Entre el 15 y el 23 de octubre de 2021, una delegación representante de la resistencia civil salvadoreña llevó a cabo una gira informativa y de denuncia en pro del fortalecimiento de las redes de apoyo y solidaridad internacionalista que incluyó visitas en varios países de la Unión Europea: entre ellas, el estado español y Euskal Herria.

Esta gira se enmarca en la perentoria necesidad de romper con el silencio y el desconocimiento que impera en los países del norte global como el nuestro con respecto a la grave situación sociopolítica por la que atraviesa El Salvador. Frente a la impasividad de una comunidad europea completamente desentendida de las graves consecuencias sociopolíticas que acarrea el golpe de Estado que sufrió la democracia salvadoreña el pasado 1 de mayo, la delegación integrada por César Villalona -representante del Movimiento de Profesionales por la Democracia y del Colegio de Profesionales de Economía-, y Lety Méndez -militante del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN- llevó a cabo varias actividades con el fin de dar a conocer la situación sociopolítica actual en El Salvador.

Entre declaraciones y entrevistas con medios de comunicación, y las reuniones mantenidas con diversas instituciones, partidos políticos, fundaciones y movimientos vinculados a la comunidad de salvadoreñas/os en el exterior y la solidaridad internacionalista, Villalona y Méndez visitaron el 27 de octubre la sede de la fundación Mundubat en Bilbao, donde se reunieron con Eneko Gerrikabeitia e Iñaki Markiegi -presidente y expresidente de la fundación, respectivamente, y militantes históricos de la lucha internacionalista en Euskal Herria-, representantes de los partidos políticos EH Bildu y Ezker Anitza, los sindicatos ELA y LAB, las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria (BRICS) del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y otros colectivos que conforman la red Hegoak de solidaridad internacionalista en Euskal Herria.

También se incorporó al encuentro una delegación del colectivo Festivales Solidarios, constituido por artistas, gestoras, comunicadoras e investigadoras indígenas y mestizas de Guatemala en torno a la memoria histórica, la defensa del territorio y la prisión política, cuyos integrantes, Lucía Ixchíu y Carlos Ernesto Cano, perseguidas políticas por el gobierno de Alejandro Giammattei, se encuentran actualmente acogidas en la casa de acogida para personas refugiadas y migrantes de Mundubat, Martin Etxea.

GRAVE RETROCESO EN MATERIA DE DERECHOS EN EL SALVADOR

Desde que el pasado 1 de mayo el gobierno de Nayib Bukele encabezara un golpe de Estado en El Salvador, el proceso democrático institucional y los acuerdos de paz de 1992 han sufrido un grave retroceso; y, es patente, en medio del panorama de recrudecimiento antidemocrático, un simultáneo deterioro de las condiciones de vida de sectores cada vez más amplios de la población. Ante esta coyuntura que requiere de una respuesta inminente de la comunidad internacional, Villalona y Méndez pusieron sobre la mesa varios puntos fundamentales sobre los cuales incidir, mediante el apoyo estratégico del pueblo organizado desde ambos lados del Océano Atlántico, con el fin de revertir los fenómenos políticos y sociales insostenibles enmarcados en una clara “fascistización” de la clase política-empresarial y la sistematicidad de las violaciones selectivas contra los derechos humanos.

El Salvador inició su proceso de construcción democrática tras la firma del histórico Acuerdo de Paz en 1992, poniéndole fin así a 12 años de conflicto armado y 60 de dictadura militar fascista. Con el actual presidente de la república, Nayib Bukele, la débil democracia en construcción en el país se encuentra completamente en decadencia: Bukele, con base en una millonaria campaña mediática caracterizada por la manipulación y el populismo a golpe de “tweets”, ha revestido una clara tendencia hacia el autoritarismo de una estética “cool” y amigable; un modus operandi peligroso ante una población susceptible de ser obnubilada por las estrategias de comunicación política más punteras, en medio de un contexto de crisis nacional caracterizado por la violencia generalizada de las pandillas y la corrupción, en que el concepto de democracia representativa y la forma tradicional de hacer política se encuentra (y esto, también en línea con una tendencia y con un sentir que es global) completamente deslegitimada. Es pertinente recordar, en este sentido, algunas cifras que arrojó la encuesta “Latinobarómetro” que se llevó a cabo en 2018 en el país: las cifras indicaban que sólo la mitad de la población salvadoreña cree que la democracia es importante y, asimismo, la mayoría de la población no considera grave el hecho de que los militares armados con fusiles entren en el Parlamento.

Y, esto último, resulta formar parte de lo que servirá para ratificar que, en efecto, el déficit democrático en El Salvador es innegable: no sólo por el golpe propinado por Bukele en contra de la separación de poderes, sino también por el riesgo de que eso mismo no sea interpretado como tal por la propia población nacional y global. Bukele dio claras muestras de irrespeto hacia la democracia y el proceso de paz cuando pretendió forzar en 2020, al presentarse en el Parlamento rodeado de militares, la aprobación de un presupuesto para su plan de control territorial de lucha contra las pandillas; y, el último golpe lo dio al año siguiente, en 2021, cuando tras unas elecciones poco transparentes en las que obtuvo mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, protagonizó un golpe de estado en contra del órgano judicial.

