La falta de luz de la zona es un incumplimiento del pacto firmado en 2017 por el Gobierno central, la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos afectados y los grupos políticos con representación en la Asamblea.

Javier F. Ferrero

Dos inviernos después, el suministro de la Cañada Real continúa sufriendo el corte de luz en el asentamiento irregular más grande de Europa. En el sector 6 la luz es un lujo para sus más de 4.000 habitantes, entre los que figuran 1.200 menores de edad.

Algunos vecinos del Sector V han conseguido instalar algunas placas solares mientras se turnan el uso de la red eléctrica, pero el Sector VI sigue a oscuras. Un juzgado de la capital está decidiendo si se están vulnerando los Derechos Humanos. Algunos consideran que el motivo de la problemática se debe a la planificación de expansión urbanística de la periferia de diferentes municipios, mientras que las eléctricas afirman que no se ha bajado la potencia de las torres eléctricas y Ayuso culpa a la droga. Muchos culpables, pocas soluciones.

Los miembros de la plataforma vecinal han llevado sus demandas hasta la Asamblea de Madrid y a las oficinas de Naturgy, responsable del abastecimiento de la zona. Los terrenos por los que se expande el asentamiento comienzan en Coslada, cruzan los términos municipales de Madrid y Rivas y desembocan en Getafe. La zona nació en la década de 1960 cuando el tránsito de ganado dio paso a la aparición de pequeñas huertas y construcciones de aperos sobre terrenos de propiedad estatal.

La lucha de CAES

Desde el despacho de abogados Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), litigan contra la empresa y la Comunidad de Madrid en los tribunales apoyados en la calle por una amplia Plataforma cívica de apoyo a la luz en Cañada Real en la que participan unas 60 organizaciones de toda índole.

En el invierno pasado año interpusieron una denuncia junto a la Asociación Tabadol por coacciones para abandonar su vivienda contra la Comunidad de Madrid de Ayuso, quien criminalizó a la comunidad de la Cañada Real, y contra Naturgy, que fue archivada en primera instancia. Sin embargo, la Audiencia Provincial estimó el recurso de CAES, por lo que ordenó el nombramiento de un perito independiente para que elaborara un informe sobre las circunstancias del corte de luz, algo que ocurrió en octubre de 2021.

Limosnas e incumplimientos

El Gobierno central, por su parte, ha destinado cinco millones de euros a través de un Real Decreto a Rivas Vaciamadrid y la capital, los dos municipios en los que se encuentran los dos sectores sin luz de la Cañada Real. Esa ínfima cantidad tan solo llegaría al realojo del
15% de los afectados.

La falta de luz es un incumplimiento del Pacto Regional por la Cañada Real Galiana, firmado en 2017 por el Gobierno central, la Comunidad de Madrid, los ayuntamientos afectados y los grupos políticos con representación en la Asamblea. Un abandono total. En el documento, las administraciones se comprometían a garantizar el suministro mientras se buscaba una solución al asentamiento.