria porque muchos de los estados occidentales que piden el fin de la impunidad en el Congo son los principales estados donantes a Ruanda, país que está detrás de la mayor parte de las masacres que se han perpetrado en la RD Congo.