César Villalona, economista dominicano-salvadoreño, es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas de El Salvador. Tiene un recorrido de 37 años en labores de investigación económica y docencia universitaria y, como parte de su dilatada experiencia en la materia, vale notar su participación como miembro del Consejo Nacional de Salario Mínimo en El Salvador o su contribución a la Asociación Equipo Maíz mediante la publicación de varios libros y procesos formativos de educación popular, historia, economía política y análisis de coyuntura.

Villalona advirtió, en la caracterización que ofreció sobre el contexto salvadoreño en el marco del encuentro en la sede de Mundubat, sobre la gravedad que denota que Bukele, violando la constitución nacional y las leyes de la república, haya cooptado el órgano judicial, llevándose por delante uno de los principios básicos de la democracia: la separación de poderes. “Han utilizado la asamblea para sustituir al fiscal general de la república, antes de que terminara su mandato, sin seguir el proceso legal (…) el ejecutivo se hizo con el control judicial, modificando la carrera judicial con una propuesta que llegó de la presidencia de la república, no de la corte suprema” añadió Villalona. “De esta manera, el presidente de la república controla varios órganos de manera ilegal, y ese control absoluto de los poderes”, según manifestó, “le ha permitido garantizar la corrupción pública (…) por ejemplo, el fiscal nuevo, detuvo 17 casos de investigación a instituciones públicas donde había indicios de corrupción, y está persiguiendo políticamente a ex funcionarios del primer gobierno, habiendo ya cinco personas presas y otras cinco con orden de captura”.

También se define el actual gobierno salvadoreño por la sistematicidad de los ataques a la prensa, a la libertad de expresión y contra sindicatos y organizaciones que defienden los derechos humanos. “Esto está generando una confrontación social”, señaló Villalona, destacando varios acontecimientos en los que, a lo largo del último año, la sociedad civil ha demostrado su capacidad para organizarse y responder frente a los ataques de un gobierno neofascista. Los sectores movilizados coinciden, precisamente, con quienes han recibido los golpes más duros: “se han metido en la resistencia en contra del gobierno una gran cantidad de sectores, como grupos ambientalistas, ecologistas, maestras y maestros, pero sobre todo, las mujeres que se movilizaron ante los feminicidios que han subido un 16% este año; y también los jóvenes y el campesinado, que ha venido marchando ante la carestía de los insumos, el exceso de importación de alimentos, y por la falta de financiamiento y apoyo técnico”.

Entre otros puntos críticos en los que hizo hincapié Villalona, está el riesgo de que el creciente malestar social sea cooptado por la derecha. El malestar generalizado se traduce en un notable descenso de la popularidad de Bukele, pero, al mismo tiempo, según apuntó Villalona, “la derecha no gobernante está tratando de disputarle las calles a la izquierda (…) en este contexto de malestar generalizando en el que los veteranos de guerra están pidiendo una mejora de su pensión, ante una grave crisis económica en la que el desempleo no deja de subir y la vida se vuelve cada vez más cara, a lo que se añade la política gubernamental de fomentar las importaciones y la corrupción pública, la inestabilidad social es ya inocultable en las calles”.

A contrapelo de las tendencias en las que las élites de la derecha política y económica comandan y manejan el desasosiego social, han surgido pequeños brotes de esperanza en los que Villalona coloca su confianza: “hay un movimiento social fuerte que se ha formado en la izquierda, el Bloque Popular de Resistencia, por lo que es importante brindarle todo el apoyo a este tipo de procesos, porque ese malestar lo podría terminar capitalizando la derecha”.

Lety Méndez es también parte de la delegación que, en representación del pueblo en resistencia de El Salvador, ha contribuido a dilucidar, con su experiencia y su profundo conocimiento de la historia del país, varios aspectos críticos en torno a la realidad sociopolítica del mismo. Ella proviene de una familia campesina de la zona de Cojutepeque, Cuscatlán. La historia de su familia, integrada ésta por la mamá, el papá y sus doce hijas e hijos, es un fragmento que se funde entre las biografías de las miles de familias campesinas que, sin salirse de los márgenes de lo que ha sido el triste carril del colonialismo secular, quedaron circunscritas a las fatídicas páginas que narran la cronología de un pueblo despojado y arrojado a las periferias; o, peor aún, a la desaparición y al exterminio, en un país convertido en una gran finca poseída por las élites terratenientes y militares.

