En nuestra América a lo largo de la historia pasada y presente han acontecido una serie de fenómenos naturales que han tenido una tremenda repercusión económica, política, social, cultural y medioambiental. En los más recientes fenómenos de esa naturaleza que han tenido un gran impacto, destacan los terremotos en Haití. De los dos más recientes destacan el que se presentó el 12 de enero de 2010, el cual tuvo como epicentro a la capital del país caribeño, Puerto Príncipe. El efecto fue tremendo ya que generó el fallecimiento de más de 200 mil ciudadanos y una tremenda devastación del país en diversos órdenes.

El otro terremoto que ha sido el más reciente, fue el acontecido el pasado 14 de agosto, el cual generó un mayor recrudecimiento de la pobreza de los más amplios sectores populares haitianos. Según la “UNICEF estima que alrededor de 1,2 millones de personas, incluidos 540.000 niños, se han visto afectados por el terremoto y alrededor de medio millón de menores tienen acceso limitado o nulo a refugio, agua potable, atención médica y nutrición” (https://news.un.org/es/story/2021/08/1495672). En otras palabras, en Haití se ha generado un drástico recrudecimiento de la pobreza como nunca en su historia. Así, el país antillano, el primero de América Latina que logró emanciparse del régimen colonial francés, hoy padece las mayores condiciones de empobrecimiento de toda la región.  A esa situación se sumaron los efectos de las tormentas y huracanes que también han contribuido a agravar todavía más la débil estructura del país y su viabilidad en el corto y mediano plazo.

En ese dramático escenario hay que sumar los efectos de la pandemia provocada por la Covid-19. En la región hasta el mes de agosto de 2021: “Las infecciones y muertes están incrementándose en todo el Caribe, incluyendo en Cuba, Dominica, Guadalupe, Jamaica, Martinica y Puerto Rico, donde los casos aumentaron un 49% y las muertes un 70%. En Trinidad y Tobago, las muertes reportadas semanalmente continuaron elevándose” (https://news.un.org/es/story/2021/08/1495662). Todas estas condiciones de afectación sobre el pueblo haitiano, han condicionado que en la última década hayan emigrado un numeroso contingente de esos ciudadanos a diversos países del continente en condiciones de migrantes irregulares. Con el recrudecimiento de la pandemia iniciada en los primeros meses de 2020, alentó a  muchos migrantes en toda la región latinoamericana y caribeña, a buscar como alternativa frente a la crisis recrudecida por la pandemia,  emigrar hacia México por su frontera sur rumbo a los Estados Unidos.

Si bien el flujo de migrantes centroamericanos (hondureños, guatemaltecos y salvadoreños) ha sido un flujo permanente, hoy los haitianos se suman como un gran torrente migratorio. Sus testimonios son más que elocuentes del drama que están padeciendo. En Tapachula, ciudad chiapaneca enclavada en la región fronteriza de México y Guatemala, el flujo de migrantes es permanente. A los procedentes de Centroamérica, Cuba, Venezuela, Ecuador y de otros países africanos y asiáticos, se suma el torrente haitiano. Por las calles de Tapachula y en su parque central se ven a miles de esos migrantes pernoctando y padeciendo las inclemencias del tiempo, de la carencias de servicios médicos, alimentos y otras necesidades básicas. Es sin duda un cuadro aterrador ver la angustia de diversos latinoamericanos por escapar de la pobreza, la violencia y el desempleo en el marco de la pandemia.

A esta dramática situación se suma las políticas discriminatorias y represivas de las instituciones gubernamentales mexicanas encargadas formalmente de atender a los migrantes irregulares. Sin embargo, son las organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos (como Médicos Sin Fronteras) y  otras entidades religiosas las que brindan apoyo a los migrantes, y son ellas  quienes hacen su mejor esfuerzo para apoyarlos. En ese escenario para cruzar el territorio mexicano y llegar a la frontera con EU, los migrantes irregulares de varios países latinoamericanos y caribeños o de otras regiones del mundo -si cuentan con algo de recursos-, se ven orillados a recurrir a los traficantes (“polleros o coyotes)”.Delincuentes organizados que con un costo que fluctúa entre 5 mil y 10 mil dólares, les prometen llevarlos a los EU de manera irregular y peligrosa.

Es un sueño americano que tiene un alto costo económico para quien pretende ir a vender su fuerza de trabajo a la economía estadounidense. Exponiéndose a figurar en el esquema de una economía sumergida, ese periplo tiene un alto  costo económico. Pero también representa un alto riesgo al ser secuestrados por el crimen organizado. Los familiares de esos migrantes sufren un chantaje cuando los secuestradores les piden un rescate para no ser privados de la vida. En un testimonio de Esvín Marroquín, párroco guatemalteco del señor de las Tres Caídas, en Tecún Uman, señaló que en esos migrantes se reúnen factores como la pobreza, la violencia, la corrupción y todo ello en el marco de la pandemia y de los huracanes y terremotos: “No van a parar la migración, van a continuar los flujos de personas; además, por la situación mundial de la pandemia y los desastres naturales, creció más todavía” (La Jornada, 8/sept./2021).

Sin duda es un escenario nada halagador para la región latinoamericana y más cuando esos migrantes en México reciben el peor trato. Situación que deja mal parada a la política exterior mexicana. La diplomacia de contención que el gobierno mexicano ejerce sobre los migrantes, sin duda se encuentra orientada para el interés de Washington, esto ha llevado a que la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas  para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) haga un llamado al Estado mexicano  de cambiar su actitud y trato con los más vulnerables como son los migrantes irregulares de nuestra América.  Manifestando lo siguiente: “…la CNDH y la ONU-DH llaman a las autoridades a garantizar que las políticas de control migratorio sean aplicadas con pleno respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y solicitantes de asilo, con independencia de su situación migratoria, con especial atención a grupos vulnerables como niños, niñas, mujeres, indígenas, personas de la tercera edad o con algún tipo de discapacidad, así como a víctimas del delito; todo ello en línea con los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza” (https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2021/09/20210907_ComPrensa_CNDH-ONUDH-sobre-personas-defensoras-y-periodistas-en-Chiapas.pdf).Es de esperar que en México esa política de contención represiva a los migrantes irregulares, sea corregida. Lo que más conviene humanamente es generar un flujo migratorio ordenado, seguro y protegido por el gobierno de la 4T y no entrega a los hermanos más vulnerables a manos de la corrupción y el crimen organizado.