El sindicato ARP (Agrupación Reformista de Policías) ha instado al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, y a la Dirección General de la Policía, dependiente del mismo, a que “actúen y den órdenes concretas al Cuerpo de Policía Nacional” para evitar “hechos que pueden confundir a la ciudadanía en su derecho de expresar y manifestarse dentro de los límites permitidos por la ley”. En un comunicado emitido este jueves y ante los hechos que se vienen sucediendo en el domicilio del vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de coalición, Pablo Iglesias, y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y que han vuelto a suceder hace unos días en el pueblo asturiano donde Iglesias, Montero e hijos, menores, pasaban unos días de descanso estival, ARP ha manifestado que la repetición de hechos como esos debe evitarse “de inmediato”.

“No entendemos que no se actúe para prevenir antes de que se den circunstancias denunciables que propician alarma social y favorecen el estado de crispación, dando lugar a que, en la mayoría de los casos, se ponga en duda la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”, han añadido. Y ha insistido en que la Dirección General de la Policía “debe ser tajante a la hora de poner fin a la permisividad para con determinadas conductas que tanto daño hace a la imagen del Cuerpo de Policía Nacional”.

ARP ha recordado que la encargada, por el Ministerio del Interior, de velar por la seguridad de los miembros del Gobierno, “a fin de proteger sus derechos y salvaguardar su integridad física y la de su familia, tanto en sus actos oficiales como en el ámbito privado”, es la Policía, y que hechos como esos que han afectado a Iglesias y Montero “no se han dado en el resto de los servicios” que la Policía presta a otros “altos cargos de la Administración General del Estado, quienes han recibido y reciben protección de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin ningún tipo de incidente”, algo de lo que el sindicato policial se congratula. No obstante, ARP ha insistido en que “algo debe mejorarse desde el Ministerio del Interior, cuando en los últimos tiempos se vienen conociendo actitudes de ciudadanos e incluso de algunos miembros de los cuerpos policiales, incluyendo determinada asociación de la Guardia Civil, en redes sociales, que son contrarias al Estado Social y Democrático de Derecho”. En este sentido, el sindicato policial ha instado tanto a Marlaska como a “los altos cargos de la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil” a recordar el mandato que la Ley Orgánica 2/1986 –de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad–, que establece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben actuar “con neutralidad política e imparcialidad”.