Cerca de 820 millones de personas padecen hambre en el mundo. Sin embargo, poco sabemos,  tendemos a verla como una lejana estadística desde la comodidad de nuestras realidades; como algo que pertenece a parajes distantes. Pero a veces golpea de frente. Eso sucedió el pasado lunes 18 de mayo en Santiago de Chile, primer día hábil de la cuarentena total decretada por el gobierno de Sebastián Piñera, ante el explosivo aumento de casos por Covid-19.

La protesta por hambre en El Bosque demostró, una vez más, cómo el neoliberalismo se cimenta sobre la desigualdad, las injusticias, la exclusión y segregación de los sectores más pobres de la sociedad.

Hasta hace unos meses, incluso durante todos los días del estallido social después del 18 de octubre de 2019, era casi impensable asociar el hambre con la realidad chilena. El país que se enorgullecía de tener un alto índice de desarrollo humano, tuvo las primeras protestas de hambre desde el fin de la dictadura.

Que nadie diga, eso si, que esto no se veía venir.

Chile se caracteriza, actualmente, por tener una enorme brecha de desigualdad. De hecho, el país se caracteriza por ser el segundo en la Oecd con la mayor diferencia de ingresos entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre. Junto a esto, destaca que el nivel de concentración de la riqueza es cualitativamente más alto que el de los países con los que comparte fronteras.

Fue la misma Oecd quien, en un estudio económico del año 2018, aclaraba que si bien el gasto social había aumentado, la desigualdad persistía alta. Ante esto, en el mismo informe recomienda aumentar el gasto público para así de reducir la desigualdad. Claramente, esto no fue lo que sucedió y se vio en el peor contexto; una pandemia.

Ni bien comenzó la cuarentena en Santiago ya se sabía el daño económico que esta provocaría. Frente a dicha situación, el gobierno optó por crear una ley conocida como Ley de Protección al Empleo. La mencionada legislación permite al empleador suspender a sus trabajadores con el “beneficio” de que sus remuneraciones serán pagadas a partir de su seguro de censantía (es necesario aclarar que en Chile, el seguro de cesantía es un ahorro personal, no es un beneficio estatal ni tiene aportes del empleador).

La ley estaba enfocada especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes), pero no tardó en ser aprovechada por grandes firmas, como los consorcios del retail, para poder suspender a gran parte de sus empleados.

Ante el agudo contexto de la cuarentena, se estima que cerca de 300.000 trabajadores han sido despedidos y un aproximado de 786.000 verían sus contratos suspendidos. Si bien, como ya expliqué, pueden hacer uso del seguro de censantía, la realidad es que gran parte de los chilenos no tiene grandes ahorros en este y los montos mensuales no alcanzan para pagar el altísimo costo de vida en Chile, eso sin contar con el pago de deudas.

No obstante, el Gobierno sí aplicó ciertos bonos en un intento de mitigar todo lo dicho. Pero en realidad sólo se mantiene el problema. Uno de los beneficios que propuso es el del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual entregaría 65.000 pesos chilenos (aproximadamente, 79 dólares) por cada integrante de la familia. Para una familia de 4 integrantes, esto supondría un ingreso de 260.000 pesos, muy por debajo del monto considerado como la línea de extrema pobreza para una familia con la misma cantidad de miembros; 322.344 pesos, según lo explica el Observatorio de Políticas Económicas de Chile. Es necesario aclarar que ese bono aun no ha sido cobrado.

La comuna de El Bosque (una de las más pobres del sur de Santiago) fue el epicentro de las protestas. La localidad de un poco más 160.000 habitantes llevaba en cuarentena desde el jueves 16 de abril, un mes completo recibiendo un ingreso deficiente o peor; sin recibir ingreso alguno. La comuna es parte de una zona con altos niveles de hacinamiento, bajos ingresos y, además, unas con la mayor tasa de contagios por Covid-19 con respecto a su población.

El panorama es similar en comunas aledañas como La Cisterna, San Ramón, La Granja, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo. Dichos municipios también presentaron quejas institucionales por la falta de test en sus centros de salud.

Como institución, la alcaldía de El Bosque consideró insuficientes las acciones de la administración Piñera en cuanto a los efectos sociales que acarrea la pandemia. En un comunicado, el municipio instó al Gobierno nacional “a no seguir cargando a los municipios una responsabilidad económica que no podemos cubrir, nuestro presupuesto está afectado por esta pandemia”.

En horas de la noche, y a pesar de estar vigente un toque de queda, no fueron pocas las localidades que salieron a las calles a protestar. Esta vez ya no era sólo el sector sur, también el norte en la población La Pincoya y Recoleta, en Pudahuel (sector poniente), en Villa Francia, así como la ruta que conecta Santiago con el puerto de San Antonio. En todas las localidades se presenciaron barricadas y cacerolazos.

El Gobierno decidió enfrentar las protestas con una dura represión en lugar de atender las demandas. Revuelo causaron los dichos de la senadora Jacqueline van Rysselberghe, militante del partido de extrema derecha Unión Demócrata Independiente (UDI), al pedir que el gobierno ejerciera acciones legales contra los manifestantes.

Hace más de 50 años que Violeta Parra escribió la canción “La carta” donde en uno de sus versos dice “los hambrientos piden pan; plomo les da la milicia”. Pareciera que Chile no avanzó a mas de 4 décadas de gobiernos democráticos. La justicia social es un clamor de ayer y hoy.

La frase que marcó el inicio de la cuarentena, a mediados de mayo, fue el de una vecina de la comuna de El Bosque que tajantemente dijo: tenemos hambre.