A primeras horas del 3 de mayo y nuevamente el 4 de mayo, grupos de mercenarios fuertemente armados llegaron en lanchas rápidas procedentes de Colombia e intentaron entrar en Venezuela. Sus integrantes fueron confrontados por las fuerzas armadas, la milicia, la policía y pescadores locales del país. En el tiroteo subsiguiente fallecieron ocho y los demás fueron aprehendidos. Entre los detenidos había dos ex boinas verdes de los Estados Unidos. Al momento de redactar estas líneas, continúa la captura de las agrupaciones aisladas de desertores del ejército.

Uno de los cabecillas del fallido golpe de Estado es Jordan Goudreau, ex marine estadounidense nacido en Canadá, que dirige una empresa de seguridad privada con sede en Florida llamada Silvercorps USA. Si bien no participó directamente en la incursión, dejó un video grabado en Colombia en el cual él y su compañero militar venezolano se atribuyen la tentativa golpista. Los otros dos estadounidenses capturados también declararon haber participado en la tentativa derrotada. Sus confesiones sacaron a la luz las ramificaciones de un laberinto de corrupción y de tratos turbios que implican desde al líder de la oposición Juan Guaidó e incluso ascienden a Donald Trump.

El objetivo de los conspiradores era la captura y detención del presidente Nicolás Maduro. Un contrato firmado por Goudreau, Guaidó y sus asesores con la inclusión de Sergio Vergara y Juan José Rendón confirma en blanco y negro el plan destinado a derrocar al gobierno venezolano. Maduro responsabiliza a Trump y al gobierno colombiano por el caos, pero el gobierno estadounidense niega hasta la fecha toda implicación.

¿No comparte la opinión de la colaboración de los Estados Unidos? He aquí el factor decisivo. El 29 de abril, tan solo días antes del vericueto del 3 de mayo, el Secretario de Estado, Mike Pompeo fanfarroneó: “Me complace informar que el esfuerzo multilateral para restaurar la democracia continúa generando una dinámica propicia. Le he pedido a mi equipo que actualice nuestros planes para reabrir la Embajada de los Estados Unidos en Caracas para que estemos listos a trabajar. Tan pronto como Maduro ceda su puesto, estoy seguro de que iremos a levantar “esa bandera nuevamente en Caracas”.

El gobierno de Trudeau estaba ciertamente al tanto del audaz enunciado de Pompeo. Además, en la mañana del 3 de mayo la antena televisiva del radiodifusor público nacional de Canadá, CBC difundía las noticias del fiasco. A mayor abundamiento, sabemos que ya desde la noche del 3 de mayo y de nuevo al día siguiente, algunos canadienses apelaban por internet al Primer Ministro Trudeau y al ministro de Asuntos Exteriores, François-Philippe Champagne para que se opusieran a las operaciones paramilitares auspiciadas por los Estados Unidos.

¿Canadá no estaba enterado?

Aún así, un día y medio después de la debacle, Champagne tuiteó etiquetando a Guaidó:

El hecho de redactar su mensaje en torno a la pandemia de Covid-19 sugiere que la emergencia sanitaria mundial sirvió a Champagne de pretexto para evaluar el intento de golpe. En su aparente apresuramiento por llamar y tuitear, entre los elementos que Canadá no tomó en cuenta figura el nombre de países que están enfrentando desastres internos debido a sus políticas derechistas (Perú, Colombia y Brasil). Su planteamiento contrasta singularmente con el hecho de que, comparado con varios países latinoamericanos, Venezuela se destaca por su tarea de contener la propagación del nuevo coronavirus.

Asimismo, sin hacer referencia explícita a ella, el tuit indica que el gobierno canadiense todavía está muy de acuerdo con la narrativa estadounidense sobre Venezuela, independientemente de la incursión militar fallida. Esto se refleja igualmente en otro tuit, publicado tras nuevas capturas de mercenarios y la publicación de pruebas complementarias relativas al carácter internacional del complot a medida que se desarrollaba. El 8 de mayo, Champagne tuiteó:

“Excelente llamada con el Presidente interino @jguaido de Venezuela. Canadá estará siempre con el pueblo de Venezuela en su deseo de restaurar la democracia y los derechos humanos en su país”.

