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El Tribunal Constitucional avala la prisión permanente revisable de Rajoy
La decisión da vía libre a que los condenados puedan permanecer de por vida en prisión si no muestra que ha sido reinsertado.
El bloque conservador de magistrados del alto tribunal hizo valer su mayoría y se impuso por siete votos a tres en la decisión. La larga sesión de debate se prolongó durante dos días y rechaza el recurso presentado por el PSOE y respaldado por el resto de la oposición: la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), UPyD y Compromís junto a nacionalistas catalanes (de CDC y de UDC), vascos (PNV), canarios (Nueva Canarias) y gallegos (BNG).
La medida, aprobada en 2015 por el ejecutivo de Rajoy, permite que en caso de condenarse al preso a prisión permanente revisable este pueda permanecer en la cárcel de por vida si no demuestra —en sucesivas revisiones a partir de los 25 años— que se ha reinsertado. Una medida calificada como «punitiva» por sectores progresistas de la judicatura y la política.
El TC solo ha propuesto incluir algunas precisiones al texto vigente, matizando su contenido pero no condicionando su núcleo fundamental. Por tanto la aplicación de esta medida permanecerá inalterada.
En concreto la figura de la prisión permanente revisable aparece recogida en el Artículo 140 del Código Penal para los casos de asesinato de: menores de 16 años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad. También cuando el hecho el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima. O en caso de pertenencia del asesino a un grupo u organización criminal.
Las posiciones de los partidos
El PP ha celebrado por boca de su presidente, Pablo Casado, la decisión del Constitucional asegurando que es un «merecido tributo a las víctimas y castigo a los delincuentes» y que en caso de gobernar sería ampliado a «maltratadores que acaban asesinando, asesinos que oculten el cadáver y violadores reincidentes».
El PSOE evitó pronunciarse sobre el tema en las últimas elecciones de 2019 -tanto en las de abril como en las de diciembre-, eliminando toda referencia a este medida de su programa electoral. Con anterioridad, durante el periodo de oposición al gobierno del PP, el PSOE había defendido la inconstitucionalidad de la medida asegurando que “vulnera la dignidad de las personas” e “incumple el fin de la reinserción”.
Unidas Podemos por su parte, ha mantenido su rechazo a la medida asegurando que no es «eficaz» para la reinserción. Izquierda Unida ya sostuvo esta idea durante el debate parlamentario en 2015. La postura de la coalición es firme a la hora de defender «una visión de reinserción y no de castigo en el sistema penitenciario».
Respecto a Ciudadanos, la formación naranja ha experimentado un cambio total de postura. Pasando de acordar en el preacuerdo para un gobierno con el PSOE de 2016 la «derogación» a su defensa en la actualidad. En su último programa aseguraban que: «garantizaremos el cumplimiento íntegro de las penas y ampliaremos la prisión permanente revisable para que ningún delincuente quede impune».
Un total de 27 condenados
En estos seis años desde su aprobación un total de 27 personas han sido condenadas a prisión permanente revisable. Muchas de ellas plantearon recursos al Tribunal Supremo, que terminó ratificando las penas.
Las sentencias en muchos casos han estado vinculados a casos muy mediáticos como el descuartizador de Pioz, Patrick Nogueira, que mató a sus tíos y a sus primos de cuatro y un año en 2016; o el del asesino de Diana Quer, José Enrique Abuín, alias ‘El Chicle’. O el caso del pequeño Gabriel con la acusación a su madrastra Ana Julia Quezada.
La asociación Jueces y Juezas por la Democracia asegura que «el endurecimiento punitivo no combate la criminalidad de modo eficaz» y calificaba el sistema actual como suficiente para abordar estos delitos asegurando que es «incompatible con la reinserción». Recuerdan por su parte que vincular esta figura a casos muy mediáticos puede distorsionar la finalidad de todo sistema penal.