Según informaba esta misma nota de prensa, así como las diferentes noticias publicadas en los medios, fue necesaria la presencia de una veintena de funcionarios para controlar la situación dentro del módulo y el trabajador agredido tuvo que ser trasladado al hospital con lesiones de diversa consideración, extremo que pocos días después fue desmentido por fuentes penitenciarias: “el trabajador no requirió hospitalización y se encontraba en buen estado”. El informe de ACAIP apuntaba que esta agresión derivaba del hecho de que los internos del centro reciben la medicación de tres días de una sola vez, debido a la falta de personal sanitario, por el que “se colocan” y eso les provoca “una gran excitación y agresividad que se traduce en situaciones violentas contra los funcionarios”.

Quince días después de la publicación de estos hechos en prensa, la madre de uno de los presos que presenció el conflicto entre el funcionario y el interno se puso en contacto con la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria para hacerle llegar una versión muy diferente, que relataba las represalias que su hijo estaba sufriendo a raíz de esta situación y alertaba de las flagrantes vulneraciones de derechos fundamentales a las que estaba siendo sometido por el solo hecho de haber presenciado el conflicto. Tras recibir esta información, la asociación de familias decidió contratar los servicios de un abogado para que fuera a visitar a los presos que habían participado o presenciado los hechos y aclarar la situación.

Una vez lograron hablar con algunos de ellos –un hecho difícil, ya que muchos fueron dispersados ​​a diferentes centros penitenciarios del Estado– rápidamente se pudo comprobar que la versión de los presos era muy diferente, a pesar de estar en diferentes centros y por tanto no poder pactar un relato común. Los cuatro presos entrevistados describen la situación de una forma bien distinta y aseguran que después de participar o presenciar esta situación sufrieron fuertes represalias en forma de amenazas, vejaciones, agresiones físicas y cambios de régimen penitenciario. Actos que, en caso de ser probados, vulnerarían los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad y muchos de los artículos contemplados en el documento referente al Convenio de Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos y Degradantes de la ONU, aparte de constituir delitos graves tipificados en el Código Penal.

Aislamiento y dispersión para ocultar las denuncias

En estas denuncias, que han sido presentadas ante el Juzgado de instrucción 6 de Castellón y en las que ha tenido acceso la Directa, los cuatro presos coinciden en relatar que tras un rifirrafe entre un interno y el jefe de los funcionarios del módulo 3 del centro, una docena de funcionarios llegaron al patio y golpearon al interno “con puñetazos, patadas y en uso de las defensas reglamentarias hasta dejarlo inconsciente”, para luego llevarlo a una celda de aislamiento. La versión de este mismo preso –que participó en el conflicto– asegura que esa misma noche siete u ocho funcionarios entraron en su celda y continuaron golpeándolo, “amenazando con matarlo mientras le propinaban golpes de puño y de porra “.

El interno relata como horas después de la agresión alguien se acercó a la celda para preguntarle por las lesiones a través de la trampilla y, a pesar de detallarle las fuertes contusiones que tenía por todo el cuerpo, no se le hizo ni ningún reconocimiento médico ni se le entregó ningún informe de lesiones. El preso continúa detallando como dos funcionarios volvieron a golpearle repetidamente al día siguiente: mientras el jefe de módulo observaba como le agredían, le introdujeron los dedos en los agujeros de la nariz estirando fuertemente hacia arriba y le dijeron “que iba a salir de aquella habitación meando sangre “. Desde ese mismo momento hasta el día 16 de septiembre, este preso estuvo encerrado en una celda de aislamiento que –según relata en la denuncia– no mantenía las condiciones de salubridad mínimas, “con el agua cortada del inodoro, el lavabo y el inodoro”. El día 16 este preso fue trasladado a la cárcel de Picassent, donde se encuentra actualmente.