Días más tarde, el 11 de mayo, el Primer Ministro Justin Trudeau habló directamente con el Presidente Iván Duque. En una nota del gobierno canadiense se comunicó lo siguiente: “Hoy, el Primer Ministro Justin Trudeau se entrevistó con el Presidente de Colombia, Iván Duque Márquez a fin de discutir la evolución de la situación relativa a la Covid-19 en cada uno de sus países, así como en todo el mundo … Los dos líderes también examinaron la crisis en Venezuela y su impacto humanitario en la región, la cual se ve incrementada por la pandemia. Subrayaron la necesidad de una colaboración estrecha y continua y un esfuerzo internacional concertado en vista de remediar la difícil situación”.

Uno tendría que ser ingenuo como para creer que los dos tuits sucesivos de Champagne y la intervención de Trudeau no estaban concertados para reiterar el apoyo del gobierno canadiense a Guaidó, en su calidad de presidente interino autoproclamado, así como su tácita concordancia con el plan de Duque y Trump para derrocar al gobierno venezolano.

Trudeau debiera oponerse públicamente a la intervención y sanciones de los Estados Unidos

El 6 de mayo, tras referirse a los mercenarios en calidad de “víctimas” que luchaban contra las “violaciones de los derechos humanos” cometidas por el gobierno de Maduro, Pompeo, en un gesto de prestidigitación retórica prometió “utilizar todos los medios a su disposición” para conseguir la liberación de “dos ex combatientes de las fuerzas armadas estadounidenses”.

A juzgar por los tuits de Champagne y la nota sobre la llamada de Trudeau a Duque, queda claro que Canadá apoya el intento golpista, sin que por ello meta las manos en las aguas turbias de la corrupción y del mundo político de los sicarios. Después de todo, si desea estar a la altura de su autoproclamado papel humanitario en la política mundial, Canadá debe conservar su imagen de pacificador.

Si uno hace el recuento de contextos de crisis anteriores, es probable que el gobierno de Trudeau esté aguardando pacientemente a que se produzcan los acontecimientos. Sin embargo, su continua complicidad en las iniciativas imperialistas en Venezuela y el silencio que observa para no manifestar su oposición contra las violaciones flagrantes del derecho internacional en América Latina lo dice todo.

El 8 de mayo, negando nuevamente su implicación en la tentativa de golpe de Estado, Trump precisó que él hubiera actuado en forma diferente, representándose así: “Entraría y no harían nada al respecto … doblarían las manos. No mandaría a un pequeño grupo insignificante. No, no, no. Mandaría a lo que se llama un ejército. Lo que se llama una invasión”.

Los canadienses deben exigir que el gobierno de Trudeau repudie públicamente toda forma de intervención militar contra Venezuela, incluida la incursión paramilitar del 3 de mayo y las imprudentes amenazas de invasión de Trump. Independientemente de las opiniones que se tenga sobre Maduro, Venezuela tiene derecho a la autodeterminación y la soberanía nacional.

Asimismo, uno no puede hacerse ilusiones sobre la política de Canadá respecto de Venezuela bajo el gobierno liberal, por lo que también es necesario buscar otra orientación de largo plazo en materia de política exterior.

La complicidad de Canadá en la guerra dirigida por los Estados Unidos contra el gobierno constitucional de Venezuela

Habrá quienes hayan olvidado que Canadá estuvo involucrado en las tentativas de forzar un cambio de régimen después de que Hugo Chávez asumiera sus funciones como presidente elegido en enero de 1999. La animosidad de Ottawa se orientaba principalmente en la privatización de las minas de oro canadienses por Chávez y su aversión por las inversiones extranjeras a gran escala. El Bank of Nova Scotia, la institución financiera canadiense con mayor presencia internacional también intervenía en actividades inversoras en el sector minero, por lo que se aunó a la presión ejercida por un cambio de régimen.

