La objeción sueca al recurso está en línea con la posición declarada del país de que los acuerdos bilaterales UE-Marruecos no deben extenderse al Sáhara Occidental. En 2018, Suecia fue el único Estado miembro de la UE que objetó la práctica que la UE había adoptado en respuesta a sentencias anteriores del Tribunal de Justicia de la UE que ya habían invalidado la aplicación de los acuerdos UE-Marruecos a la última colonia de África: el enfoque de añadir una enmienda a los acuerdos impugnados para incluir explícitamente al Sáhara Occidental en su ámbito geográfico, sin el consentimiento del pueblo del territorio. Suecia explicó su negativa a respaldar tales enmiendas afirmando que “no se han cumplido los requisitos legales del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”, ya que “organizaciones vitales que representan al pueblo del Sáhara Occidental no han dado su consentimiento”.

El Gobierno sueco buscó apoyo en el Parlamento para su posición de votar en contra de la apelación, y señaló que el fallo del 29 de septiembre de 2021 “está de acuerdo con fallos anteriores y con la posición del Gobierno [sueco], en el sentido de que un tratado no puede crear obligaciones o derechos para terceros sin su consentimiento y que, por tanto, los acuerdos no pueden celebrarse sin el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. Por lo tanto, el Gobierno tiene la intención de votar no a la apelación de las sentencias”. Ninguna de las partes se opuso a esta posición.

Que el pueblo del Sahara Occidental dé su consentimiento a los acuerdos de la UE que afectan a su territorio, fue la conclusión que había emitido el Tribunal de Justicia de la UE en la apelación del Consejo de la UE sobre la sentencia de 2015 que anulaba el acuerdo agrícola UE-Marruecos en el Sáhara Occidental. Fue la primera de las cinco sentencias consecutivas del Tribunal de Justicia de la UE que han llegado a la misma conclusión: como Marruecos no tiene soberanía ni mandato de administración sobre el Sáhara Occidental, y dado el estatus separado y distinto del territorio en relación con cualquier otro país en el mundo, la UE no puede incluirlo en sus acuerdos con Marruecos. Hasta ahora, el Consejo solo había apelado contra esa primera sentencia del Tribunal General de la UE de 2015, luego respaldada por un Consejo unánime, ya que varios Estados miembros, según se informa, citaron la importancia de agotar todo el procedimiento legal para tener total claridad sobre el asunto.

WSRW no tiene conocimiento de otras posibles posiciones divergentes expresadas por otros Estados miembros de la UE.

Como consecuencia de los recursos de casación interpuestos, ambos acuerdos que estaban sujetos a la sentencia de septiembre de 2021, el acuerdo comercial y el de pesca, seguirán aplicándose al Sáhara Occidental hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se haya pronunciado. Se espera que el proceso tarde un año más.

El Frente Polisario, el representante del pueblo del Sáhara Occidental reconocido por la ONU y la otra parte en los asuntos del Tribunal de la UE, ha condenado la decisión de recurrir. “Demuestra la conspiración de algunos partidos europeos con el ocupante marroquí, para seguir saqueando las riquezas del pueblo saharaui, y atestigua el intento de entorpecer el proceso de descolonización”, se lee en un comunicado oficial de prensa.

El recurso de casación ya había sido aprobado provisionalmente por los Representantes Permanentes de los Estados miembros de la UE (COREPER) el 10 de noviembre, pero aún requería la aprobación a nivel ministerial. Y eso se dio el 19 de noviembre durante la reunión de los Ministros de Desarrollo de la UE. La aprobación del COREPER se produjo pocos días después de que el rey de Marruecos emitiera una clara amenaza frente a la Unión. Al celebrar la invasión marroquí del Sáhara Occidental el 6 de noviembre, el rey declaró que “quiero decirles a quienes tienen actitudes ambiguas o ambivalentes, que Marruecos no tendrá con ellos ninguna transacción económica o comercial en la que el Sáhara marroquí no esté incluido”.

La UE considera a Marruecos un importante socio comercial e inversor. Como señalaron los funcionarios de la Comisión Europea en audiencias en el Parlamento Europeo a finales de octubre, Marruecos es “el primer socio comercial en la vecindad sur, y el vigésimo en general. El comercio entre la UE y Marruecos tiene un valor de 35.000 millones de euros: el valor de los bienes que se intercambian. Esta fue la cifra en 2020, por lo que de hecho es una relación importante y considerable”.

La decisión de apelar se produce en medio de una gran tensión sobre cuestiones migratorias entre la UE y Marruecos. A finales de octubre, se filtró el Plan de Acción de la Comisión sobre migración con países socios; uno de esos socios es Marruecos. El borrador recomienda que se implemente “una asociación de iguales” con Marruecos “a través del diálogo, el reparto de responsabilidades, la confianza mutua y el respeto”. Describe a Marruecos como “un socio importante en la vecindad del sur” y califica la cooperación bilateral en materia de migración como “sólida y duradera”. A raíz del aumento de los flujos migratorios desde Marruecos y el Sáhara Occidental hacia Europa, el documento destaca la necesidad de un “compromiso reforzado de Marruecos”.

El recurso de casación se dirige contra la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea de 29 de septiembre de 2021, que anula la decisión del Consejo de la UE de ampliar tanto el Acuerdo Agrícola como el Acuerdo Pesquero UE-Marruecos al Sáhara Occidental. Fue la quinta sentencia consecutiva del Tribunal de Justicia de la UE sobre la práctica de aplicar los acuerdos UE-Marruecos al territorio. Todas esas sentencias concluyeron que el Sáhara Occidental tiene un estatus separado y distinto de Marruecos y, como tal, debe considerarse como un tercero en cualquier acuerdo UE-Marruecos. Extender el alcance territorial de cualquier acuerdo de este tipo al territorio requiere necesariamente el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental a través de sus representantes, repitió el Tribunal, y agregó que las consultas de la población local realizadas por las instituciones de la UE no cumplieron con ese requisito, como ya fue denunciado en su momento, entre otros por Western Sahara Resource Watch.