Pero no queda ahí la auténtica operación de Estado. Ante el amparo que presentó el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx), en Campeche, en el cual obtuvo primero una suspensión provisional respecto del proyecto de tren que ya hemos insistido es más que un tren, Fonatur presentó una queja cuyo documento es toda una pieza digna de denunciarse.

Argumentó que la suspensión afecta a quienes participaron en la consulta y aprobaron el proyecto. Es decir, se abroga la representación de dichas autoridades ejidales y municipales, habla en su nombre, son su estandarte para tender un manto de legalidad a su consulta.

No sólo eso, reproduce el discurso oficial respecto a los indígenas, no a los pueblos, lo sabemos, a los indígenas que reciben apoyos individualizados y miente ante el Poder Judicial señalando que son entidades de derecho público cuando la contrarreforma indígena de 2001 los ubicó como entidades de interés público y a la fecha la Constitución no se ha reformado. Si recordamos que el Poder Legislativo en la creación del Instituto de Pueblos Indígenas mencionó que lo son de derecho público. ¿Pretendió reformar la Constitución a través de una ley? Todo se vale. Reiteró que se trata de un reordenamiento territorial sin abordar la implicación en términos del mercado de tierras sustentando el proyecto en que las vías del tren ya existen. Pero este galimatías fue recibido por el tribunal colegiado de circuito, que al resolver el discurso de queja, perdón, el recurso de queja, transcribió ampliamente el sustento de la suspensión, las jurisprudencias que se han emitido por la Corte en materia indígena, el texto del artículo 2º constitucional y ello le sirvió para rechazar el cuestionamiento de Fonatur sobre la representatividad de los promoventes del amparo, lo cual es positivo, validó su interés legítimo, pero introdujo la limitante de que la suspensión se circunscribe al ámbito geográfico donde se ubican los promotores. Ello a partir de la facultad de modificar la suspensión que la jueza primera de distrito con sede en Campeche había otorgado respecto al proyecto en cuestión. Es decir que el área de influencia del proyecto o el impacto no atañe a la integridad territorial de los pueblos indígenas, sino que aplicó el criterio jurídico tradicional de amparar sólo a quien promueve . Las autoridades de Fonatur se dieron por satisfechas, ya que en virtud de tal determinación la jueza asumió ese criterio en la audiencia incidental del pasado 4 de marzo y si bien concedió suspensión definitiva lo hizo sólo para el área de influencia acotada a Calakmul.

Falta avanzar en el juicio de amparo, presentar pruebas y obtener una resolución definitiva. Mientras, continuarán con el proyecto. El asunto no queda sólo entre funcionarios que simulan y jueces que no ven y comunidades indígenas apelando al respeto a sus derechos mediante un juicio de amparo. El panorama está cargado de señales que configuran el patrón de despojo que viene de tiempo atrás. En los días previos afloró un escándalo en el Registro Agrario Nacional, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a través de un informe sobre mercado de tierras y prácticas corruptas que derivó en la remoción de su delegado en Yucatán. Se aplicó control de daños y sólo los medios locales filtraron datos del informe. Justamente es un telón de fondo no casual, no de ahora, en la trayectoria de tratamiento oficial en la península, frente a los ejidos a partir de la contrarreforma salinista al 27 constitucional. Hay juicios en curso derivados de esas prácticas que involucran a otras dependencias.

¿Cómo y de dónde saldrán las tierras que requieren los polos de desarrollo previstos para el llamado Tren Maya? Fonatur en días recientes aplicó un blindaje al reservar información respecto del proyecto llamado Tren Maya reservándola por cinco años, en un contexto en que un día se habla de recursos sólo del gobierno y otro de inversión privada. Lo contrario de transparencia es oscuridad y esa es la apuesta oficial hoy, mientras otras comunidades buscarán el amparo de la justicia federal, como un pie en la resistencia.