Más recientemente, en 2017, Canadá contribuyó al establecimiento del Grupo de Lima, una instancia multilateral constituida por 13 gobiernos ultraderechistas que incluyen a Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. El objetivo del Grupo de Lima, tal como lo ha declarado, es dar apoyo al “proceso pacífico de transición democrática” para favorecer el cambio de liderazgo en Venezuela. Ese organismo se fundó debido a que los Estados Unidos y Canadá no pudieron obtener el apoyo unánime de la Organización de Estados Americanos (la “OEA”) para el cambio de régimen contra Maduro. De manera que el Grupo de Lima es como lo describe Nino Pagliccia “totalmente ilegítimo en su pretensión de ser un organismo internacional”. Los Estados Unidos ni siquiera es Estado miembro.

Trudeau y su ministro de relaciones exteriores han desempeñado un papel esencial en el Grupo de Lima, así como han favorecido el diálogo con las naciones europeas para meterlas en el redil. Sin el liderazgo de Canadá, el Grupo de Lima ciertamente se habría derrumbado o vuelto casi irrelevante. El organismo goza de una amplia aprobación, al menos en los círculos de élite, precisamente debido a la percepción de que la política exterior de Canadá está dedicada al “mantenimiento de la paz” y al “humanitarismo”.

El sitio web del Ministerio de Asuntos Mundiales de Canadá (en inglés, Global Affairs Canada) contiene cerca de 100 declaraciones del Grupo Lima, del gobierno de Canadá y de organizaciones internacionales que se han venido publicando desde 2017 respecto del papel de Canadá hacia Venezuela. Todas estas entradas, sin excepción, cubren el periodo de las numerosas tentativas de golpe de Estado respaldadas por los Estados Unidos. En ninguna de ellas se advierte la más mínima crítica a las acciones agresivas y gratuitas de Washington que incrementan el sufrimiento del pueblo venezolano para lograr sus objetivos imperiales en el hemisferio.

Las sanciones matan y Canadá está envuelto en ello

Además, Washington aplica sanciones económicas paralizantes contra Venezuela.

Según los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs del Centro americano sobre investigaciones económicas y políticas (en inglés, Center for Economic and Policy Research – CEPR):

Encontramos que las sanciones han infligido, y progresivamente infligen, daños muy graves a la vida y la salud humanas, incluidas más de 40.000 muertes entre 2017 y 2018; y que estas sanciones encajarían en la definición de castigo colectivo de la población civil, tal como se describe en las convenciones internacionales de Ginebra y La Haya, de las cuales los Estados Unidos es signatario. Estas sanciones también son ilegales según el derecho internacional y los tratados que ha firmado Estados Unidos, y parecería ser que también violan la legislación estadounidense.

Uno podría esperarse a que el gobierno de Trudeau que se dice progresista se oponga a estas sanciones económicas violentas, dado que son ilegales y constituyen un crimen de guerra. No obstante, Canadá aplica sanciones contra Venezuela. Esta política ha sido aplaudida por la administración Trump.

En los comunicados de prensa elaborados de manera conjunta en el marco de la visita oficial del Vicepresidente Mike Pence que Trudeau recibió en Ottawa en mayo de 2019, Pence declaró: “Canadá ha impuesto sanciones a 113 de los cómplices del dictador. Usted ha promovido la causa de la libertad y la liberación de Venezuela dentro del Grupo de Lima y la OEA. Y nosotros dos hemos unido nuestras voces para expresar que Nicolás Maduro es un dictador sin derecho legítimo al poder, por lo que Nicolás Maduro debe marcharse”.

La política de Venezuela que lleva el gobierno de Trudeau es una vergüenza para todos los canadienses, pueblo amante de la paz que apoya el derecho a la autodeterminación.

Independientemente de nuestros puntos de vista políticos particulares, debemos unirnos en apoyo del pueblo venezolano contra las tentativas ilegales y azarosas de promulgar un cambio de régimen. ¿Es demasiado pedir a los parlamentarios canadienses que trabajen con miras a establecer una entente común, incluso durante la pandemia Covid-19, para exigir que Canadá rescinda sus sanciones contra Venezuela y refute al régimen de Trump por su apoyo al reciente intento de golpe?

Arnold August, residente de Montreal, es periodista y autor de tres libros sobre Cuba, América Latina y Estados Unidos, cuyos artículos se publican en inglés, español y francés en América del Norte, América Latina, Europa y Medio Oriente. También es conferencista y actualmente centra su interés en la política exterior de Trudeau hacia América Latina y el Caribe.