El roto social causado por la pandemia está poniendo de manifiesto la inexistencia de una red última de seguridad para subsistir dignamente en un país donde, a principios de este año, 576.000 hogares (un millón de personas) subsisten como pueden sin ingresos estables. Para apoyar una renta mínima no hay que ser  podemita. 

Basta con ser europeo. El Pilar Social de la Unión Europea recoge el principio de un ingreso mínimo, entendido como «una prestación adecuada que garantice una vida digna durante todas las etapas de la vida, así como el acceso a bienes y servicios de capacitación a los que tiene derecho cualquier persona que no disponga de recursos suficientes».

Ciertamente, el Pilar Europeo no es de obligado cumplimiento, como sí lo es el Pacto de estabilidad (el marco de austeridad presupuestaria) ahora aflojado por los estragos de la pandemia. Algunos gobiernos (y partidos de la oposición) verán dicho pilar como las asignaturas que en tiempos políticamente incorrectos se conocían como marías, las materias facilonas, las poco importantes. Valga decir que así se consideraba también a los ministerios de Sanidad o de Educación que hoy constatamos, dicho sea con ironía, tan secundarios. Nadie está por tirar ni derrochar el dinero. Pero si nos fijamos solo en la eficiencia y la viabilidad, y no en las prioridades y los valores compartidos, coincidiremos en que lo más eficiente para una empresa sería que su plantilla trabajara en régimen de esclavitud. Menos mal que se inventó el Derecho.

Temporal o permanente

Hay dos opciones. Puede aprobarse una renta de cuarentena específica como plan de choque social inmediato para las personas que queden más desprotegidas a resultas de la pandemia del coronavirus, sin requisitos de acceso más allá de que quienes necesiten ayuda lo soliciten. Al fin y al cabo, Hacienda podrá ajustar cuentas el año próximo con quienes lo hubieran pedido sin necesitarlo. O bien, como segunda opción, puede concebirse una renta mínima permanente de diseño complejo y bien coordinado con las existentes en distintas comunidades autónomas, con un perfil de persona beneficiaria muy bien definido, lo que necesariamente necesita tiempo y finos mecanismos de control, no solo para que quienes no deban cobrar lo hagan, sino para que el dinero llegue a quienes se supone que va dirigido.

En el teatrillo político vivido esta semana, donde el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, han aireado en los medios su descoordinación, en puridad es probable que ambos lleven parte de razón. Desde la óptica de Iglesias, hay que actuar ya, aunque sea con la renta puente que se sacó de la chistera, porque hay personas que no pueden esperar unos meses. Necesitan ingresos. Y un Ejecutivo que se presenta como progresista no puede tolerarlo. Desde la óptica de Escrivá, las cosas tienen que hacerse bien, y si se necesita un esfuerzo preparatorio este vale tanto para una renta puente como para una estructural.

La ayuda llega a muy pocos 

La reflexión del ministro de Seguridad Social tiene mucho sentido a la luz de los datos que maneja la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en España. Resulta que en España únicamente un 7,6% de personas en situación de riesgo de pobreza perciben ayudas. ¡Un 7,6%! ¿Cómo es posible? Las asociaciones que trabajan con colectivos en situación de pobreza y riesgo de exclusión no se cansan de reclamar una mejora en los procedimientos de inclusión y de garantías de ingresos, en un país donde se gastan nada menos que 21.000 millones de euros al año en diferentes prestaciones no contributivas para hogares vulnerables (incluidas pensiones de orfandad y otras no contributivas).

El caso de las rentas mínimas de inserción (de corte y cuantías muy diversas) de las comunidades autónomas es un ejemplo de ineficiencia. Cada vez aumenta más el gasto global dedicado a ellas. En total, el gasto en rentas mínimas suma 1.519 millones de euros. Entre 2002 y 2018, se multiplicó por 6,06. El número de beneficiarios directos se multiplicó por 3,56 en el mismo periodo. Pero según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), este último año, 2018,  la tasa AROPE era de 26,1%. Se refiere al porcentaje de personas en riesgo de exclusión social y pobreza. En 2004, esa misma tasa era del 25%.

Pobreza enquistada

Así, el aumento del monto global de rentas mínimas es un espejismo, porque se desinfla «la extensión e intensidad», subraya EAPN. «Los sistemas complejos y fragmentarios no son eficaces». Requisitos distintos y cambiantes (en función de la capacidad presupuestaria) cada vez más exigentes, tiempos de espera, cuantías insuficientes, políticas activas de empleo de risa, paro de larga duración enquistado y abocado a la desprotección, precarización del mercado laboral, incompatibilidades entre prestaciones estatales y autonómicas y con empleos… auténticas trampas de pobreza. Este es el panorama, lleno de agujeros negros para los más vulnerables.

