Quienes en plena cuarentena logremos superar el impacto de este certero diagnóstico inicial, descubriremos que este libro es un ejercicio inteligente de diseño institucional republicano para pensar el “sistema judicial” argentino; un diagnóstico pesimista y oscuro pero con propuestas claras provenientes de quien conoce y ha sufrido muchos embates en su trabajo como Fiscal Federal de la República Argentina.

Con una breve introducción histórica, el autor muestra que la cultura institucional argentina -como otras muchas- nació a contrapelo de nuestra memoria histórica, y esa es una de las razones por las que las leyes no fueron, ni lo son hoy tampoco, un mecanismo de integración social: en el mejor de los casos se limitan a  disipar conflictos. La hipótesis de Delgado es que la distancia entre los sujetos y la ley se remonta a nuestros orígenes; el propósito central del texto es mostrar quién gana y quién pierde en un sistema judicial como el argentino.

Delgado dice que la “impunidad” es un modo de ejercer el poder político que hace que la corrupción no pague. Y puesto que la “aduana” que impide el ingreso a la arena electoral es el poder financiero, sólo la élite de la “clase política” tiene la oportunidad de acceder al gobierno. El autor cree que para que todo ello sea posible se necesitan ciertas “representaciones culturales” y, en especial, lograr que los ciudadanos se desentiendan de lo público y crean que no les pertenece: una gran mayoría de argentinos están resignados ante la impunidad y piensan que está en “nuestra naturaleza”.

Delgado habla de la impunidad pública y privada, no comete el error de separar en forma arbitraria ambas esferas; desconocer su relación estrecha implica cargar toda la responsabilidad a los gobernantes corruptos, escondiendo la trama privada  que opera esa élite política. Y para que este proceso se perfeccione y alcance su máxima representación, es clave la justicia.

La impunidad es una “construcción social”, dice Delgado. Aclaro que el uso de esta expresión por parte del autor no corresponde al concepto postmoderno de que “todo es una construcción social” y, por lo tanto, no hay verdad. Muy lejos de ello, Delgado critica la impunidad desde la perspectiva de un demócrata republicano que cree en la justicia y en los valores morales de un “verdadero espíritu de leyes”. La palabra verdad es ubicua en el texto.

Esta concepción como “construcción social” es una herramienta que el autor utiliza para mostrar cómo son posibles la corrupción y la impunidad: “lo que hace posible un ejercicio corrupto del poder y garantiza que ese ejercicio corrupto carezca de consecuencias legales ( incluso si se respetan los procesos electorales) es que en los hechos las barreras económicas y culturales sólo permiten que la “clase política” compita por los roles de gobierno, debido a complejas relaciones económicas y financieras que -al mismo tiempo- sostienen a esa clase política. Y ello implica, en parte, que la dirigencia no se renueve (Delgado, 25).

El libro aporta muchos ejemplos conocidos por los argentinos para mostrar cómo ese ejercicio del poder está integrado a nuestra cultura y forma parte del sentido común: nos hemos acostumbrado, dice Delgado, a vivir así. Como todo republicano, cree que la buena vida no es posible si la república está enferma de rabia, corrupción y desigualdad.

Los capítulos se nombran de maneras sugerentes aunque sin perder profundidad: “Justicia ilegítima”, “El arte de acomodarse”, “La máquina de impedir”, “Su Señoría es un rock star”, “El estado como botín”, “ Los medios y los poderes salvajes”. Me detendré en este último:

La tecnología digital, piensa el autor, es un excelente mecanismo para recrear la democracia pero también sirve para allanar la impunidad y confundir a la opinión pública. Ya no son los jueces quienes hablan a través de sus sentencias, éstas llegan antes a los medios de comunicación que, por lo general, las acomodan según sus intereses.

Delgado se preocupa por analizar el diseño mediante el cual la información judicial se convierte en noticia, en un insumo vital para “la construcción de la realidad “. El capítulo comienza con los primeros pasos de este proceso, el trabajo diario de empleados y funcionarios, el modo en que se usa la información y concluye destacando los intereses particulares que se ocultan bajo el derecho a la libertad de prensa. En ausencia de una política clara en el acceso y la publicación de la información sensible, dice Delgado, la información pública termina en manos de los medios privados.

Del análisis de las prácticas discrecionales de recolección de la información y de los poderes privados que hacen uso de los derechos constitucionales para sus intereses, Delgado extrae los costos democráticos que ello supone. El concepto de “poderes salvajes” – que Delgado toma del gran jurista Luigi Ferrajoli y de manera indirecta de Montesquieu- alude a que todo poder sin límites ni reglas se torna salvaje. De ahí que cuando la república se ve interferida por intereses particulares está amenazada, y un sistema judicial sujeto a los grupos privados es uno de esos peligros. Cuando los “poderes salvajes” invocan derechos constitucionales para su conveniencia propia -utilizando la propaganda, las redes sociales, recursos infinitos para persuadir- necesitan coligarse con la justicia para lograr sus objetivos. En esas condiciones son capaces de crear “la verdad que necesitan”. Pero la mentira sobre una causa judicial que se devela cuando ésta toma estado público muchas veces ocurre demasiado tarde, cuando el daño causado ya es irreparable.

Delgado concluye su texto sobre “el Estado como botín” al ensayar una lectura republicana y democrática sobre el sistema judicial. Quienes compartimos sus ideas sobre la democracia y la república no podemos más que agradecerle su prolijo y profundo análisis de las infinitas prácticas cotidianas de la corrupción y de la impunidad en uno de los poderes fundamentales de una república. Todos ello se conjuga para que este libro sea un aporte fundamental y  un ejercicio virtuoso de diseño institucional republicano.