Méndez fue una niña que, quizás deseando descarriarse de aquel porvenir que no prometía nada más allá de hambre y muerte, decidió con 14 años incorporarse a la lucha clandestina junto a su hermano y hermanas mayores. Así es cómo comenzó su trayecto político, por la vía armada, forzada quizás por la condición, pero, sobre todo, guiada por los ideales del socialismo y la esperanza de construir una sociedad justa e igualitaria, hasta que llegó en 1990 a ser graduada de Capitana del Ejército Nacional para la Democracia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Méndez es una histórica impulsora del Acuerdo de Paz y, en la etapa posterior a la firma, ha continuado haciendo política como afiliada al partido FMLN donde ha impulsado varias políticas relacionadas con la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental, en tanto se ha formado como ingeniera agroecóloga en la universidad y ha versado en la materia de la energía en el marco de una sociedad capitalista. En su análisis sobre el contexto en El Salvador, Méndez recaló en el aspecto de la privatización de los activos del estado, la represión y en los retrocesos que ha sufrido el cumplimiento de los acuerdos de paz bajo la presidencia de Bukele: “la reducción del poder de la fuerza armada había sido uno de los puntos más exitosos del acuerdo de paz, pero este gobierno quiere duplicar las unidades de represión”.

Además, el proceso de privatización de los activos del estado se está dando de manera rampante. “Van a aprobar una ley totalmente privatizadora del agua, que da todo el espacio a las grandes empresas y va a afectar a las comunidades”, señaló Méndez. “En tanto aumenta el presupuesto para la militarización, va reduciéndose el monto destinado a las políticas sociales como la educación y la salud, y todo esto genera una grave situación”. La cooptación de los poderes del estado por parte de la presidencia entra en juego, también en estos casos, para allanar el terreno a la prevaricación: “todo esto se ha blindado mediante una ley ilegal que impide a que las personas puedan denunciar todas las negligencias y la corrupción cometidas por el gobierno”.

En las comunidades hay un grave problema con la seguridad, según manifestó Méndez. “Ahora las maras controlan más que antes, se mencionaba que habían bajado los homicidios, pero aumentaros las desapariciones, y se nota que no hay ninguna acción clara para detener a las pandillas”, declaró. “Hay incluso policías que han denunciado de que se les ha negado la información y que no pueden saber a quiénes tienen que capturar, y que han recibido la orden de que tienen que dejar hacer a las pandillas”.

Con respecto al plan territorial para terminar con las bandas, “en el que tanto se ha insistido desde el gobierno a través de la propaganda, no hay transparencia, lo que hay es un pacto del gobierno con las principales cabecillas, y esto está documentado en una investigación de una unidad de la fiscalía que fue desarticulada con el cambio del fiscal”, apuntó Méndez, logrando aterrizar, de esta manera, a la realidad palpable, el análisis de Villalona sobre la cooptación de poderes por parte de la presidencia. Cabe enfatizar que, a pesar del freno impuesto desde el poder judicial secuestrado por Bukele, las investigaciones, las informaciones que permiten arrojar algo de luz sobre la oscuridad que se ha pretendido imponer en torno al presunto pacto entre el gobierno y las bandas, han tenido continuidad y no han cesado gracias al importante papel del periodismo independiente.

GUATEMALA

Hilando con lo anterior, cerramos la nota incorporando la voz de dos defensoras de derechos y periodistas, la de Lucía Ixchíu y Carlos Ernesto Cano, quienes también se encuentran en el exilio, en Euskal Herria, por la persecución política que sufrieron de la mano del gobierno de su país, Guatemala: el gobierno de corte neofascista de Alejandro Giammattei.

Ixchíu y Cano se suman también a las pinceladas de lucidez que necesitamos recibir en los países del norte global, como en Euskal Herria, para salir del letargo que nos convierte en cómplices de todas las violaciones de derechos humanos que se perpetran, sistemáticamente, en contra de las comunidades, liderazgos, movimientos y voces que son críticas, que resisten y que defienden la vida en sus territorios. Lucía Ixchíu y Carlos Cano son fundadores del colectivo autogestivo Festivales Solidarios que trabaja desde el año 2013 la comunicación  y visibilización de la prisión política, defensa del territorio y memoria histórica. Este colectivo utiliza la comunicación estratégica y las acciones de recuperación del espacio público para visibilizar los tres ejes de trabajo que abordan en Guatemala y Latinoamérica.

En Guatemala el ejercicio del periodismo crítico e independiente resulta ser una de las causas más reales de persecución y muerte. Ixchíu, mujer indígena K’iche’, además de periodista, también es activista, artista, feminista indígena comunitaria, exiliada y perseguida política. “No puedo regresar a mi país por defender el sentido común, por hablar de las realidades y documentar las historias que los pueblos indígenas tenemos que vivir en Guatemala en una guerra que nunca acabó”.

Lo que sufren Ixchíu, Cano y todo el equipo que integra Festivales Solidarios tiene mucho en común con la situación que está atravesando actualmente Prensa Comunitaria, también de Guatemala. Prensa Comunitaria ha registrado hechos en contra de periodistas por el trabajo comunicacional realizado sobre la resistencia pacífica de las autoridades del Consejo Ancestral Q’eqchi’ y sobre la represión en contra del pueblo Q’eqchi’ por parte de las fuerzas estatales de Guatemala en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, ante la denuncia a las mineras y la protección a éstas por parte del estado guatemalteco.