En las diligencias se explica que este no sería el único preso afectado por esta situación. Otro interno que presenció la situación y que le habría quitado el palo de escoba a su amigo “para evitar males mayores”, antes de acompañarle al patio para que se calmara, también denuncia fuertes represalias. Su testimonio describe cómo al día siguiente de estos hechos siete u ocho funcionarios le trasladaron a una celda de aislamiento –aplicándole el artículo 75 del Reglamento penitenciario– y una vez allí comenzaron a golpearlo y a amenazarle repetidamente. Explica que lo cogieron de la tráquea mientras le tapaban la boca y la nariz para que no pudiera respirar, le propinaron numerosos golpes y patadas por todo el cuerpo y amenazaron con matarle.

Tras insistir repetidamente en recibir atención médica, el día 2 lo llevaron a enfermería, donde le hicieron radiografías de la pierna, pero afirma que hasta ahora no ha recibido ningún informe médico. Según su versión, el día 6 de septiembre dos funcionarios volvieron a su celda para golpearle de nuevo debido a su insistencia en comunicarse con el jefe de servicio y explicarle la situación. Tampoco se ha tramitado ninguna de las instancias que interpuso. El miércoles 11 de septiembre se le retiró toda la medicación psiquiátrica que tenía prescrita y sufrió un ataque epiléptico dentro de la celda. Finalmente, fue trasladado al centro penitenciario de Murcia II, donde actualmente continúa privado de libertad.

Los otros dos testigos que figuran en la denuncia también corresponden a internos que presenciaron la pelea y que habrían sufrido represalias en forma de cambio de régimen, amenazas, vejaciones y agresiones físicas por parte de algunos funcionarios del centro los días siguientes a los hechos. Todos ellos relatan que aunque visitaron la enfermería en algún momento, por ahora nadie ha recibido ningún tipo de informe médico sobre las lesiones que acumulaban. A los pocos días de los hechos, todos fueron trasladados a otros centros penitenciarios de todo el Estado, lo que imposibilita la comunicación entre ellos y la denuncia colectiva de estos hechos.

Por todo ello, en las denuncia interpuestas por parte de la asociación Familias Frente a la Crueldad Carcelaria –que se presentará como acusación popular– contra el centro penitenciario de Albocàsser, se pide que se investiguen estos hechos, que constituirían delitos de torturas y contra la integridad física y moral de, al menos, cuatro presos. Por ello se solicitan las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia del patio y los pasillos de acceso a los módulos de aislamiento, así como la identificación de todos los funcionarios que trabajaron entonces en el módulo 3 del centro y los informes médicos de cada uno de los presos que pasaron por la enfermería los días después a los hechos.

Lisandro Giordani, abogado de los presos denunciantes, explica que “si se prueban estos testimonios, estamos ante un delito de torturas por parte de los funcionarios del centro, que el artículo 174.2 del Código Penal penaliza con hasta 6 años de prisión, además de otros delitos por lesiones y amenazas”. Según Giordiani, esta no es la primera vez que se denuncian torturas por parte de los funcionarios de la prisión de Albocàsser y recuerda como en noviembre del año pasado, algunos presos ya denunciaron agresiones por parte de los trabajadores del centro a pesar de que finalmente el caso quedó archivado. “Para los presos resulta muy difícil denunciar cualquier situación, ya que es muy complicado presentar pruebas de los hechos porque en las cárceles hay muy pocas cámaras y al cabo de un mes se borran todas las imágenes”, asegura el abogado, pese a la existencia de un informe del Defensor del Pueblo que solicita que se preserven las grabaciones para poder certificar las denuncias.

Giordani también considera un factor importante el hecho de que muchos presos tienen miedo de denunciar por las posibles represalias, por lo que está siendo complicado añadir más denunciantes a la causa. “Después de presenciar esta situación, muchos presos fueron trasladados a otros centros penitenciarios para dificultar la comunicación entre ellos y que les resultara difícil denunciar, pero nosotros estamos yendo a verlos a todos y de momento ya hemos presentado cuatro denuncias que se unirán en una única causa”, remacha. El abogado también considera que a diferencia de otras situaciones similares, en las que el caso se archiva rápidamente, esta vez una juez ya ha fijado unas fechas para que los denunciantes acudan al juzgado a declarar y ha solicitado las imágenes de las cámaras y la identificación de los funcionarios que prestaron servicio ese día: “todo parece indicar que esta vez la causa tirará adelante”, concluye.