El movimiento socialista está en el origen de las grandes organizaciones políticas y sociales que han existido en este periodo, en particular de los grandes partidos políticos de masas del siglo XX y de las grandes organizaciones sindicales. Y el mundo contemporáneo le debe, al socialismo obrero, haber mantenido con vida, durante 150 años (desde la caída de Robespierre y la república democrática francesa -1794- hasta la declaración universal de la ONU -1948-) la llama de los derechos humanos. Y también, gracias en gran parte a la revolución soviética de 1917, la descolonización y el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Pero, además, el mundo actual, y en particular Europa, le deben la democracia política entendida como régimen genuinamente parlamentario con sufragio universal. Fue el socialismo obrero quien luchó hasta las últimas consecuencias, en el siglo XIX, a favor del sufragio universal y de la república parlamentaria democrática. Y fue ese mismo movimiento que luchó por la caída de las viejas monarquías constitucionales o autocráticas, tras la I Guerra Mundial (en Alemania, Austria, Gran Bretaña, Rusia, España), y quien llevó a Europa, por primera vez, la democracia parlamentaria republicana. Esta no fue, en ningún caso, el producto de unas supuestas «revoluciones liberales o burguesas», como la ideología dominante nos ha querido hacer creer a veces.

Y ese socialismo contemporáneo, señalaba Domènech, es el heredero del republicanismo democrático revolucionario moderno: de la «liberté, egalité, fraternité» y de los derechos humanos de la revolución francesa a finales del siglo XVIII. El republicanismo democrático revolucionario hace una afirmación radical de la libertad republicana: ser libre consiste en que no se debe pedir permiso a nadie para existir socialmente. La libertad política es inalienable.

Además, la democracia consiste en universalizar la libertad republicana a toda la población adulta. Las personas son todas civilmente iguales, en tanto que son recíprocamente libres. El republicanismo democrático implica necesariamente el imperio total de la «ley civil» (de la «civilización») sobre la vida social y sobre el estado. Implica, por tanto, por un lado, la desaparición de la «ley de familia» -el que había sido el despotismo patrimonial (de los patrones) y patriarcal (de los jefes de familia) -, lo que significaba el final de la esclavitud en todas sus formas y grados, incluyendo el clientelismo y el trabajo asalariado. Y, por otro lado, la desaparición de la «ley política», es decir, del estado monárquico burocrático que no rendía cuentas y no podía ser controlado por el pueblo. Es decir, la autoridad política ya no puede ser arbitraria sino que puede ser destituida a voluntad (es fideicomisaria) siempre que el pueblo (el fideicomitente) manifieste que ha perdido la confianza. Esta visión republicana de la relación entre el pueblo y la autoridad política (o entre las bases y los dirigentes) ha sido una parte integral de la teoría y la práctica del movimiento obrero socialista histórico.

El hecho de que la libertad republicana se convirtiera en universal implicaba necesariamente una remodelación completa de las instituciones de la propiedad. La comunidad política es la propietaria última de todo y, por tanto, la «propiedad privada» (apropiación de los recursos y medios de producción) es una concesión pública (política) condicional, en régimen de fideicomiso, y dependiendo de la voluntad del pueblo soberano (el fideicomisario). Este concepto de propiedad republicana, fiduciaria, es el que establecieron y transmitir las cuatro grandes revoluciones republicanas contemporáneas -la de EE.UU. (1776), la francesa (1789), la mexicana (1910), y la rusa (1917) -, y este es el sentido que tiene en todas las constituciones de los países mínimamente civilizados: la propiedad privada debe ser servidora de una finalidad social. Así pues, la idea liberal decimonónica de una propiedad privada «exclusiva y excluyente», asocial y apolítica, es más una fantasía ideológica y un arma de combate político a favor de intereses particulares que una realidad jurídica e histórica.

La tradición republicana democrática inventa la idea de nación y de soberanía popular fideicomitente (el pueblo soberano es el que decide en última instancia), pero esto no tiene nada que ver con el «nacionalismo», que es mucho más reciente y no tiene ninguna relación ni con el republicanismo ni con la Ilustración. Contrariamente, el republicanismo democrático quería una federación republicana fraternal de los pueblos soberanos que componen la humanidad. Y en esta concepción, no hay ninguna contradicción entre el orden justo internacional respetuoso de los derechos humanos y la afirmación de la soberanía nacional de los diferentes pueblos. Una soberanía que pasa por el cumplimiento de todas las obligaciones fideicomisarias (cualquier actuación o decisión está sujeto al rendimiento de cuentas al pueblo soberano) y, por tanto, por el respeto de la acción y la dignidad de las personas sujetas al poder estatal y su monopolio de la violencia.

De hecho, el socialismo fue la respuesta del republicanismo democrático tradicional al desarrollo de las fuerzas históricas dinámicas que dieron lugar a la economía capitalista industrial, lo que Robespierre llamaba la «economía política tiránica».