Quien sienta la tentación de pensar que las rentas mínimas desincentivan el empleo harían bien en buscar los datos de los lugares donde es mayor la cobertura de las ayudas. Resulta que son las que registran menores niveles de paro. País Vasco y Navarra. Pero aun así, el sistema no funciona. La pobreza sigue enquistada. La tasa AROPE en Euskadi varió poco: del 13,9% en 2008 pasó al 14,5% en 2017, según el informe FOESSA 2019. En Cataluña, la celebrada renta garantizada de ciudadanía puesta en marcha hace tres años con gran algarabía y consenso para reemplazar a la renta mínima de inserción para acabar con la pobreza llega a menos gente que la ayuda anterior, según reconoció hace unos meses el propio Govern.

El coste depende del diseño, de los requisitos. Los beneficiarios, también. Si se trata de una medida para ponerse una medalla social, de poco servirá. No sabemos si se impondrá la que tiene en la cabeza José Luis Escrivá o la que explicó Pablo Iglesias (550 euros para personas con ingresos de hasta 200 euros mensuales), y hasta 950 en función de los hijos. Sí que se beneficiarán de ella un millón de hogares (3 millones de personas), de los cuales 100.000 son monoparentales, y que no chocará (tampoco duplicará) las de las autonomías.

De ello se deduce que la ayuda del Gobierno Sánchez se encamina a las situaciones de pobreza severa. En España hay 2,8 millones de personas que ganan menos de  4.489 euros al año. Representan el 7% de la población, el doble que la media europea (3,5%). Cuando la Autoridad Fiscal (Airef) que presidía el propio ministro Escrivá propuso una renta mínima en este sentido cifró su coste en 3.500 millones de euros. Era mucho menos que la horquilla de entre 7.200 a 9.800 millones de euros en los que se estimó el coste de la iniciativa propuesta por los sindicatos CCOO y UGT, que ponía en el foco no tanto el nivel de renta sino la casuística de las personas en paro de larga duración.

El coste de la medida depende del diseño. Pero en uno u otro caso, la lógica es repartir miseria entre los pobres. La lógica que se sigue es la de que 400 o 500 euros son mejores que nada. Igual que con los empleos miserables, inestables y mal pagados. Son mejor que nada. Ligar las ayudas a los itinerarios de inserción laboral (como va a hacer la renta que prepara el Gobierno, en línea con el principio 14 del Pilar Social Europeo) es loable, pero solo si las políticas activas de empleo y los servicios públicos correspondientes se rearman hasta los dientes, tras haber sido diezmados. Y aun así, la precarización, la polarización y la automatización del mercado laboral están ahí. Son circunstancias nuevas que abren la puerta a un desplazamiento del rol central que ha tenido el empleo (que no el trabajo no remunerado) en la existencia de las personas. Con un mínimo de dinero en el bolsillo, el poder de negociar salarios mejora. La autonomía individual, también.

Es una lástima que el Gobierno haya renunciado (eso en el caso de Unidas Podemos, porque el PSOE no lo contempló nunca) a examinar la idea de una Renta Básica Universal (RBU) como un derecho de toda la ciudadanía, igual que el acceso a la sanidad y a la educación, sin importar el sexo, la edad, la situación laboral o la riqueza.

Renta Básica Universal 

El Banco Mundial ha difundido recientemente un informe interesante al respecto (Exploring the Universal Basic Income). No se pronuncia totalmente a favor ni totalmente en contra, sino que ayuda mucho a clarificar sus ventajas y desventajas y, sobre todo, a comprender su lógica. Porque la confusión impide un debate en profundidad. Y hay mucha. Recientemente, en un artículo en el diario El País, el vicepresidente económico de la Generalitat, Pere Aragonés, se pronunció a favor de una RBU de choque, financiada por el Banco Central Europeo (BCE), argumentando por qué dejó de lado sus dudas a resultas del confinamiento. Y a la vez, esta semana el president Quim Torra, al ser preguntado por la prensa sobre la renta mínima anunciada por el Gobierno, sugirió que se alegraba de que coincidiera con las ideas de la Generalitat.

En España existen propuestas serias sobre cómo aplicar una Renta Básica Universal, aparejadas con una reforma fiscal para que quien más tenga arrime más el hombro y una mayoría de contribuyentes salga ganando. El servicio de estudios del BBVA reconoció que podía ser muy positivo para erradicar la pobreza pero calculó en casi 188.000 millones de euros el coste, que consideró inasumible, por equivaler a un 17,5% del PIB. En este cálculo no tuvo en cuenta el incremento de recaudación asociada a la reforma fiscal propuesta. El coste calculado por los promotores de la RBU (los economistas Raventós, Arcarons y Torrens) es de 34.000 millones, un 3.4% del PIB. Si tenemos en cuenta el desfase del gasto en protección social de España frente a la media de la UE, no parece precisamente inasumible. Cuestión de prioridades.

Pero si no les gusta la Renta Básica Universal permanente(¡al Papa Francisco, sí!), al menos puede contemplarse como solución temporal, de unos meses, sin tiempo para chequeos.  Según cálculos del economista Jordi Arcarons, con gravar con un 10% al 10% de la población más rica ya salen 84.000 millones de euros anuales. Dinero, hay. Eso, sin husmear en ningún paraíso fiscal.