En el pacto, Jorge Cálix, quien encabeza a los 17 diputados disidentes del oficialista partido Libertad y Refundación (Libre), quien logró su elección al frente del Parlamento con apoyo de la oposición, depuso sus aspiraciones al aceptar que el Legislativo sea presidido por Redondo, apoyado por los legisladores leales y aliados de Castro.

Este servidor ha decidido dar un paso al costado, no pensando en mi carrera política, sino en lo que más conviene al pueblo hondureño en este momento, declaró Cálix tras suscribir el acuerdo en la casa presidencial.

También firmaron el documento los diputados rebeldes y el ex presidente Manuel Zelaya, esposo de Castro y coordinador de Libre. Con ello, fueron readmitidos en las filas del oficialismo.

La crisis dentro del partido Libre estalló el 20 de enero, cuando Castro convocó a los 50 diputados de su partido para pedirles que apoyaran a Redondo como presidente del Legislativo, pero no todos estuvieron de acuerdo y se generó un cisma.

Castro ganó las elecciones en alianza con el Partido Salvador de Honduras (PSH). Uno de los compromisos asumidos era que el PSH designaría al presidente del Congreso.

Si el partido que ganó las elecciones, que tiene 50 diputados, no está unido respondiendo a la voluntad popular con su presidenta constitucional de la república, entonces el pueblo no nos acompaña, aseveró Zelaya, ex presidente derrocado en 2009 y que considera el triunfo de su esposa una reivindicación a sus propuestas.

Por su parte, el opositor Partido Nacional (PN, derecha) celebró el diálogo, pero planteó que Redondo sea ratificado en una nueva votación.

El Congreso está integrado por 128 diputados: 50 de Libre, 10 del PSH, 44 del PN, 22 del Partido Liberal (PL, derecha) y dos de dos fuerzas minoritarias.

Debido al conflicto en el Congreso, en la ceremonia de toma de mando en el Estadio Nacional el 27 de enero, a Castro le tomó juramento una magistrada y no Redondo como presidente del Congreso, quien sólo le colocó la banda.

En otro orden, se informó que el gobierno de Estados Unidos añadió el año pasado al ex presidente de Honduras Juan Orlando Hernández en una lista de funcionarios sospechosos de corrupción o de socavar la democracia en Centroamérica, de acuerdo con el Departamento de Estado, que hizo pública la designación.

La lista fue presentada ante el Congreso el año pasado en cumplimiento de una iniciativa del ex legislador Eliot Engel, quien presidió la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes antes de salir derrotado en las primarias demócratas de 2020.

La publicación de la llamada Lista Engel cayó como bomba en Centroamérica, al incluir los nombres de otro ex presidente hondureño Porfirio Pepe Lobo Sosa, junto a los de más de 50 legisladores, políticos y ex funcionarios de El Salvador, Guatemala y Honduras.

Pero una notable ausencia era la de Hernández, quien se encontraba en el poder en ese momento pero asediado por acusaciones que surgieron durante el juicio por narcotráfico en contra de su hermano, el ex legislador Antonio Tony Hernández, de que financió su ascenso político con sobornos de narcotraficantes. Tony Hernández fue sentenciado en marzo pasado en Nueva York a cadena perpetua.

Las personas que figuran en la lista generalmente no pueden obtener visas ni ser admitidas en Estados Unidos.

Una vez que Hernández dejó la presidencia el mes pasado, el Departamento de Estado consideró que ya no era necesario mantener en secreto su inclusión en la Lista Engel, comentaron dos personas familiarizadas con la sanción.

Hernández declinó hacer comentarios pero con anterioridad ha comparado la atención de los fiscales con una cacería de brujas avivada por falsos testimonios de asesinos confesos que también fueron testigos claves en el juicio de su hermano. En una serie de mensajes publicados en redes sociales este mes, Hernández presumió sus acciones contra los cárteles del narcotráfico y asegura que gozó del respaldo de la DEA incluso después de que su hermano fue encausado.